En último debate, el Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe el consumo de drogas en ciertos espacios como colegios, polideportivos entre otros sitios y que otorga la potestad a los alcaldes de establecer perímetros en los que no se permita el uso de estas sustancias psicoactivas y, en tercer lugar, habilita a las unidades residenciales y a las zonas comunes a implementar estas restricciones.
El proyecto, que modifica el Código Nacional de Convivencia, es promovido por el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, quien dijo a EL COLOMBIANO que la norma “se ajusta a todos los principios constitucionales y establece tres prohibiciones razonables”.
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Esta claridad, debido a que llega solo tres meses después de que la Corte Constitucional dejara sin piso las normas del Código de Policía que restringían el consumo de drogas y alcohol en el espacio público, al considerar que violaba el libre desarrollo de la personalidad.
Una bandera en disputa
Pese a coincidir con la coyuntura de la decisión de la Corte, el trámite de la norma empezó antes, el 23 de agosto de 2018, y para llegar a estar a punto de sanción presidencial tuvo que sortear un difícil trámite en el Congreso.
EL COLOMBIANO conoció que el Gobierno se había opuesto a la iniciativa. Al provenir de un partido fuera de la coalición de gobierno, consideraba que perdía la bandera de la lucha antidrogas.
Finalmente, sin embargo, se lograron las alianzas necesarias para que el proyecto fuera aprobado. Una vez sea sancionado, deberá sobrevivir a las eventuales demandas por constitucionalidad.
Alejandro Matta, docente de la Universidad Eafit y coautor de la demanda por constitucionalidad que terminó por tumbar las normas del Código de Policía referentes al consumo de sustancias, señala que “sin conocer aún el texto, lo que dijo la Corte es que no se podían establecer prohibiciones generales”.
Por lo tanto, agrega, en aras de proteger los derechos prevalentes como los de los niños, niñas y adolescentes, restricciones como las aprobadas en el Senado no irían en contra de la Constitución.
En ese mismo sentido, la exposición de motivos del proyecto de ley señala que “busca darle una solución a la problemática de seguridad que trae el consumo y distribución de sustancias psicoactivas para menores de edad”.
Bajo esta lógica, la norma aprobada ayer en el Congreso, pese a las disputas políticas y al clima que dejó la sentencia reciente de la Corte, tiene el camino allanado para convertirse en ley.
