El próximo año, cuatro magistrados de la Corte Constitucional colgarán su toga al finalizar los ocho años de periodo en esa cúpula de la justicia. Será, sin lugar a dudas, una de las discusiones más importantes de la próxima legislatura que iniciará el 20 de julio, toda vez que allí, de las ternas que presenten el presidente, Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se llevará a cabo la elección de los reemplazos.
El Senado de la República deberá llenar las cuatro vacantes para que no haya tropiezos en los relevos del 2025.
Eso sí, las elecciones no serán en una sola tandada, los periodos distan en tiempo unos de otros. El primero finaliza en febrero, luego mayo, junio y septiembre de 2025. Pero desde ya, el tema tiene prendidas las alertas, puesto que el presidente, Gustavo Petro, podría alcanzar mayorías. Apenas en octubre llegó a esa Corte como magistrado Vladimir Fernández de la entraña del petrismo.
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Con los pesos de esa corporación a su favor, el Gobierno podría incluso salir bien librado cuando los magistrados inicien los estudios de las demandas de las leyes aprobadas en Congreso. Y no solo eso, analistas consideran que la Corte y su nueva conformación tendría el eventual debate sobre una constituyente, en caso de que Petro, como lo ha venido ventilando y cada vez con más fuerza, decida convocar sin tener en cuenta el aval que debe dar el Legislativo. De ahí que surja la imperante inquietud sobre los movimientos al interior de la corporación.
En todo caso, hay expectativa por los movimientos y acuerdos que desde ya se tejen para la llegada de los nuevos guardianes de la Constitución. Todo ocurre en medio del trauma por las revividas ‘chuzadas’ a magistrados de las Altas Cortes, una vieja y temeraria práctica empleada por el DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, para ejercer control sobre la oposición y el poder judicial, y que parece estarse repitiendo.
Desde las cortes han expresado su rechazo a los posibles actos de persecución puestos al descubierto por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, cuando la semana pasada aseguró que su teléfono celular, el de su esposa y cuatro magistrados auxiliares, fueron interceptados por organismos de inteligencia del Estado. Aunque días después, en rueda de prensa, aclaró que no tenía información sobre el origen de las interceptaciones y que por ello no había radicado denuncias. “No me considero víctima”, dijo en su segunda versión.
Eso sí, en la actualidad no se conocen ni los detalles de las supuestas ‘chuzadas’, ni los avances en las investigaciones, pero no por ello están infundados el temor y sobre todo la controversia: las escuchas ilegales tienen arraigo en Colombia desde el poder Ejecutivo.
Es ese el escenario en el que preparan su salida, por cumplimiento de período, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, que será el primero en acabar en febrero. La elección de su reemplazo, de una terna que presente el Consejo de Estado, deberá darse antes del 16 de diciembre. Para ello, esta corporación ya lanzó una convocatoria pública de aspirantes.
En mayo finaliza su periodo Cristina Pardo Schlesinger, quien fue postulada hace ocho años por el entonces presidente, Juan Manuel Santos, por eso esta terna deberá presentarla el presidente, Gustavo Petro. Se espera que la conformen juristas de su círculo más cercano buscando sumar mayorías para que reformas, como la pensional, pasen el examen constitucional.
En el sonajero aparecen los nombres de Cielo Rusinque, la actual superintendente de Industria y Comercio. Sería la segunda vez que Petro insiste en la llegada de esta funcionaria a la corporación. La primera vez fue en octubre de 2023, cuando la ternó junto al entonces secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, resultando electo.
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Además, terminan sus periodos los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Diana Fajardo Rivera, ambos fueron postulados hace ocho años por la Corte Suprema de Justicia, luego la terna para sus reemplazos es responsabilidad de ese mismo alto tribunal.
Aunque tres de los próximos magistrados saldrán de las propuestas que presenten el Consejo de Estado y la Corte Suprema, al final es el Senado el que elige, de ahí que algunos analistas advierten que puedan resultar protagónicos los intereses políticos tanto del Ejecutivo como del Legislativo ¿la razón? Las reformas del Gobierno, aprobadas en Congreso, deben hacer trámite en la Corte Constitucional, lo que supone mayor interés en los juristas que llegarán a ocupar las sillas de esa corporación.
“Las universidades, los medios de comunicación, los centros de pensamiento, las mayorías ciudadanas, deben estar muy atentas para garantizar precisamente esa independencia y esa autonomía de esos nuevos integrantes de la Corte Constitucional por esa tarea tan importante”, dijo Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.
