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Juez negó principio de oportunidad a patrullera implicada en chuzadas a Marelbys Meza

La patrullera de la Policía se había comprometido a declarar contra otros de los involucrados en el caso y a reparar integralmente el daño causado.

  • Marelbys Meza, exniñera de la canciller, Laura Sarabia. Foto: El Colombiano y cortesía
    Marelbys Meza, exniñera de la canciller, Laura Sarabia. Foto: El Colombiano y cortesía
05 de marzo de 2025
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Argumentando que se trató de un hecho grave y que existe riesgo de reiteración, un juez de la República decidió no avalar el principio de oportunidad al que había llegado con la Fiscalía, la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales, involucrada en la investigación por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.

En la negociación, la expatrullera se había comprometió a ser testigo clave en varios procesos de este escándalo. Por ejemplo, sería testigo en contra del intendente Alfonso Quinchanegua y el capitán de la Sijin Óscar Alejandro Mojica, señalados de alterar documentos oficiales para “legalizar” las interceptaciones a Meza. A cambio, la patrullera recibiría inmunidad parcial.

Para rechazar el principio de oportunidad, además de alegar que se trataba de hechos graves, el juzgado explicó que existieron fallas en la argumentación. “Se echa de menos en la argumentación de la Fiscalía General lo alusivo al test de proporcionalidad”.

Sobre su participación en los hechos ilegales, el expediente indica que el intendente Alfonso Quinchanegua envió un correo a la patrullera con la información que debía consignar en el formato de fuentes no formales. A Meza, la incluyeron en un listado con los abonados telefónicos de peligrosos delincuentes, lograron con esto que la Fiscalía aprobara la interceptación de los teléfonos.

Entérese: Fiscalía de la Justicia Penal Militar inspecciona Casa de Nariño en investigación por polígrafo a Marelbys Meza

La Fiscalía estableció que los uniformados indujeron en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.

La expatrullera buscaba obtener beneficios por el delito de violación ilícita de las comunicaciones. Desde que fue vinculada a la investigación aceptó su responsabilidad. Con solo dos años de experiencia en la institución, aseguró que había seguido órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, creyendo que estaba realizando un trabajo honesto y conforme a la ley.

“En mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia, recibí órdenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas”, dijo durante la audiencia donde aceptó cargos.

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