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Presidente aceptó hacer cambios en la reforma, pero tiene tres innegociables

El presidente se reunió con los directores de los partidos y les pidió propuestas para modificar varios artículos.

  • El presidente Gustavo Petro se reunió con la bancada liberal y con los directores de los partidos del Congreso. FOTO CORTESÍA PRESIDENCIA
    El presidente Gustavo Petro se reunió con la bancada liberal y con los directores de los partidos del Congreso. FOTO CORTESÍA PRESIDENCIA
28 de febrero de 2023
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Los planes del Gobierno para sacar adelante la reforma a la salud enfrentan un reto que es, por lo menos, anormal: solucionar la resistencia dentro del propio gabinete ministerial, además de la que hay en la oposición, partidos aliados y académicos.

Esto se hizo más notorio luego de que se conociera el documento de 17 páginas con los reparos de los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; de Agricultura, Cecilia López; y de Hacienda, José Antonio Ocampo, y del director de Planeación, Jorge González. El presidente Gustavo Petro reconoció que el texto existió, pero matizó con que hubo un acuerdo para manejar sus proyecciones.

En consonancia con esto, Petro se reunió este lunes en Casa de Nariño con la bancada liberal, así como con los directores de los partidos Liberal, La U y Conservador para hablar sobre esta reforma. Tal vez esta última cita fue la más clave, porque el propio mandatario dijo que “traerán propuestas para los artículos que consideren deben ser modificados”. O sea, sí habrá cambios en el texto.

Y respecto a la primera reunión, la representante María Eugenia Lopera le dijo a EL COLOMBIANO que “se habló de la agenda legislativa y de que seguirán escuchando todos los actores”. Además, el también representante Germán Rozo expresó que “el Presidente hizo una exposición sobre la reforma a la salud y pidió que hiciéramos mesas de trabajo para conocer las propuestas del liberalismo”.

Las reuniones con los partidos son claves para el debate de la reforma, que –desde antes de ser radicada– genera hondos debates, empezando por el talante de la ministra Carolina Corcho y su tendencia a favorecer el diálogo con sectores cercanos a ella y no con quienes tienen reparos.

Pero Petro dejó claro que la reforma tiene líneas rojas que no serán modificables. Así se lo contó a este diario uno de los asistentes, quien pidió reserva de su nombre pero resumió la cita en que Petro “no quiere que las EPS y privados manejen recursos públicos”, y pidió que “lo ayudáramos con la bancada de Gobierno” a sacar adelante el proyecto. Estos son los tres puntos innegociables para Petro.

No hay intermediación financiera de las EPS

En términos generales esto se traduce en el cambio en la administración de recursos (la intermediación financiera), que dejaría de estar en manos de las entidades promotoras de salud (EPS) y pasaría a manos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

“Este modelo ha demostrado que no ha garantizado el aseguramiento en salud ni el financiero: las EPS le deben más de $23 billones a clínicas privadas y hospitales”, aseguró la congresista Martha Alfonso. Al respecto, los gremios de las EPS han advertido que esto significa desaparecer las aseguradoras y el sistema actual, pues “deja el nombre de EPS, pero se le dan funciones que son completamente diferentes”.

Cambio de enfoque del modelo como se conoce

Esta ‘línea roja’ sería la menos roja de todas debido a que es un punto en común que varios críticos de la reforma comparten como necesaria y se basa en que el modelo de salud no se ocupe de atender la enfermedad, sino de evitarla o pronosticarla a tiempo. Esto significaría “tener todo un dispositivo de prestación de servicios básicos y la articulación del Ministerio con otras carteras para atender determinantes sociales como agua potable, alimentación y educación”, explicó Alfonso.

Régimen especial para profesionales de salud

Este punto busca mejorar las condiciones laborales y contractuales de los profesionales de la salud por medio de un régimen especial para ellos que también les asegure condiciones justas y estables para su capacitación y formación.

No obstante, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, le dijo a EL COLOMBIANO que hay otros puntos en los que el Gobierno y la ministra Corcho tendrán que sacar su talante más conciliador. El primero de estos es el acceso a los servicios de salud y la libertad de escogencia, que, a su juicio, como está planteado en la reforma “va contra de la ley estatutaria en salud y si eso no se resuelve, no veo fácil que logren la aceptación por parte de la opinión pública”.

Por otro lado, mencionó la estructura de las redes de servicios, las cuales “son muy complejas y donde la reforma es muy débil en el cómo”. Y, por último, “el financiamiento del costo final de la reforma que debe quedar claro y preciso para todos”.

Por su parte, el vocero del movimiento “Pacientes Colombia”, Denis Silva, le manifestó a este diario que el Gobierno debe analizar “la pertinencia de temporalizar y transformar las EPS, porque pasarían a ser prestadoras de salud”; al igual que “revisar juiciosamente le plan preventivo y predictivo para saber de dónde vamos a sacar lo $24 billones que vale eso y el talento humano para llevarlo a cabo”.

Sin ir más lejos, las cartas inamovibles del Gobierno ya están sobre la mesa. Solo la conciliación política dará luz verde a la reforma que carga con el sambenito de que ni siquiera cuenta con el respaldo del Ejecutivo en pleno y de la polarización que esta genera: según la encuesta Opinómetro de Datexco, el 44 % de los encuestados está de acuerdo con el proyecto y el 43 % está en desacuerdo.

Ahora, en el Congreso está la llave de la respuesta y en el Ministerio de Hacienda, la de la caja fuerte, en la que debe haber al menos $12 mil millones para costear fiscalmente la reforma en diez años, según acordaron con el Ministerio de Salud.

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