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Además de su combo, Supersalud se llenó de caos con llegada de Daniel Quintero

En el mes que lleva el exalcalde de Medellín en esa entidad nombró en altos cargos a excolaboradores con líos. “No tienen ni idea de salud”, dicen fuentes sobre ellos. Este diario investigó nuevos problemas en la Superintendencia.

  • Daniel Quintero llegó a la Superintendencia de Salud dos meses después de participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida en marzo. FOTO EL COLOMBIANO
    Daniel Quintero llegó a la Superintendencia de Salud dos meses después de participar en la consulta interpartidista del Frente por la Vida en marzo. FOTO EL COLOMBIANO
  • El nombramiento de Quintero en la Superintendencia de Salud se hizo oficial mediante el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026. FOTO: COLPRENSA.
    El nombramiento de Quintero en la Superintendencia de Salud se hizo oficial mediante el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026. FOTO: COLPRENSA.
hace 2 horas
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La tarea de Daniel Quintero Calle en la Superintendencia de Salud le quedó dibujada al país en voz del delegado de Protección al Usuario de esa entidad, Juan David Duque.

“La instrucción (...) ha sido clara: los medicamentos se entregan y no hay razón para que no se los entregue a cada uno de ustedes. Estamos haciendo inspecciones en 25 departamentos en este momento”, dijo el funcionario durante una visita sorpresa a una oficina del gestor farmacéutico Cruz Verde en Santa Marta (Magdalena).

Quedó dibujada no por la instrucción que menciona —impartida por el presidente Gustavo Petro y Quintero—, sino por las visitas que están haciendo en distintas zonas del país en el último mes, en la previa a la primera vuelta presidencial.

EL COLOMBIANO conoció por cuatro fuentes distintas que la llegada del exalcalde de Medellín a esa entidad trajo consigo preocupación y angustia a la gente que trabaja allí; dicen que lo nombraron para apretar a los actores del sistema de salud que vigila y para que muestre gestión frente a la crisis (producto principalmente por las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno Petro).

Parece que es más bien para hacer política en las regiones y manejar un presupuesto billonario. Quintero puso en marcha el “Plan 100” para hacer ese número de visitas en 25 departamentos (los que mencionó Duque), según él, para hacer frente al supuesto “acaparamiento” y las barreras de acceso a medicamentos.

¿Viajes para la campaña?

Una fuente de alto nivel de la Supersalud cuenta que el objetivo de esas visitas que están haciendo tiene dos objetivos. El primero es mostrar que el Gobierno, por medio de la entidad, está moviéndose para destrabar la acumulación de petición, quejas y reclamos (PQR) —que en noviembre pasado mudó de 322,03 a 420,83 por cada 10.000 afiliados— y así aflojar uno de los puntos débiles del Gobierno que pudiera afectar la campaña del senador Iván Cepeda. Por eso, está presionando a gestores farmacéuticos (encargados de dispensar los medicamentos) con las visitas sorpresas, así como a las entidades promotoras de salud (EPS), que ha sido la línea del presidente para abajo.

Y el segundo es hacer un chequeo de la campaña presidencial. De esa manera, le han medido la temperatura al panorama político y electoral, a manera de reporte con esas visitas, que en las últimas semanas se concentraron en la Costa: Santa Marta, Cartagena y Barranquilla (en las dos últimas hizo presencia Quintero).

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De hecho, esas últimas dos ciudades, según esa misma persona, los dejaron preocupados por el auge de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Según los reportes de prensa que ha entregado la SuperSalud, desde que Daniel Quintero lanzó el “Plan 100” también hizo visitas en Bogotá encabezada por él.

En todas, los balances que entrega el superintendente apunta a reforzar el discurso del Gobierno de Petro y que ha sido replicado por los antecesores de Quintero y por el ministro del ramo, Guillermo Jaramillo: que los gestores están acaparando los medicamentos, que no los están entregando a pesar de tenerlos y que hay un saboteo para generar un desabastecimiento.

Este diario ha explicado que esa tesis se cae de su peso por los hechos, que son tozudos: la insuficiencia de la plata para el sistema de salud que gira el Estado (la unidad de pago por capitación, UPC) y la desconfianza que reina en el sector.

Lo primero fue ratificado y juzgado por la Corte Constitucional desde que dijo, en un auto, que era insuficiente desde 2024; por lo cual, ordenó al Minsalud hacer una mesa técnica para ajustarla: un proceso que terminó sin que este se diera y, en consecuencia, con un proceso de desacato en contra del ministro Jaramillo.

En términos prácticos y según han explicado expertos a este medio, el problema con los medicamentos radica en que las EPS usan la UPC para pagarles a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que son hospitales y clínicas, y también a los gestores farmacéuticos. Cuando ese flujo de dinero se rompe o se queda corta para abarcar la demanda de servicios (por la insuficiencia), toda la cadena se detiene; es decir, si no les alcanza el dinero, cada vez se hará más demorada la entrega de medicamentos.

Lo anterior termina en que si las aseguradoras no están al día con pagos y deudas, los gestores no despachan medicamentos a los puntos de dispensación. No por un saboteo, como lo ha sugerido el Gobierno, sino por una cuestión lógica: ante el incremento y acumulación de deudas, la confianza entre actores del sistema está quebrada y eso de “fiar” no es una opción.

La Supersalud firmó el 20 de mayo pasado un contrato por $3.667 millones para el suministro de tiquetes de transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales y para el desplazamiento de los funcionarios y colaboradores de la entidad, según información que reposa en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

El combo que angustia

Otras dos fuentes que hablaron con este medio advierten la poca experiencia que tienen en el sector salud las personas que Quintero ha llevado a la Superintendencia de Salud como sus coequiperos.

El representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero (Centro Democrático) denunció a principios de mayo que el superintendente modificó el manual de funciones de la entidad para contratar a un arquitecto como asesor de su despacho por un salarios de $14 millones al mes.

Quintero no se quedó ahí. Posteriormente, nombró en la institución a cuatro exfuncionarios cuestionados de su paso por la Alcaldía de Medellín. Se trata del antes mencionado Juan David Duque y de Jhonatan Estiven Villada, Esteban Restrepo y Sergio Andrés López Muñoz (el arquitecto por el que cambió el manual).

Duque, como se mencionó, es delegado de Protección al Usuario; Villada, miembro del despacho del delegado para entidades de aseguramiento en salud; Restrepo, secretario general, y López, asesor.

Todos tienen cuestionamientos a cuestas. Villada fue nombrado como miembro de la junta directiva del Hospital General de Medellín, en donde hizo cambios en su manual de contratación, secretario general de la Alcaldía de Quintero y líder de procesos jurídicos en Empresas Públicas de Medellín (EPM), en donde ejercía también como gerente encargado. Después de 2023 pasó por la Aeronáutica Civil (pese a no tener experiencia en ese sector) y luego pasó por la empresa de energía ISA.

Restrepo figura como indiciado en cuatro investigaciones penales por los delitos de injuria y calumnia y de peculado por aplicación oficial diferente. En su paso por el Distrito, Restrepo fue señalado de, presuntamente, aprovecharse de los vehículos oficiales de la Alcaldía para uso personal y de su familia. También fue señalado de ejercer posibles presiones en varias entidades para ubicar allegados al exalcalde.

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López, entre tanto, fue secretario de Planeación de Quintero y por ocupar en ese cargo es uno de los exfuncionarios que actualmente están afrontando un juicio por el escándalo del lote de Aguas Vivas, que tiene al hoy superintendente contra las cuerdas.

Finalmente, Duque tiene cuestionamientos por su papel en el escándalo de la caja menor de la Alcaldía, en el que un fondo de urgencias y gastos asociados al cumplimiento de las funciones del despacho del alcalde habría terminado usado para costear cenas de lujo en restaurantes exclusivos. De hecho, fue el primer funcionario en ser declarado insubsistente por el Concejo de la capital de Antioquia.

“Aparte de que llevó asesores sin perfil y sin experiencia en el sector, no ha hecho sino repetir lo que se ha implementado hace mucho tiempo con la entrega de medicamentos, pero no ha sacado algo nuevo”, menciona una de las fuentes.

La misma persona cuenta que es tal el desconocimiento de Quintero en salud, que en una reunión habría tenido una discusión con la agente de una de las EPS actualmente intervenidas. “No tiene ni idea de lo que habla”, subrayó.

La otra fuente relató que, además del cambio en los perfiles directivos, varios asuntos en los que venía trabajando esa institución “están quietos” en este momento por las elecciones, como las liquidaciones y fusión de EPS. “Igual son planes que al interior se proyectan a futuro”, dice.

Es tal el caos por la falta de experiencia que EL COLOMBIANO conoció el caso de una funcionaria, que estuvo 10 años vinculada en la SuperSalud, a la que le volvieron a ofrecer un cargo porque, presuntamente, Juan David Duque “no iba a aprender el proceso para responder al de manejo de las PQR”. Dar esas respuestas es parte de las funciones esenciales que tiene el despacho del delegado para la Protección al Usuario.

“Lo que tiene ardida a la gente al interior de la superintendencia es que estos personajes llegaron y han mostrado falta de conocimiento, desinterés y, en realidad, no saben nada”, sostuvo una persona que conoció ese caso.

El nombramiento de Quintero en la Superintendencia de Salud se hizo oficial mediante el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026. FOTO: COLPRENSA.
El nombramiento de Quintero en la Superintendencia de Salud se hizo oficial mediante el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026. FOTO: COLPRENSA.

Quintero Calle enfrenta un juicio por los delitos de peculado por apropiación (robar recursos públicos) y prevaricato por acción (emitir una decisión ilegal). Hoy en día, la SuperSalud podría interferir en el manejo de entre $4 billones y $5 billones al mes por concepto de UPC que le dan a las EPS intervenidas.

Sobre esto, el exministro Alejandro Gaviria explica a este diario que esos recursos los “maneja con autonomía el agente interventor en medio de una comunicación con quien sea el superintendente, aunque puede haber interferencia en decisiones sobre a quiénes se le paga, cuáles contratos se firman, qué tarifas usa y a quiénes les da liquidez”.

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“Aunque deberían ser decisiones autónomas, son vulnerables a la corrupción y un superintendente se puede meter si no respeta eso”, puntualizó.

¿Y la relación Quintero–Cepeda?

Aunque genere resistencia en algunos sectores del petrismo, Daniel Quintero es una ficha clave en el ajedrez político de ese sector en Antioquia, en donde lo tuvieron como un alcalde aliado (tanto así que estuvo suspendido por participación en política por decir “el cambio en primera” en 2022) y en donde el Pacto Histórico obtuvo la segunda votación más alta en las últimas elecciones legislativas de marzo.

La cercanía del superintendente con Petro radica ahí y, en misma medida, porque es su alfil contra sectores empresariales de Antioquia, a quienes el presidente graduó de enemigos. No en vano hizo parte de la consulta del petrismo en octubre de 2025 junto a Iván Cepeda y a la exministra y senadora electa Carolina Corcho.

Sin embargo, los líos judiciales del exalcalde le pueden representar un costo político, que igual el mandatario asume consciente de su teflón y alta aprobación. Aún así, su continuidad en la Superintendencia de Salud es una incógnita, en el caso de que Cepeda resulte elegido presidente.

De las cuatro fuentes que hablaron para este informe, tres afirman que el futuro de Quintero es la salida, en razón a una posible distancia con Corcho —que es influyente en las instituciones de salud del Gobierno— y con el candidato presidencial del Pacto.

Sin embargo, la otra persona (que relató los movimientos en torno a la campaña presidencial) sostiene lo contrario, basado en las conversaciones que ha escuchado en presencia del presidente Petro. Según eso, el respeto y la afinidad de Cepeda con el líder de la extrema izquierda colombiana produce que en un Gobierno suyo no haga cambios drásticos en los cargos del sector. Todo lo contrario.

¿Qué responde la Superintendencia de Salud?

Ante los cuestionamientos enviados por EL COLOMBIANO sobre las denuncias en este artículo, la entidad aseguró:

1. ¿El superintendente delegado para la Protección del Usuario, Juan David Duque, cuenta con experiencia en la atención de PQR?

“De conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, en particular los artículos 2.2.2.6.1, que señala que los manuales específicos de funciones y competencias laborales contienen los requisitos de estudio y experiencia para el desempeño de los empleos públicos, y 2.2.13.2.3, que dispone la verificación de requisitos y competencias para los empleos de libre nombramiento y remoción, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos del empleo de Superintendente Delegado para la Protección al Usuario, Código 0110, Grado 23, con fundamento en la Resolución No. 2021910010016791-6 de 2021, mediante la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Superintendencia Nacional de Salud; como resultado, se evidenció que el doctor Juan David Duque García, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.005.499, cumple con los requisitos de formación, experiencia y competencias exigidos en el manual específico vigente para el desempeño del empleo”.

2. ¿Qué resultados ha dejado el “Plan 100”?

“El Plan 100 cumplió su propósito de verificar en terreno el acceso real de los pacientes a sus medicamentos. Entre el 19 y el 27 de mayo, los equipos territoriales de la Superintendencia desplegaron 144 actividades de inspección, vigilancia y control en 33 ciudades y municipios de 25 departamentos.

Como resultado directo de esta estrategia, la Superintendencia impuso una medida cautelar a CAFAM, en su calidad de gestor farmacéutico, tras evidenciar 1.048.575 pendientes abiertos de entrega de medicamentos a nivel nacional. Esta cifra fue reportada por el propio gestor y comprometía la continuidad de los tratamientos de miles de usuarios.

La medida ordena la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento, junto con un plan obligatorio de normalización con metas de cierre progresivo de pendientes: 30 % en el primer mes, 60 % en el segundo y cierre total dentro del plazo establecido, priorizando a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores.

Esta medida tiene carácter preventivo y busca proteger de inmediato el derecho de los usuarios. De manera independiente, los hallazgos del Plan 100 continúan siendo objeto de las actuaciones administrativas correspondientes, que podrán derivar en sanciones contra quienes resulten responsables. Sus detalles no se revelan en este momento por respeto al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política) y a la reserva de las actuaciones en curso. La Superintendencia mantendrá un seguimiento estricto al cumplimiento de estas órdenes”.

3. ¿Las visitas de la Supersalud tienen relación con actividades electorales?

“Ninguna”.

4. Algunos empleados de la Superintendencia han expresado inconformidad por la falta de experiencia en salud de ciertos asesores que llegaron con Daniel Quintero. ¿La entidad tiene conocimiento de esa situación?

“Todos los nombramientos surtieron la revisión jurídica de cumplimiento de requisitos conforme al Manual Específico de Funciones. La entidad mantiene canales internos para tramitar cualquier inquietud de sus servidores y promueve un clima laboral basado en el respeto y el diálogo, y no se han recibido las comunicaciones mencionadas”.

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