La Defensoría del Pueblo reveló que se llegó a un acuerdo entre la comunidad emberá que intentó ocupar en los últimos días el Parque Nacional y las autoridades nacionales y del distrito, para reubicarlos en un lugar más adecuado.
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A través de su cuenta en la red social X, la entidad celebró el acuerdo y señaló que ahora viene una fase de trabajo para la habilitación urgente de un espacio que reemplace la Unidad de Protección Integral (UPI) Rioja, en donde están ubicados actualmente los indígenas de la comunidad.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional —a cada una de las entidades que conforman el Sistema de Atención a Víctimas— para que, en el menor tiempo posible, aporten en el proceso de adecuación del albergue temporal”, dijo la entidad, que también expresó su preocupación porque los cambios en la dirección de la Unidad para las Víctimas puedan afectar este proceso.
“Acompañamos a la comunidad Emberá en su diálogo con las instituciones. Exhortamos al Gobierno nacional a cumplir sus compromisos. Esperamos que los nuevos cambios anunciados en la Unidadde Víctimas no generen nuevos traumatismos en el cumplimiento de los acuerdos”, dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín, en su cuenta en la red social.
Desde hace varias semanas, la comunidad emberá que se encuentra asentada en Bogotá ha intentado en varias ocasiones reocupar el parque, que por varios meses estuvo ocupando el año pasado y que quedó seriamente afectados después de meses de ocupación.
En el último intento, registrado hace unos días, las autoridades impidieron su ingreso al parque, pero los manifestantes, alrededor de 300 personas, se quedaron al lado del parque, en la carrera séptima con calle 40.
La Alcaldía de Bogotá señaló a los líderes de la comunidad de instrumentalizar a menores de edad en su protesta. De hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó que “Bogotá no puede seguir pagando por los incumplimientos del Gobierno Nacional, la situación que está pasando la comunidad emberá, como se sabe, es por los reclamos para retornar a su territorio”.
En ese sentido, recordó que para 2024 (año en el que los indígenas salieron del parque, en septiembre) el Distrito hizo una coordinación institucional con la Unidad de Víctimas (entidad dependiente de Presidencia) para lograr el retorno de estas personas a sus territorios y dijo que “se hizo después de una inversión grande que ha hecho Bogotá y una inversión que se mantiene”.
Vale recordar que en 2023 hubo una decisión de tutela que le ordenó al Gobierno Nacional hacer todo lo necesario para el retorno de esta población. Sin embargo, para Galán “esa decisión no ha sido cumplida (...) y eso es lo que tiene a esta población en varios puntos de la ciudad”. “Ha sido totalmente insuficiente”, insistió.
El mandatario local anunció que presentará una denuncia por la presunta instrumentalización de menores de edad en la Fiscalía, el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Personería. Esto debido a que, según manifestó, los más de 200 niños que están asentados con sus familias están siendo usados “para evitar la intervención. No se puede entrar con fuerza pública donde hay menores”.
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