A partir de este sábado, 4 de febrero, entró en vigencia la Ley 1805 de 2016, impulsada por el representante Rodrigo Lara que convierte a todos los colombianos en potenciales donadores de órganos.
Según el Instituto Nacional de Salud (INS) los órganos de alguien fallecido pueden salvar la vida de al menos 55 personas. En Colombia hay cerca de 2.500 en lista de espera.
“Se presume que se es donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos después de su fallecimiento”, asegura la ley.
Sin embargo la normativa señala una excepción, cada persona puede expresar su deseo de no ser donante a través de un documento autenticado ante Notaría y registrado en el Instituto Nacional de Salud o dejar constancia de la oposición al momento de afiliarse a una EPS.
“La voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida por sus deudos y/o familiares”, según la ley.
Anteriormente, los médicos debían adelantar un proceso administrativo con las personas fallecidas.
La ley obliga además a los hospitales a “contar con recursos humanos y técnicos idóneos a fin de detectar en tiempo real a los potenciales donantes”.
“Nuestra ley de regulación establece que el acto de la donación es un acto altruista y voluntario que debe ser gratuito; además la nueva ley establece penas para quienes traigan órganos con fines comerciales”, indica la normativa.
Por tal motivo, también manifiesta que los tejidos conseguidos para el banco de órganos, no podrán ser donados a ciudadanos extranjeros.
De esta forma, la ley establece que el tráfico de órganos o tejidos, además el uso y disposición inadecuada de ellos serán castigados con penas entre 3 y 6 años de cárcel.
