Desde hace una semana, cuando en el programa 6AM W el periodista Daniel Coronell reveló la fotografía del debut actoral del presidente Gustavo Petro, vestido con disfraz independentista junto al ganador del Óscar Cuba Gooding Jr. y el actor colombiano Luis Velasco, tomada durante el rodaje de la cinta, las dudas sobre la decisión de cofinanciar este proyecto, que es de una productora privada, sin convocatoria pública de por medio y sobre la aparición del mandatario no han dejado de sonar.
Sin embargo, para el sector audiovisual y cinematográfico colombiano, la noticia de la coproducción fue el florero de Llorente, luego de que en los últimos años se viniera denunciando, durante el gobierno de turno, el declive e incluso la desaparición de algunos de los fondos e incentivos públicos más importantes para financiar películas y series nacionales.
La gota que rebosó la copa
La decisión del Gobierno de financiar Padilla: el ángel de la libertad, una biopic que narrará la vida del almirante José Prudencio Padilla, el gran estratega naval que hizo parte de las campañas de independencia lideradas por Simón Bolívar, encendió una nueva polémica en el sector audiovisual colombiano, que desde hace meses viene denunciando el deterioro y hasta la desaparición de algunos de los fondos e incentivos públicos más importantes para financiar películas y series nacionales.
La controversia se desató porque la película recibió recursos públicos sin haber pasado por una convocatoria abierta. En total, el Gobierno aportó el 51 % de los $15.891’027.451 que cuesta la producción, es decir $8.104’424.000, mientras que Valencia Producciones FX puso $7.786’603.451, equivalentes al 49 % restante, como aparece en el contrato al que accedió EL COLOMBIANO.
Esa multimillonaria suma –que equivale a 2,16 millones de dólares– fue asignada de manera directa, sin que Padilla hubiera competido junto a otros proyectos en una convocatoria, como comúnmente el gobierno, por medio de carteras como MinTIC, entrega recursos cada año.
EL COLOMBIANO conoció un derecho de petición radicado esta semana en el que 387 profesionales y 17 organizaciones del sector le exigen respuestas a la ministra, Carina Murcia Yela, sobre los criterios que se utilizaron para financiar Padilla y también sobre la desaparición y el futuro de dos convocatorias públicas.
“Acá la discusión no es legal. La discusión es sobre política pública. Estamos hablando de un gobierno elegido con la promesa de democratizar los recursos del cine, cuyo plan de desarrollo dice que va a fortalecer el sector y llevarlo a los territorios”, le explicó a este diario Victoria Solano, periodista y documentalista que ha denunciado públicamente las presuntas irregularidades alrededor de la decisión del gobierno de financiar esta película, que se estrenará el 24 de julio de 2026.
Hace más de una década, RTVC creó el Mercado de Coproducción Señal Colombia, una iniciativa a la que se presentaban propuestas de creadores audiovisuales interesados en coproducir un proyecto con el Sistema de Medios Públicos. En caso de que la propuesta cumpliera con los requisitos estipulados, el canal podía aportar entre el 10 % y el 60 % del valor de cada proyecto, mientras que los participantes daban entre el 90 % y el 40 %, de acuerdo con su capacidad económica.
Este programa se convirtió en uno de los más importantes en Colombia para que los directores que no contaban con dinero suficiente para sus proyectos pudieran hacerlos realidad. Solo para tener una idea, de acuerdo con cifras de RTVC, entre 2011 y 2019 el sistema invirtió 13,9 millones de dólares en 113 series de televisión, 47 documentales y dos documentales interactivos, de productores nacionales e internacionales.
Por ejemplo, una de esas grandes coproducciones que se hizo bajo ese modelo fue la serie Frailejón Ernesto Pérez, de Piragna Studios, que tuvo dos temporadas en 2022 y 2023 con el Mercado. Como explicó en septiembre de 2025 a medios como Revista Cambio y W Radio Melissa Mejía, gerente de la marca Frailejón, uno de los motivos por los que tuvieron que transformar sus mecanismos de financiamiento y producción fue por la desaparición del Mercado de Coproducción.
2023 fue el último año en que se abrió la convocatoria sin explicar por qué esta desapareció. “En la gestión de tres años de esta gerencia, la producción audiovisual de RTVC se ha concentrado mayoritariamente en conciertos, el noticiero, programas de opinión y adquisiciones internacionales. En el 2025, el sector audiovisual envió dos derechos de petición a la gerencia de RTVC solicitando un diálogo que diera solución a las afectaciones que estas nuevas políticas de la entidad trajeron al sector, pero no hubo disposición de parte de la gerencia para atender nuestro llamado”, dice el derecho de petición enviado al ministerio.
Por otra parte, a finales de febrero, una carta firmada por 500 miembros del gremio fue enviada al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia para pedir soluciones ante las dificultades en los trámites de expedición de la Resolución de Reconocimiento de Proyecto y de Obra Cinematográfica Nacional y de los Certificados de Inversión y Donación Cinematográfica (CIC).
Estos documentos son clave para la industria: el primero certifica que una película es colombiana y le permite acceder a beneficios e incentivos del sector, mientras que los CIC se entregan a quienes invierten o donan dinero a un proyecto audiovisual y les permiten obtener descuentos o beneficios tributarios.
“En los veintitrés años transcurridos desde la expedición de la Ley 814 de 2003 no se habían presentado demoras y obstáculos tan persistentes y sistemáticos como los que hoy enfrenta el sector”, dice la carta, en la que se detalla las limitaciones estructurales que hoy tiene el sistema.
Andrés Jaramillo, abogado especialista en derechos de autor, explica que esto se debe, principalmente, a dos motivos: primero, la estructura misma de la norma obliga al funcionario a hacer una revisión y una viabilidad técnica, financiera y de la obra que, en muchos casos, no tiene ni la capacidad ni el conocimiento para realizar. Además, eso le genera una carga administrativa grande. Por otro lado, como el sector está en crecimiento, ya que cada vez se están exportando más producciones. Entonces los funcionarios tienen que evaluar un mayor número de propuestas. Todo eso ha llevado a que el sistema colapse.
Según la norma, la Resolución de Proyecto Nacional debe expedirse en 20 días hábiles, pero se han registrado demoras de hasta 20 días más, y con correcciones o solicitudes de aclaración el trámite ha llegado a tardar, en algunos casos, más de un año. Luego del envío de la carta, productores del sector se reunieron con la ministra, Yannai Kadamani Fonrodona, quien hizo múltiples propuestas que se esperan que Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos lleve a cabo próximamente.
Otra de las convocatorias que se ha marchitado durante el gobierno Petro es Abre Cámara, que ofrece estímulos económicos para la producción de contenidos audiovisuales con enfoques diferenciales y territoriales en todas sus etapas.
En 2025, el MinTIC abrió la convocatoria para financiar 63 producciones con un presupuesto de $14.000’000.000. Sin embargo, en noviembre, los ganadores de los estímulos denunciaron que tenían retrasos en los pagos y que habían incumplido las condiciones de los desembolsos, lo que afectaba la realización de los proyectos y también el pago a los trabajadores de estos. Desde el inicio, las bases de la convocatoria tenían un modelo de desembolsos distribuido en tres pagos correspondientes al 40 %, 30 % y 30 % del valor total del estímulo, teniendo en cuenta las etapas de preproducción, producción y postproducción de las producciones audiovisuales según cada formato.
Ahí fue cuando el 9 de diciembre, el MinTIC expidió la resolución 00485 explicando que “la ejecución material de los desembolsos se ha visto afectada por la falta de liquidez presentada por el Gobierno Nacional durante el año 2025, lo que ha impedido el pago oportuno a los ganadores de los recursos comprometidos” y tomando la decisión de extender el plazo de ejecución de los proyectos hasta el 31 de marzo de 2026 para tener más tiempo para realizar el tercer y último giro, ya que después se registró que aquellos que estaban pendientes por recibir el primero y el segundo lo hicieron a finales de diciembre.
Pero cuatro días antes de informar ese cambio, el 5 de diciembre, RTVC le asignó de manera directa $8.104.424.000 para la realización de Padilla: el ángel de la libertad. El sector audiovisual está pidiendo respuestas por la entrega de recursos que han calificado como desmedida. Si uno hace el paralelo puede encontrar que, por ejemplo, este año el MinTIC repartirá $15.300.000.000 entre 65 proyectos con su proyecto Abre cámara, mientras que a uno solo, el Sistema de Medios le dio el 52 % del presupuesto de lo que se invertirá en esa convocatoria, que de 2024 a 2026 redujo en un 55 % la inversión a las producciones presentadas.
La sombra sobre la película
Las dudas y críticas también se deben a la elección del protagonista, Cuba Gooding Jr., quien desde 2019 ha sido acusado por más de 20 mujeres por acoso y abuso sexual. En abril de 2022, el actor fue encontrado culpable de un delito de acoso menor, y más tarde ese mismo año fue que por primera vez viajó a Colombia, donde estuvo en Barranquilla, Cartagena y Medellín, haciendo negocios y reuniéndose con personas de la industria audiovisual.
Tres años después, luego de que en 2023 el actor hiciera un acuerdo extrajudicial por una acusación de violación, regresó a Colombia para participar en Smartfilms, el festival de cine con celular que también es una iniciativa de Yesenia Valencia, representante legal de la productora que está haciendo Padilla. Fue ahí que Gooding conoció y se interesó por el proyecto dirigido por Andrés Valencia y Mauricio Navas Talero, quien también es el guionista y hermano del excongresista del Polo, Germán Navas Talero.
Otra de las denuncias que rodean la cinta tiene que ver con presuntas irregularidades laborales con algunos miembros del equipo técnico de Padilla. Según la carta enviada al MinTIC, varios habrían sido vinculados mediante contratos de prestación de servicios para encubrir relaciones laborales, lo que habría evitado el pago de prestaciones sociales, seguridad social y recargos por horas extras, nocturnos y festivos. Además, el documento señala que algunos trabajadores fueron despedidos tras liderar una protesta por retrasos en los pagos.
EL COLOMBIANO habló con Yesenia Valencia, quien aseguró que esta película “no es un encargo del presidente ni de ningún gobierno. Es una iniciativa cultural e histórica que nació desde nuestra empresa con la intención de contar la vida de un personaje que tuvo un papel determinante en la independencia del país y cuya historia no ha sido contada en Colombia”.
Lea también: ¿Quién fue el almirante José Prudencio Padilla y por qué es polémica en el gobierno Petro?
En cuanto a las denuncias sobre los supuestos incumplimientos a miembros del equipo de producción, aseguró que “hasta el momento no hemos recibido notificación formal de ninguna autoridad competente”. También se refirió a la elección del protagonista que cuenta con antecedentes de delitos sexuales: “Como productora, nuestro enfoque se ha centrado en su trayectoria profesional y en el aporte artístico y de proyección que puede hacer al proyecto, así como en la experiencia de trabajo que hemos tenido con él durante el rodaje, donde su comportamiento ha sido completamente profesional y respetuoso con todo el equipo”.
Y sobre las críticas acerca de la asignación directa de los aportes realizados por RTVC, Valencia afirma que “en Colombia existen distintos mecanismos de apoyo al sector audiovisual y no todos funcionan a través de convocatorias públicas [...] Más allá del debate sobre los presupuestos, también creo que es importante que Colombia empiece a perderle el miedo a las grandes producciones cinematográficas. Los proyectos históricos o de gran escala requieren inversiones importantes si queremos que puedan competir internacionalmente”.
Mientras tanto, en el sector audiovisual persiste la expectativa por respuestas del Gobierno. Diversos realizadores y organizaciones del gremio han insistido en que el debate no se limita a una sola película, sino al futuro de los mecanismos de apoyo que permiten financiar sus proyectos. En un país donde gran parte de las producciones nacionales dependen de convocatorias públicas y estímulos para salir adelante, la preocupación gira alrededor de la continuidad y el fortalecimiento de esos instrumentos, especialmente en un gobierno que al inicio de su mandato prometió que la cultura y todas sus expresiones serían protagonistas.
Regístrate al newsletter