Apenas 24 horas después de que la Fiscalía anunciara la imputación de cargos, la defensa de Ricardo Roa dio a conocer que el presidente de Ecopetrol no ha contemplado renunciar a su cargo en medio del llamado judicial.
“No vemos necesario que lo haga... Hasta este momento no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica del doctor Roa”, dijo Juan David León, su abogado, en diálogo con BLU Radio.
El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, confirmó ayer que radicarán dos solicitudes de formulación de imputación en su contra, dando movimiento a casos que involucran tanto la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro como supuestas irregularidades en negocios personales y contratos públicos.
El primer proceso ataca la violación de topes de campaña. Roa tendrá que responder por el presunto desborde de los límites legales de financiamiento, un hecho sobre el cual —según el fiscal delegado González Flechas— hoy existen pruebas “contundentes”.
El segundo frente judicial es el de tráfico de influencias. Aquí la Fiscalía entra a investigar el presunto beneficio a Juan Guillermo Mancera, quien obtuvo un contrato en Ecopetrol tras haber participado en la compra de un apartamento de Roa en Bogotá.
León reiteró que su cliente “no está obligado a renunciar” y la presunción de inocencia se mantiene intacta.
Según el litigante, la salida de la presidencia de Ecopetrol es una variable que se analiza “en su fuero personal y bajo el gobierno corporativo”, pero no es una consecuencia automática de la imputación. De hecho, confirmó que la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento, por lo que Roa enfrentará el proceso en libertad.
En el caso de la venta del apartamento en Bogotá, León negó cualquier “dedo” de Roa en los supuestos contratos del coronel Mancera, asegurando que el acuerdo con Gaxi, empresa de Mancera, tuvo únicamente un acercamiento preliminar con una filial de Ecopetrol, Hocol, en el marco de un acuerdo de entendimiento sin carácter contractual ni valor comercial definido.
Añadió que no hubo pago alguno ni relación directa gestionada por Roa. Además, desestimó versiones que hablaban de la contratación de una familiar del coronel Mancera en Ecopetrol: “Esa funcionaria ingresó a la empresa antes de que Roa fuera presidente. No tiene ninguna relación con él ni con los contratos investigados”.
Ricardo Roa y el apartamento
Para la Fiscalía Roa compró el apartamento 901 en Bogotá y menos de cuatro meses después, en abril de 2023, asumió la presidencia de Ecopetrol. El punto crítico que la justicia tardó en procesar es si esa operación inmobiliaria, cerrada justo antes de su ascenso, funcionó como un “peaje” para garantizar decisiones contractuales dentro de la petrolera estatal.
El apartamento pertenecía a una firma del inversionista petrolero Serafino Iacono, pero los pagos los realizó una empresa del coronel (r) Juan Guillermo Mancera. Este nexo, se reactivó en marzo de 2024 —ante la pasividad inicial de los entes de control— cuando una empresa ligada a Iacono recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, un activo estratégico del sector energético que terminó adjudicado en medio de esta red de favores cruzados siendo presidente Ricardo Roa en Ecopetrol.
León calificó la información divulgada por algunos medios como “una especulación mediática que no ha sido confirmada por la Fiscalía”.
En lo relativo a la campaña presidencial del Pacto Histórico, dijo que que la defensa buscará un nuevo interrogatorio a Ricardo Roa para explotar lo que consideran una debilidad de la acusación: la incoherencia en las cifras. Mientras el CNE sancionó por un desborde de $5.000 millones, la Fiscalía apenas imputaría por $1.500 millones, una brecha contable que León usará para cuestionar la solidez del caso.
El expediente de los topes de campaña
Lo que la Fiscalía presenta hoy es, en buena medida, la confirmación que el CNE ya había dibujado con precisión meses atrás. El fallo administrativo detalló una financiación subterránea de $1.552 millones solo en primera vuelta: $500 millones de Fecode, $121 millones de la Unión Sindical Obrera (USO) y una partida masiva de $931 millones de Ingenial Media.
Para la segunda vuelta, la maquinaria irregular tampoco se detuvo, sumando otros $556 millones (USO e Ingenial) que ya estaban plenamente identificados en el expediente electoral.
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En total, el equipo del hoy presidente operó con $2.109 millones de origen vetado o gris, una ventaja financiera que desequilibró la balanza frente a sus competidores y que la Fiscalía tardó en procesar penalmente hasta ayer que anunció que radicarán imputación de cargos contra el gerente de la campaña, Ricardo Roa.
Pero el CNE no solo había alertado sobre los ingresos, sino sobre el ocultamiento. La investigación administrativa ya había destapado gastos no reportados por la escandalosa cifra de $3.698 millones, un hallazgo que permaneció en el escritorio de los investigadores penales mientras la sanción política ya estaba en firme.
Entre las facturas que el CNE sacó de “bajo la alfombra” y que la Fiscalía retomó, aparecen los pagos de pauta en Caracol Televisión y el polémico evento en el Movistar Arena.
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