Trece hospitales públicos de Boyacá levantaron una alerta de crisis financiera, que está poniendo en peligro su funcionamiento. Por eso, informaron que enfrentan esa situación debido a las deudas acumuladas por parte de varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y otras entidades que deben hacerles pagos.
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Al respecto, señalaron que en los últimos meses no les han hecho el giro del 80 % del valor facturado y radicado de la cartera corriente principalmente por parte de las entidades promotoras de salud (EPS) que están bajo medida de intervención administrativa o de vigilancia especial por parte de la superintendencia del sector.
“Esta falta de pago está afectando de manera directa la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones, limitando la capacidad de respuesta y poniendo en riesgo la continuidad de los servicios que prestamos a la población”, dijeron en un comunicado de prensa.
En ese sentido, advirtieron que los datos de la Contaduría General de la Nación señalan que a junio de 2025, la deuda acumulada de las EAPB tienen con esos hospitales llega a un aproximado de $822.116 millones. “Cifra que refleja la magnitud de las crisis que atravesamos y que compromete gravemente nuestra operación”, agregó la comunicación.
Los directores de los centros médicos firmantes apuntaron a que las EAPB, como que la radicación de facturas es limitada por las plataformas, lo cual no genera un “número de radicado de manera inmediata, lo que hace que se retrase el proceso normal de cuentas médicas”.
“No se han vuelto a realizar mesas de trabajo para subsanar las devoluciones impidiendo que se contabilicen como cartera en las EAPB muchas facturas de servicios efectivamente prestados”, denunciaron.
El Hospital Universitario San Rafael de Tunja es la institución prestadora de servicios de salud (IPS) que más deuda queja, con una cifra que asciende a los $269.535 millones.
Así mismo, advirtieron que la situación de los 13 hospitales es “generalizada” y por lo cual están atravesando “un escenario de presión financiera que amenaza con comprometer el funcionamiento normal de nuestros centros asistencialistas”.
Aún así, dijeron que han mantenido la prestación de servicios “con calidad, seguridad y humanización, redoblando esfuerzos para no interrumpir la atención a nuestros usuarios”.
“Hacemos un llamado urgente y respetuoso a las EPS y entidades responsables de pago, así como a las entidades competentes, para que se garantice el flujo oportuno de recursos, permitiendo así mantener la operatividad de nuestras instituciones y asegurar el derecho fundamental a la salud de todos los boyacenses”, finalizó el comunicado.
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