La Superintendencia de Salud ordenó este lunes la intervención forzosa administrativa de la EPS Coomeva, que en la actualidad tiene 1,3 millones de afiliados.
La autoridad en salud advirtió que la EPS no estaba llevando bien sus finanzas y no estaba gestionando correctamente los recursos en los 21 departamentos donde presta sus servicios. La institución de vigilancia también sostuvo que la medida de intervención regirá durante un año y, además, mantuvo a Felipe Negret Mosquera como agente especial interventor.
Con esta decisión, la Supersalud duce que busca garantizar la buena atención de los usuarios de Coomeva y que haya un flujo de recursos constante hacia sus prestadores de servicios.
Los datos de la Supersalud apuntan a que Coomeva acumulaba un patrimonio negativo cercano a los $743.000 millones. También, de acuerdo con la información dada por la entidad, esta EPS registró “un índice de solvencia de -486 mil millones de pesos y un nivel de endeudamiento de 1,56 veces el valor de sus activos”.
En total, la EPS tenía pérdidas por unos $81.000 millones. Además, solo entre enero y julio de este año, sus afiliados habían presentado más de 3.424 tutelas y alrededor de 37.000 quejas.
Por las dificultades que venía presentando, Coomeva se encontraba bajo toma de posesión de la Supersalud desde hace cuatro meses. Solo entre agosto de 2020 y el mismo mes del 2021 se reportó que perdió 17 % de sus afiliados, porcentaje que se tradujo en unos 268.484 usuarios menos. Este desempeño, anotó la Supersalud, fue uno de los más bajos entre las EPS del país.
La alta fuga de usuarios respondió en parte a las fallas que la EPS estaba teniendo para atenderlos en los últimas.
“Coomeva tiene fallas relacionadas con la operatividad, disponibilidad y suficiencia de la red de servicios que afectan la capacidad de atención y detección temprana de enfermedades, aumentan la severidad de estas y provocan la congestión de los servicios de urgencias”, explicó la Supersalud en su decisión.
Su plan de salvamento incluirá garantizar la continuidad, acceso a servicios, oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios médicos y tecnologías en salud.
La EPS aún no se ha pronunciado sobre esta última decisión.
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