En el marco del Consejo de Ministros que lideró el presidente Gustavo Petro durante la noche de este miércoles, hubo un jalón de orejas al ministro del Interior, Armando Benedetti, por el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. ¿La razón? Las dificultades para el arranque en ciernes de la discusión en la Comisión Séptima del Senado.
“(Esto) remite al ministro Benedetti, del Interior, porque nada que se mueve la reforma a la salud. Pareciera que el Congreso la quiere echar por tierra, la Comisión Séptima, que ya había frenado la laboral y esta la han votado ya en contra”, alegó el primer mandatario.
Desde febrero de 2023 el Gobierno Petro impulsa un proyecto con el que busca cambiar drásticamente el sistema. A la iniciativa le faltan dos debates en el Senado para ser aprobada y pasar a revisión de la Corte Constitucional y a sanción presidencial.
En momentos en los que el Senado se dispone a retomar la discusión de la reforma a la salud en tercer debate –e incluso, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se declaró dispuesto a concertar el proyecto–, el Gobierno de Gustavo Petro sorprendió a principios de agosto con un controvertido decreto en el que, alertan expertos y críticos, se materializa e implementa de facto la iniciativa.
Se trata del Decreto 0858 de 2025, firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ideado para promover un nuevo modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.
El documento, de más de 30 páginas, se conoció justo cuando la Comisión Séptima del Senado calienta motores para reanudar la discusión y luego de que esa célula legislativa eligiera al senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) como presidente.
Se trata de uno de los mayores críticos del Ejecutivo, quien ha contribuido al hundimiento de varios proyectos –entre ellos la propia reforma a la salud versión 1.0– y que es considerado cercano al ala que lidera el jefe del liberalismo, el expresidente César Gaviria, otro de los mayores detractores del “Gobierno del Cambio”.
El documento expone varios de los puntos que contenía el proyecto de reforma, entre ellos, el cambio de modelo, que ahora estará basado en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS).
El acto administrativo cambia varios apartes del Decreto 780 de 2016, que era el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, y cambia el financiamiento del sistema, la contratación, la organización de las instituciones que lo componen y las responsabilidades de los actores.
En ese sentido, se ponen en marcha cambios en torno a un enfoque territorializado por medio de la Atención Primaria en Salud; de la redefinición de la operación de las entidades promotoras de salud (EPS), instituciones prestadores de servicios de salud (IPS), entes territoriales, la industria farmacéutica y los operadores logísticos; así como la creación obligatoria de las RIITS.
Por otro lado, el modelo preventivo, predictivo y resolutivo –dice el decreto– girará en torno a la gobernabilidad, gobernanza y territorialización; las RIITS; la formalización laboral del talento humano en salud y otros trabajadores del sector; la calidad y sistema integrado de información de la Atención Primaria; así como la soberanía sanitaria.