El rastro de Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa siendo motivo de preocupación para el Gobierno Nacional. A pesar de su salida del cargo hace casi un año, sus decisiones siguen teniendo impacto en la agenda actual.
En las últimas horas, salieron a la luz detalles de un millonario acuerdo entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, con el propósito de evitar bloqueos y ocupaciones en 10 puntos estratégicos, incluida la planta de gas de Gibraltar, en Norte de Santander.
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El documento, firmado durante una reunión el pasado 1 de diciembre en Saravena, Arauca, compromete el pago de más de 12 mil millones de pesos por conceptos de órdenes de proveeduría por horas de maquinaria amarilla, a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con plazo hasta el 16 de diciembre.
El acuerdo lleva las firmas de Gabriel Rondón, viceministro del Interior; Adwar Casallas, viceministro encargado de Minas; Geidy Ortega Trujillo, viceministra de Agricultura; y César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural.
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Estas órdenes de proveeduría, sin embargo, fueron autorizadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, actualmente preso por corrupción. Por eso, la actual dirección de la entidad decidió fiscalizar minuciosamente el desembolso de los recursos y el cumplimiento de lo pactado, dado que los compromisos se firmaron bajo la presunción de legalidad. Desde la entidad advirtieron que: “Si no subsanan y se verifica que no cumplieron, no se paga”.
