La filtración de los contratos de compra de vacunas anticovid entre el Gobierno Nacional y las farmacéuticas de Pfizer y AstraZeneca avivó una discusión sobre la necesidad de hacer pública información sanitaria y, de otro lado, creó zozobra por las perturbaciones que podría traer para el Plan Nacional de Vacunación, que ya alcanzó 31,1 millones de dosis aplicadas.
El impasse se presentó porque el Consejo de Estado publicó, aparentemente por error, los contratos completos en los cuales existían cláusulas de confidencialidad y daban detalles de los precios y las condiciones bajo las cuales se negociaron los biológicos. Esto en el marco de la evaluación de una tutela que pedía, precisamente, publicarlos.
Después de que miembros del Ejecutivo se reunieron con ambas farmacéuticas para evitar un problema de gran escala, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, contó detalles de las respuestas que tuvieron esas empresas. En el caso de AstraZeneca sus representantes “manifestaron no estar conformes, pero en general no hubo consideración sobre posibles implicaciones”.
Sin embargo, el ministro despertó preocupación, pues dijo que desde el miércoles pasado Pfizer elevó la situación a “nivel global”. Eso sí, dijo que esperan “bajarles un poco a la implicación y al riesgo”, debido a las denuncias que presentó el Consejo de Estado.
Aunque primero se habló de un “error”, ayer el Consejo de Estado pidió que la Fiscalía investigara lo sucedido y solicitó apoyo del Consejo Superior de la Judicatura para conocer cómo y en qué momento se perdió la cadena de custodia de los documentos.
Es por eso que uno de los argumentos del Gobierno Nacional es que la filtración se dio en manos de la rama Judicial y que el Ejecutivo fue quien firmó el contrato, pero no quien lo incumplió.
¿Afectará el plan?
Johnattan García, abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en Salud pública de la Universidad de Harvard, coincidió en que el Gobierno no ha faltado a lo que se firmó en el contrato. Y dijo que lo primero que hay que esperar es la respuesta de Pfizer. “Hasta que no haya un comunicado oficial de parte del laboratorio, todo son rumores”, opinó.
Hasta el momento más de 100 contratos de compra de vacunas en el mundo ya se han publicado por decisiones judiciales, derechos de petición, por decisión de los gobiernos o por error y no se han presentado mayores alteraciones.
Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa recordaron que, a finales del 2020, “una ministra de Bélgica publicó accidentalmente en su cuenta de twitter los precios de las vacunas para la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pfizer manifestó su inconformismo pero no dejaron de entregarles vacunas”.
García dijo que es común que estos documentos tengan claro qué puede pasar en caso de que una directriz jurídica obligue a revelar la información que tiene el contrato.
En el texto firmado con Pfizer, por ejemplo, se lee: “(...) si el Receptor (el Gobierno Nacional) necesita dar a conocer la Información Confidencial de la Parte Reveladora (la farmacéutica) en virtud de una orden judicial, norma o directriz o normativa del Gobierno, bajo cualquier Ley, el Receptor dará a la Parte Reveladora aviso de esa solicitud, tan pronto como sea posible, antes de que la Información Confidencial sea divulgada”.
Por su parte, Dionne Cruz, directora de la Asociación Colombiana de Salud Pública, dijo que el hecho de que se revele el contenido de los contratos no debería afectar el suministro de las vacunas. “En ningún lugar del mundo eso ha pasado”, señaló.
De otro lado, García advirtió que se trata de un asunto de negocios. Para él, Colombia ha cumplido con los pagos, tiene un portafolio diverso de vacunas y a nivel internacional es un buen socio comercial. “Entonces, realmente es difícil pensar que este tipo de laboratorios podrían generarles daños al mercado de sus clientes”, añadió. Y dijo que las empresas farmacéuticas podrían estar más prevenidas en caso de que se revelen documentos por vía judicial.
“Eso no significa que no habrá negociaciones futuras, significa que los abogados deben buscar una forma de revelar parcialmente los contenidos y que eso contribuya al acceso a la información al que tienen derecho todos los colombianos”, puntualizó.
Finalmente, García señaló que no condena la decisión del Gobierno de firmar contratos con cláusulas de confidencialidad. “En ese sentido, Colombia hizo lo que tenía que hacer para adquirir las vacunas, pero también hay que reconocer que cada Estado tiene una legislación interna y que hay información pública que puede ser accesible para cualquier ciudadano”, concluyó.
¿Qué dicen los contratos?
Los documentos firmados con AstraZeneca y Pfizer dejaron entrever uno de los detalles que más curiosidad generaba: el precio por cada dosis. De acuerdo con su información, Colombia pagó 12 dólares por las dosis de Pfizer y 6 dólares por las de AstraZeneca.
Aunque el ministro Ruiz fue enfático en que no se iba a referir a los “términos de los contratos” debido al compromiso de confidencialidad que adquirió el Gobierno, también dijo que las condiciones que se estipularon en esos documentos están encaminadas a prevenir los riesgos propios de la industria.
Juan Camilo Contreras, profesor de derecho civil y propiedad intelectual de la Universidad Javeriana, sostuvo que, en general, los términos de los contratos que quedaron expuestos en Colombia son muy similares a los de otros países.
Por ejemplo, una parte del contrato que firmó República Dominicana con Pfizer muestra que ese país “reconoce que los efectos a largo plazo y la eficacia de la Vacuna actualmente no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos de la vacuna que actualmente se desconocen”. El texto es prácticamente idéntico al firmado por el gobierno.
Contreras explicó que no se les puede exigir a las farmacéuticas conocer cuáles podrían ser los efectos de las vacunas en los próximos años, puesto que no se han determinado.
Y dijo que estos biológicos contra la covid-19 ”no tienen aprobación de las autoridades sanitarias, pues todas están bajo una autorización sanitaria de emergencia”.
No obstante, en uno de los contratos el Estado colombiano también acepta que los esfuerzos de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech están “sujetos a riesgos significativos e incertidumbres” y, por tanto, los “asume integralmente”, lo que para Contreras es “un poco exagerado”
31,1
millones de dosis de vacunas contra el coronavirus han sido aplicadas en Colombia.
591
mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca llegaron el pasado 11 de agosto.
La filtración de los contratos de compra de vacunas anticovid entre el Gobierno Nacional y las farmacéuticas de Pfizer y AstraZeneca avivó una discusión sobre la necesidad de hacer pública información sanitaria y, de otro lado, creó zozobra por las perturbaciones que podría traer para el Plan Nacional de Vacunación, que ya alcanzó 31,1 millones de dosis aplicadas.
El impasse se presentó porque el Consejo de Estado publicó, aparentemente por error, los contratos completos en los cuales existían claúsulas de confidencialidad y daban detalles de los precios y las condiciones bajo las cuales se negociaron los biológicos. Esto en el marco de la evaluación de una tutela que pedía, precisamente, publicarlos.
Después de que miembros del Ejecutivo se reunieron con ambas farmacéuticas para evitar un problema de gran escala, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, contó detalles de las respuestas que tuvieron esas empresas. En el caso de AstraZeneca sus representantes “manifestaron no estar conformes, pero en general no hubo consideración sobre posibles implicaciones”.
Sin embargo, el ministro despertó preocupación, pues dijo que desde el miércoles pasado Pfizer elevó la situación a “nivel global”. Eso sí, dijo que esperan “bajarles un poco a la implicación y al riesgo”, debido a las denuncias que presentó el Consejo de Estado.
Aunque primero se habló de un “error”, ayer el Consejo de Estado pidió que la Fiscalía investigara lo sucedido y solicitó apoyo del Consejo Superior de la Judicatura para conocer cómo y en qué momento se perdió la cadena de custodia de los documentos.
Es por eso que uno de los argumentos del Gobierno Nacional es que la filtración se dio en manos de la rama Judicial y que el Ejecutivo fue quien firmó el contrato, pero no quien lo incumplió.
¿Afectará el plan?
Johnattan García, abogado de la Universidad de Los Andes y magíster en Salud pública de la Universidad de Harvard, coincidió en que el Gobierno no ha faltado a lo que se firmó en el contrato. Y dijo que lo primero que hay que esperar es la respuesta de Pfizer. “Hasta que no haya un comunicado oficial de parte del laboratorio, todo son rumores”, opinó.
Hasta el momento más de 100 contratos de compra de vacunas en el mundo ya se han publicado por decisiones judiciales, derechos de petición, por decisión de los gobiernos o por error y no se han presentado mayores alteraciones.
Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa recordaron que, a finales del 2020, “una ministra de Bélgica publicó accidentalmente en su cuenta de twitter los precios de las vacunas para la Unión Europea. ¿Qué pasó? Pfizer manifestó su inconformismo pero no dejaron de entregarles vacunas”.
García dijo que es común que estos documentos tengan claro qué puede pasar en caso de que una directriz jurídica obligue a revelar la información que tiene el contrato.
En el texto firmado con Pfizer, por ejemplo, se lee: “(...) si el Receptor (el Gobierno Nacional) necesita dar a conocer la Información Confidencial de la Parte Reveladora (la farmacéutica) en virtud de una orden judicial, norma o directriz o normativa del Gobierno, bajo cualquier Ley, el Receptor dará a la Parte Reveladora aviso de esa solicitud, tan pronto como sea posible, antes de que la Información Confidencial sea divulgada”.
Por su parte, Dionne Cruz, directora de la Asociación Colombiana de Salud Pública, dijo que el hecho de que se revele el contenido de los contratos no debería afectar el suministro de las vacunas. “En ningún lugar del mundo eso ha pasado”, señaló.
De otro lado, García advirtió que se trata de un asunto de negocios. Para él, Colombia ha cumplido con los pagos, tiene un portafolio diverso de vacunas y a nivel internacional es un buen socio comercial. “Entonces, realmente es difícil pensar que este tipo de laboratorios podrían generarles daños al mercado de sus clientes”, añadió. Y dijo que las empresas farmacéuticas podrían estar más prevenidas en caso de que se revelen documentos por vía judicial.
“Eso no significa que no habrá negociaciones futuras, significa que los abogados deben buscar una forma de revelar parcialmente los contenidos y que eso contribuya al acceso a la información al que tienen derecho todos los colombianos”, puntualizó.
Finalmente, García señaló que no condena la decisión del Gobierno de firmar contratos con cláusulas de confidencialidad. “En ese sentido, Colombia hizo lo que tenía que hacer para adquirir las vacunas, pero también hay que reconocer que cada Estado tiene una legislación interna y que hay información pública que puede ser accesible para cualquier ciudadano”, concluyó.
¿Qué dicen los contratos?
Los documentos firmados con AstraZeneca y Pfizer dejaron entrever uno de los detalles que más curiosidad generaba: el precio por cada dosis. De acuerdo con su información, Colombia pagó 12 dólares por las dosis de Pfizer y 6 dólares por las de AstraZeneca.
Aunque el ministro Ruiz fue enfático en que no se iba a referir a los “términos de los contratos” debido al compromiso de confidencialidad que adqurió el Gobierno, también dijo que las condiciones que se estipularon en esos documentos están encaminadas a prevenir los riesgos propios de la industria.
Juan Camilo Contreras, profesor de derecho civil y propiedad intelectual de la Universidad Javeriana, sostuvo que, en general, los términos de los contratos que quedaron expuestos en Colombia son muy similares a los de otros países.
Por ejemplo, una parte del contrato que firmó República Dominicana con Pfizer muestra que ese país “reconoce que los efectos a largo plazo y la eficacia de la Vacuna actualmente no se conocen y que pueden presentarse efectos adversos de la vacuna que actualmente se desconocen”. El texto es prácticamente idéntico foirmado por el gobierno.
Contreras explicó que no se les puede exigir a las farmacéuticas conocer cuáles podrían ser los efectos de las vacunas en los próximos años, puesto que no se han determinado.
Y dijo que estos biológicos contra la covid-19 ”no tienen aprobación de las autoridades sanitarias, pues todas están bajo una autorización sanitaria de emergencia”.
No obstante, en uno de los contratos el Estado colombiano también acepta que los esfuerzos de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech están “sujetos a riesgos significativos e incertidumbres” y, por tanto, los “asume integralmente”, lo que para Contreras es “un poco exagerado”.
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