Está en marcha la recolección de firmas de apoyo para el Referendo Campesino, iniciativa impulsada por ciudadanos que buscan, como ellos mismos dicen, mejorar las condiciones del campo, lograr una producción agropecuaria sostenible, reconocer a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional y consagrar en la Constitución la seguridad y soberanía alimentaria.
Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc) y vocero de la iniciativa, contó que la idea es modificar ocho artículos de la Constitución Política y adicionar uno, por lo cual, en caso de que prospere, el referendo tendría ocho preguntas para el pueblo. Es la primera vez que los campesinos acuden a un mecanismo de participación de este tipo.
La propuesta fue presentada el 23 de noviembre de 2020 a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que dio el aval al comité promotor el 15 de diciembre de ese año. Pero, debido a las restricciones causadas por la pandemia y por el Paro Nacional, la entidad otorgó una prórroga, con lo cual tienen hasta noviembre de 2021 para recoger 1’928.339 firmas requeridas (ver Claves).
Las ocho preguntas
Entre las propuestas se busca reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, lo que implica incluir derechos como “adjudicaciones preferenciales de los terrenos baldíos para destinarlos a producción agropecuaria y la participación directa de los campesinos en las decisiones de política agropecuaria y presupuesto del sector”, indicó Jiménez.
La segunda pregunta está enfocada en modificar el artículo 65 de la Constitución, para que el uso del suelo rural sea preferencialmente orientado a la producción de alimentos y para que el Estado proteja la economía campesina, garantice las condiciones para su competitividad en el mercado y ejerza mayor control de los precios de los insumos agropecuarios.
“Es fundamental proteger la economía campesina porque el campesinado produce más del 70 % de los alimentos que llegan a las mesas de los hogares del país; genera más de 3,2 millones de puestos de trabajo; mueve la industria con la compra de insumos, semillas, fertilizantes, etc.; mueve el sistema financiero, el sector transporte y dinamiza el comercio”, sostuvo el vocero.
Otra de las preguntas es sobre la modificación del artículo 66, de modo que se garantice un acceso preferencial y permanente de los campesinos a los créditos para financiar su actividad productiva. Asimismo, con la modificación del artículo 67 proponen un servicio de formación y educación basado en las realidades productivas y culturales de cada territorio.
“No es lo mismo la educación que necesita un campesino en Antioquia, que en la Amazonía, en la Costa Caribe o en la altiplanicie cundiboyacense”, señaló el senador Jorge Eduardo Londoño, del Partido Alianza Verde, quien apoya la iniciativa.
Entre tanto, proponen adicionar la protección de la producción nacional al artículo 226 de la Constitución, que trata sobre las relaciones económicas internacionales de Colombia. “Creemos que la economía del país pasa por dificultades debido a los tratados de libre comercio (TLC), el contrabando y la falta de control en las transacciones con el exterior, loque se deben revisar”, agregó Jiménez.
Una propuesta más es que el servicio militar no sea obligatorio para los campesinos, para lo cual proponen modificar el artículo 216 de la Carta Magna. Para el senador, “este es un artículo que busca disminuir el desarraigo en el campo colombiano porque muchos jóvenes prestan el servicio, cambian de mentalidad y luego se van a trabajar a las zonas urbanas”.
Además, con la modificación del artículo 346 de la Constitución buscan establecer un monto no menor del 4% del presupuesto total de inversión para fomentar y fortalecer las actividades de la economía campesina, una partida que actualmente, sostuvo Jiménez, está en 0,9 %.
Finalmente, el artículo que quieren adicionar a la Carta es el 64A, que propone que los campesinos reciban un ingreso básico del Estado, condicionado al desarrollo de una actividad productiva, con el fin de que tengan apoyo para subsistir, aun si tienen pérdidas con alguna cosecha.
Este punto es fundamental para José Martínez, campesino del Meta, pequeño productor de plátano, maíz y cacao, quien cuenta que, aunque hay veces que recuperan lo invertido, hay otras en las que tienen cuantiosas pérdidas.
¿Por qué un referendo?
Martínez también habló de otros rezagos existentes en el campo, como la falta de acceso a servicios básicos y a conectividad, las dificultades para estudiar y el mal estado de las vías, entre otros aspectos. Por ello, cree que hay una deuda histórica con el campesinado, que no ha sido posible favorecerlo por medio de la legislación y que los acuerdos tras los paros y movilizaciones campesinos no se han cumplido.
Sobre este punto Jiménez indicó que cuando se dio la Asamblea Nacional Constituyente inscribieron un candidato para llevar a rango constitucional sus propuestas, pero varias firmas no cumplieron los requisitos y no fueron avaladas por la Registraduría, por lo cual no pudieron tener a dicho candidato. “Logramos incluir varias cosas, especialmente en los artículos 64, 65 y 66, pero no es igual a haber estado ahí”, dijo el vocero.
Al respecto, el senador Londoño manifestó que acudir a la reforma constitucional es un paso que dan tras muchos intentos fallidos de mejorar las condiciones del campo por otras vías. Él, que pertenece a la Comisión Quinta del Senado, encargada de asuntos agropecuarios, ambientales, mineros y energéticos, contó que ha presentado proyectos de asociatividad campesina, titulación de predios, han hecho debates de control político sobre precios de insumos, régimen de comercialización de los campesinos, precios justos, pero que nada ha sido agendado: “En la legislatura que acabó de pasar no se trató ni un solo tema que beneficie a los campesinos de los tratados en la Comisión Quinta”.
Asimismo, tanto Jiménez como Martínez consideran que no han visto avances reales en la implementación de la Reforma Rural Integral, punto 1 del Acuerdo de Paz, bajo el cual se acordó implementar 16 Planes Nacionales Sectoriales (PNS) con priorización en los 170 municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más afectados por el conflicto y la pobreza.
Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el Posconflicto, explicó que, según el último informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el tema, para este punto se ejecutaron $18,4 billones entre 2017 y el primer trimestre de 2021, de los cuales el 77,8 % se concentra en tres pilares: educación rural (36,2 %), infraestructura y adecuación de tierras (27,2 %), y producción agropecuaria y economía solidaria (14,4 %). “Sin embargo, solo el 6 % de la totalidad de recursos se está yendo para el Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; Salud; y Garantía progresiva del derecho a la alimentación”, sostuvo.
El contralor destacó que se han formulado 13 de los 16 PNS, con una ejecución de $103,4 billones, de los $119,47 billones establecidos para cumplir esta meta, con lo cual hay riesgo de desfinanciación para los tres planes faltantes, pues solo habría $16,3 billones para costearlos.
Sin embargo, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, sostuvo que después del primer trimestre de 2021 formularon un PNS más y están a punto de terminar los otros dos. “Con la Reforma Rural Integral hemos logrado el avance más significativo que ha tenido el país en términos de banco de tierras, de formalizacion de tierras, de catastro multipropósito”, acotó.
Por otro lado, Gualdrón resaltó como avance en la implementación del punto 1 la conectividad a internet en 1.108 cabeceras municipales, que incluyen los 170 municipios PDET (priorizados con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial); el inicio, en 2020, del catastro multipropósito que, con corte al 31 de marzo de 2021, lleva un 15,4 % del territorio nacional formado y actualizado, es decir, 10,6 millones de hectáreas, y la ampliación de cobertura eléctrica para 16.835 nuevos usuarios en 83 municipios no PDET y 11.110 en 30 municipios PDET.
Según el informe del ente de control, entre los principales obstáculos en la implementación de este punto están el “bajo avance en las hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras (4 % de la meta); el poco progreso en la elaboración del inventario de la red vial terciaria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y en la ejecución física de mantenimiento y reparación de las vías terciarias; la disminución del presupuesto para el pilar de producción agropecuaria y economía solidaria y la no creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Por otro lado, Ramón Elejalde, experto en Derecho Constitucional, indicó que la solución a los problemas que enfrenta el campesinado no está en una reforma constitucional. “La Constitución de los Estados Unidos, la primera escrita del mundo, fue promulgada en 1787 y tiene 30 enmiendas (reformas); la Constitución colombiana de 1886 sufrió 77 reformas en casi 100 años, mientras que la actual Constitución lleva 55 reformas en 30 años”, recordó.
Finalmente, Jiménez señaló que el referendo es la única salida que les queda. “Si esto no tiene rango constitucional seguiremos al vaivén de los intereses políticos o económicos de turno”, puntualizó.
8
preguntas tendrá el Referendo Campesino en caso de ser aprobado.
5 %
del censo electoral del país debe firmar el apoyo al Referendo Campesino.
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