Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, dueñas de la EPS Sanitas, avanzan en una demanda arbitral contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), argumentando supuestos perjuicios ocasionados tras la intervención de la Superintendencia de Salud en abril de 2024. La reclamación asciende a 1.200 millones de dólares, cerca de $5,2 billones: una cifra que podría incrementarse.
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La solicitud de las empresas, presentada oficialmente el pasado 21 de enero, argumentó que la intervención contra la aseguradora fue arbitraria y discriminatoria. Incluso, la calificaron de “expropiación indirecta” que vulneró el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia, firmado en 2005. Según los demandantes, esta medida obstaculizó el manejo y disfrute de sus inversiones, afectando gravemente sus operaciones; lo que representa una violación del estándar del Trato Justo y Equitativo.
La firma neoyorquina Debevoise & Plimpton, reforzada por el reconocido abogado Nicholas Folly, lidera la defensa de los inversionistas extranjeros, mientras que la oficina bogotana Rincón Castro Abogados asumirá su representación local.
Por su parte, los accionistas del Grupo Keralty señalaron que en los últimos años el Estado “ha incumplido reiteradamente múltiples compromisos con EPS Sanitas bajo el sistema de salud y el derecho internacional”, que incluye su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sector, y aseguraron que la intervención forzosa fue “injustificada” y que agravó “tanto la situación financiera de la compañía como la prestación de servicios a sus afiliados”.
“Estas medidas constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general”, expresó en un comunicado el Grupo.
Ante esto, sostuvieron que hicieron esfuerzos por establecer contactos para buscar una resolución amistosa que asegurara que el Estado colombiano cumpliera con sus obligaciones de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud. Sin embargo, dijeron que fueron “infructuosos” y que, por ello, “se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados”.
Por otro lado, anunciaron que, en la medida en que el Estado cumpla a futuro con sus obligaciones de garantizar la suficiencia financiera, los accionistas del Grupo Keralty “destinaríamos el total de la indemnización obtenida en instancias internacionales a recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS Sanitas con dichos recursos”.
Vale recordar que la intervención de Sanitas fue anunciada como una “medida preventiva” por el entonces superintendente Luis Carlos Leal, quien justificó la toma de control para evitar la inminente liquidación de la EPS y garantizar la salud de sus afiliados. Según esa entidad, el objetivo era corregir fallas administrativas y salvaguardar el acceso a los servicios de salud en el país.
Ante esto, se prevé que la conformación del tribunal arbitral se concrete en los próximos meses, lo que dará paso al inicio del proceso formal de arbitraje internacional.
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