La Registraduría adjudicó a una unión liderada por Thomas Greg el contrato por $2,1 billones para organizar la logística electoral, pese a las críticas del presidente Petro.
Si bien el presidente Gustavo Petro arreció en sus cuestionamientos e incluso llegó a decir que desconfiaba de la transparencia de las elecciones del 2026, ayer la Registraduría Nacional –tras un proceso que contó con la lupa de los organismos de control y observación independiente–, adjudicó el millonario contrato por $2,1 billones para garantizar la logística electoral de los comicios del próximo año.
La elegida fue una unión temporal en la que tiene participación la célebre firma Thomas Greg & Sons que, pese a los señalamientos y críticas del primer mandatario, ha resultado ganadora al menos desde 2010 en procesos de contratación pública para celebrar las elecciones. Se trata de comicios en los que el propio Petro no solo ha sido elegido alcalde y congresista, sino también jefe de Estado.
De allí que su intento por desprestigiar este proceso con miras a 2026 sea una “estrategia electoral”, como lo calificó Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia.
Aun cuando el hoy presidente llegó a la Casa de Nariño bajo la logística electoral en la que ha tenido participación Thomas Greg, Petro no ha escatimado esfuerzos para criticar a la firma, reclamando, entre otras, una supuesta injerencia en las elecciones. “La toma de Thomas Greg & Sons de los procesos electorales es el mayor peligro para la democracia”, dijo en 2024.
El mandatario ha acusado a la compañía de controlar “por completo las elecciones” y hasta de poder “hacer un fraude monumental”. Ayer negó que quiera aplazar las elecciones, pero alegó que “traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia, pone en riesgo, por completo, la transparencia”.
A través de la modalidad de contratación conocida como selección abreviada, que permite simplificar los procesos para garantizar la eficiencia de la gestión contractual, la Registraduría que dirige Hernán Penagos adjudicó a la unión temporal el millonario contrato. Su labor será titánica.
La unión de empresas deberá brindar apoyo logístico, tecnológico, informático y de servicios para la organización y realización de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. A ello se suma la logística necesaria para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud en octubre próximo.
Si bien la Registraduría confirmó que 10 posibles oferentes manifestaron su interés de participar en el proceso de selección, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (con participación de Thomas Greg) fue la única que presentó la propuesta dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.
Esa unión temporal está conformada por Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey), con el 59,9 % de participación; Thomas Greg & Sons de Colombia (11 %), Thomas Processing & Systems (8,3 %), Grupo ASD (7 %), Thomas Greg Express (5 %), Colombia Telecomunicaciones - Telefónica (3,6 %), Operadora Opesa (2,9 %), Securid (1 %) y la Compañía Colombiana de Seguridad Transbank (1 %).
“La propuesta de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 fue sometida a un estricto proceso de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y la acreditación de los factores ponderables, establecidos en los estudios previos y el pliego de condiciones de la convocatoria”, señaló la Registraduría.
De hecho, uno de los factores que tuvo en cuenta la Registraduría fue la propuesta económica. Si bien el organismo electoral calculaba que la logística demandaba recursos por alrededor de $2,135 billones, la unión temporal presentó una oferta para cubrir todos los servicios por $2,124 billones.
Por ello, como constató este diario, la Registraduría le otorgó 25 puntos de los 100 que se requerían a lo largo del proceso. Los restantes, en los que también se impuso la unión temporal, eran la evaluación técnica (59) y la participación de industria nacional (15), entre otras.
Tras hacerse al millonario contrato, ahora recae en brazos de la unión temporal preparar toda la logística del proceso. Son en total 13 tareas que deberá poner en marcha para garantizar los comicios.
En primer lugar, deberá ofrecer una plataforma para permitir el registro de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco. A ello se suma, en un segundo momento, otra plataforma para la inscripción de candidatos tanto al Congreso como a la Presidencia, así como a los Consejos de Juventud.
“(Se) deberá garantizar la alta disponibilidad de la plataforma, ser escalable y asegurar la trazabilidad, confidencialidad e integridad de la información”, determinó la Registraduría.
En tercer lugar, la unión temporal deberá ofrecer infraestructura tecnológica para conformar la base de datos de los ciudadanos que podrán prestar su servicio como jurados de votación permitiendo, entre otras, controlar la asistencia a las capacitaciones y el día de las elecciones o los reemplazos realizados.
Otra de las tareas es el suministro, transporte e infraestructura para los kits electorales –incluidos los tarjetones de votación– a lo largo del país, garantizando su elaboración, custodia y entrega.
Una quinta responsabilidad será la creación de un sitio web –conocido como Infovotantes–, en los que los ciudadanos puedan consultar su lugar de votación, si son jurados de votación, candidatos y listas de candidatos, tarjetas Electorales, fechas importantes y preguntas frecuentes.
En materia de biometría, el contrato establece que se deberá implementar una plataforma tecnológica que cumpla con altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad para la autenticación biométrica de los electores y jurados de votación. Es decir, la verificación de identidad a través de características como las huellas dactilares o el reconocimiento facial.
En séptimo lugar, la unión temporal deberá poner en marcha un sistema de operación logístico para el control y monitoreo de los puestos de votación buscando hacer el seguimiento y control del funcionamiento de los sitios donde la ciudadanía ejerce su derecho a sufragar.
A ello se suma el procesamiento electrónico de datos electorales a través del preconteo y su posterior comunicación en plataformas confiables y seguras. En esa línea, se deberán ofrecer soluciones tecnológicas para el escrutinio, de cara a verificar y consolidar los resultados de las votaciones.
La décima de las tareas será la recolección de las actas de escrutinio, sumado a su digitalización y publicación en la web. Por otro lado, una herramienta para digitalizar las actas de instalación y registro general de votantes de cada una de las mesas de votación.
Las últimas dos responsabilidad serán proveer toda la infraestructura y canales de comunicación que conforman cada una de las plataformas electorales y garantizar mesas de ayuda en las que –de la mano de la tecnología, infraestructura y recurso humano– se gestionen toda suerte de incidentes y solicitudes alrededor de los comicios.
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