Para el próximo lunes 31 de marzo se espera un paro por parte de los docentes del sector público. Así lo anunció la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) este fin de semana y lo hará como protesta contra las fallas que ha presentado desde hace casi un año el nuevo modelo de salud que implementó el Gobierno de Gustavo Petro para esa población.
En contexto: Así cambió Petro la salud de los maestros, ¿ensayo para los demás?
Si bien aún no es claro si con el paro también habrá cese de actividades, lo cierto es que radicarán un pliego de peticiones ante los gobiernos nacional y departamentales.
Según informó El Tiempo, este martes el sindicato definirá si la jornada de paro consistirá en marchas en distintas ciudades del país o si solo será un plantón en un punto, como la sede del Ministerio de Educación, pero que el paro es una realidad y que buscan apoyo de toda la comunidad educativa.
Entre las razones para convocar a esta jornada están una mayor inversión en la educación pública, mejores condiciones laborales y el mayor dolor de cabeza que tienen desde mayo del año pasado, que es la implementación del nuevo modelo de salud en ese régimen (que es distinto al régimen del sistema general).
Los retrasos y demoras en citas médicas, falta de medicamentos y presunta corrupción y sabotaje desde la Fiduprevisora (encargada de administrar junto al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ese régimen de salud).
Hay que recordar que ese modelo de salud empezó a regir desde el 1 de mayo de 2024 y su cambio se basó en eliminar la intermediación de los operadores regionales (que se encargaban del manejo de la red de prestadores de servicios) y le delegaron sus funciones a la Fiduprevisora.
Esto quiere decir que los operadores saldrían de la ecuación y esa fiduciaria sería la encargada de celebrar contratos con las IPS y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.
No obstante, se presentaron problemas en ese cambio por la falta de experiencia de esa entidad para crear redes de servicios, celebrar contratos y hacer gestión del riesgo financiero (hacer que la palta alcance). Tareas para las que también se necesita personal calificado que lo haga con eficiencia.
La idea del Gobierno era que, sin el intermediario a nivel regional, los miembros del magisterio y sus beneficiarios pudieran tener libertad de elección de su IPS. Sin embargo, las quejas en las primeras dos semanas de implementación reflejaron barreras de acceso a servicios de salud, largas filas y demoras en la atención.
Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.