Alrededor de 252,4 billones de pesos adicionales serían necesarios para cumplirle, antes de 2031, a los 9 millones de víctimas del conflicto que hay en Colombia.
La Contraloría General de la República, en el Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, advirtió que hay un rezago entre los recursos asignados a la reparación de las víctimas y las necesidades del sector.
El informe fue elaborado en forma conjunta con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas y Comisionados de los pueblos étnicos.
Según la Contraloría, para 2022, a nivel nacional se identificó un rezago en la ejecución de recursos de inversión de $732.100 millones que no fueron comprometidos y de $420.819 millones que correspondieron a productos o servicios que no se recibieron dentro de la vigencia 2022. A nivel territorial, estos datos alcanzaron $329.477 millones y $670.936 millones, respectivamente.
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Esta insuficiencia de recursos se traduce, entre otras cosas, en una oferta insuficiente de vivienda para las víctimas, pues entre 2000 y a marzo de 2023 se asignaron 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 para rural, lo cual cubre solo una pequeña parte de los 1.205.718 hogares pendientes de atención.
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También, de acuerdo con la entidad, hay una carencia de una política de generación de ingresos para las víctimas, que hoy en día registran los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del país. Igualmente, es necesario fortalecer el Fondo de Educación Superior para Víctimas con recursos de las entidades territoriales.
El total de créditos solicitados entre 2018 y primer trimestre de 2023 fue de 105.269, de los cuales solo 7.346 fueron aprobados, es decir, un 7%.
