Una preocupante alarma encendieron este jueves la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y el Centro de Estudios Económicos (Anif) sobre las finanzas del sistema de salud para el próximo año. Según expusieron sobre un estudio que hicieron sobre la situación financiera del sector, en 2025 el sistema iniciará el año con un déficit de $19,7 billones.
Esta cifra es consecuencia, según sus estimaciones, de que desde 2022 se empezó a acumular ese hueco en las finanzas por la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que las aseguradoras usan para cubrir las atenciones en salud de sus afiliados.
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En ese sentido, proyectan que para buscar equilibrar las balanzas de estos dineros se debería incrementar para el otro año la UPC en un 16,4 %, lo que equivaldría a más de $100 billones. El valor de la UPC la determina el Ministerio de Salud por decreto al final de año, luego de hacer un estudio tomando como base la información que las entidades promotoras de salud (EPS) le envían sobre los servicios en salud prestados a sus usuarios durante el último año.
Al respecto, la vicepresidente de la Anif, Luz Magdalena Salas, explicó que “para 2021 el incremento debió ser de 7,7 %, para 2022 tenía que haber sido de 20,6 %, para 2023 el ajuste que se esperaba era 18,8 % (...). Eso pone en aprietos el sistema, no solamente porque estamos acumulando una deuda a través del tiempo, sino porque esa deuda está creciendo cada vez más”.
Esta advertencia tiene especial importancia porque, a fin de cuentas, es con esa plata que se asegura que los tratamientos, cobertura en salud y acceso a medicamentos continúe garantizándose.
Por otro lado, la Anif insistió en que la UPC debió haber subido en un 15 %, pero el ministerio finalmente lo subió en un 12 %, de los cuales, según esa agremiación, corresponde al ajuste por la inflación, lo que ubica el aumento real en 4,5 puntos por debajo de lo propuesto.
A modo de contexto, en estas páginas hemos contado a qué se debe ese hueco en las finanzas, que inició cuando, a finales de 2021, se calculó el incremento de la UPC para 2022, siguiendo el modelo determinado y usado todos los años, con datos de las atenciones del pandémico 2020. Que se haya usado como referencia ese año no es un dato menor, pues con ese cálculo el aumento para 2022 quedó subestimado porque usó datos de un año en el que, por el miedo al contagio y las cuarentenas, la demanda de servicios cayó y produjo que a las EPS se les redujera el gasto.
Entre tanto, Luz Magdalena Salas insistió en que si incluían “el acumulado desde 2021, tenemos un hueco de $19,7 billones (...), pero el problema es que el ministerio utiliza unas variables que están rezagadas y no tienen en cuenta la situación actual”. Por eso, agrega que se debe reconocer cuáles son los gastos y los costos del sistema para “hacer un ajuste que permita solventar ese hueco que estamos observando”.
Así mismo, el estudio abordó el tema de los presupuestos máximos, sobre los que advirtieron que hay un déficit acumulado de $4,6 billones, que, sumado al faltante por UPC, sumarían en total $9,9 billones.
Vale poner de presente que los presupuestos máximos son los recursos que gira el Estado hacia el sector salud para pagar los medicamentos, atenciones y tecnologías en salud que no hacen parte del plan de beneficios en salud (PBS), que son los servicios a los que todos tenemos derecho.
Lo que no está en el PBS son las atenciones para los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, cuyos cuidados son específicos para la enfermedad y que son más bien escasos, por lo cual son más costosos y difíciles de conseguir, por lo cual se pagan con plata aparte.
Al cierre de la socialización del estudio, el jefe de estudios económicos de Anif, Fabián Suárez, dijo que la reforma a la salud —que presentó el Gobierno al Congreso por segunda vez— “avanza en ciertos frentes, como por ejemplo la atención primaria, el aseguramiento, pero digamos que no se toca el tema de los recursos necesarios y el aseguramiento todavía está en veremos”.
“Las EPS tienen una labor de gestión del riesgo y con la reforma hay gestión de ese riesgo, ni hay distribución de pacientes dependiendo del riesgo hospitalario”, concluyó.
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