En medio de la mesa de revisión de la unidad de pago por capitación (UPC) con el Ministerio de Salud —ordenada por la Corte Constitucional en enero de este año—, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) abordó las inclusiones de nuevos servicios, tecnologías, medicamentos y procedimientos médicos que cubre el plan de beneficios en salud (PBS). En ese sentido, la organización que agrupa a entidades promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo advirtió que dichas adiciones requiere más revisión para asegurar su costo–efectividad y la sostenibilidad financiera del sistema.
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Hay que recordar que el PBS es el conjunto de servicios y tecnologías a las que tienen derecho todos los afiliados al sistema de salud (del régimen contributivo y subsidiado por igual) y cuya prestación debe ser garantizada por las EPS. Este plan se actualiza por decreto del Ministro de Salud anualmente en diciembre y en ese proceso se van incluyendo o eliminando servicios, a tal punto que actualmente son más los elementos que están cubiertos que los que no.
Al respecto, Acemi recordó que ese proceso, que pretende garantizar equidad y calidad en el acceso a servicios de salud, debe hacerse velando por la protección financiera y asegurando el derecho a la salud de la población. De hecho, indicaron que entre 2020 y 2024 las inclusiones aumentaron en un 31,5 %, lo que muestra un incremento de 3.900 a 5.127 servicios en últimos 5 años.
Ese hallazgo fue el que presentaron al ministerio la semana pasada, junto con otros análisis que giran en torno a que, según el gremio, no existe literatura ni estudios comprensivos del impacto de las inclusiones en el gasto por usuario para el periodo 2021-2024. “La información necesaria para desarrollar estos análisis está en manos del Ministerio de Salud y no se comparte a externos”, expresaron.
Así mismo, señalaron que estudios realizados por algunas EPS con tecnologías seleccionadas e información propia “evidencian una insuficiente presupuestación de recursos para las inclusiones realizadas” en esos años.
De igual manera, que el proceso de inclusión de servicios de salud financiados con UPC “ha sido incompleto” porque se enfoca en la fase inicial de identificación y priorización de tecnologías, “pero no atiende aspectos claves posteriores como el costeo y presupuestación inicial, el esquema de seguimiento y la evaluación de resultados e impactos”.
Acemi hizo un llamado a que el proceso de inclusión debería contar con “mayores garantías de transparencia”, pues los documentos técnicos que soportan la decisión no son de dominio público o “están desarrollados superficialmente en estudios de suficiencia”. En ese sentido, criticaron que no “se conocen actas, estudios o presentaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas ni se tiene acceso a las bases de datos de suficiencia y el acceso a MiPres (platadorma del Ministerio de Salud) con módulo de pagos y gasto”.
“Se requieren mecanismos de backtesting (modelo predictivo utilizando datos históricos) del gasto efectivamente realizado para tecnologías incluidas en PBS versus estimaciones realizadas previamente y ajustes ex post (posteriores) en caso de desviaciones materiales”, sostuvo la agremiación.
Finalmente, hicieron un llamado a dinamizar el mecanismo de exclusiones para actualizar el PBS y optimizar recursos para mejorar resultados en salud; así como a “retomar un plan explícito de beneficios, eliminando el principio de lista negativo vigente. Para lograr este objetivo se requiere dialogo y consenso político y jurídico”.
El gremio de salud radicó durante la mesa con el ministerio el documento técnico que sostiene estas críticas y que dan cuenta del impacto que han tenido las adiciones. La siguiente sesión de esta mesa de trabajo —en el que también participan otros actores del sistema de salud— será este 29 de abril y se abordará el análisis de ajustes de riesgo.
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