Fedegan estaría presionando a ganaderos a cambio de votos para la senadora. Ellos responden.
La denuncia sobre un supuesto chantaje electoral que se estaría cometiendo desde la Federación de Ganaderos (Fedegan) para favorecer a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático en busca de la reelección y pareja del presidente del gremio, José Félix Lafaurie, será investigada por la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
De acuerdo al expediente penal, fiscal y disciplinario, supuestamente funcionarios de Fedegan estarían presionando para que organizaciones ganaderas apoyen a Cabal, a cambio de hacer parte del ciclo de vacunación de fiebre aftosa.
Aunque la denuncia hecha por Dignidad Agropecuaria llegó, inicialmente, al Ministerio de Agricultura y a la Contraloría, EL COLOMBIANO estableció que la oficina jurídica de la cartera la trasladó también a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen las acusaciones del caso.
¿Qué dice la denuncia?
Óscar Gutiérrez, líder de dicho sindicato, señaló que hace aproximadamente 20 días trabajadores de Fedegan habrían chantajeado a miembros de organizaciones ganaderas exigiéndoles conseguir mínimo 200 votos para Cabal. De lo contrario –dice la denuncia–, no les darían o renovarían el manejo del ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Por ello, pidió una investigación administrativa y la vigilancia de los recursos del Fondo Nacional Ganadero.
La amenaza se basaría en que, de no apoyar a la senadora del Centro Democrático, los ganaderos perderían los contratos de fiebre aftosa.
En la carta enviada a la Contraloría y el Ministerio de Agricultura, Gutiérrez sostiene que las presiones parecieran responder a una orden nacional dada a los empleados de Fedegan para presionar en favor de Cabal.
“Los dirigentes gremiales no pueden coger a las organizaciones y ponerlas al servicio de una causa política y menos intimidar u hostigar a sectores del mismo gremio”, dijo el dirigente sindical, quien apoya la campaña presidencial de Jorge Robledo, miembro de la Centro Esperanza, en conversación EL COLOMBIANO.
El chantaje se estaría dando con ayuda de las bases de datos de los ganaderos, pues los responsables tendrían conocimiento de los puestos de votación del personal de las organizaciones ganaderas.
Y es que estas vacunas son importantes, porque son un requisito del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) para realizar cualquier actividad con el ganado y, de hecho, no tenerlas pone en riesgo “la sanidad del país”. La vacunación se realiza en dos ciclos, semestralmente, y para los departamentos fronterizos con Venezuela hay uno adicional que va del 14 de febrero al 15 de marzo. Cada ciclo, a través de una resolución, se establecen las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas para administrar la aplicación de las vacunas.
Aunque el ICA señaló que las llamadas OEGA ya están definidas y no ha habido ningún tipo de modificación, la denuncia de Dignidad Agropecuaria alega que “esta campaña, además, está acompañada de indebidas presiones” a dichas organizaciones.
A pesar de la gravedad de la denuncia –de ser cierto lo relatado en la carta–, para Lafaurie, quien fue consultado por EL COLOMBIANO, Óscar Gutiérrez es un “político que montó un gremio para respaldar a Robledo” y detrás de la denuncia habría intereses electorales.
En tono aireado, el presidente de Fedegan explicó que la junta directiva emitiría un comunicado respondiendo a la denuncia, pero en caso de no querer esperar respondió: “Publiquen lo que quieran”.
Cabal, por su parte, argumentó que el ciclo de vacunación ya pasó (aunque hay un tercero en curso). Además, sostuvo que no necesita ejercer presiones: “Muchos me conocen, porque yo hace más de 10 años construí la Memoria de Víctimas Ganaderas con más de 10.000 nombres y hechos que envié a todas las entidades del Estado y creé los programas sociales como el de Una vaca por la Paz, hace años se ha hecho labor social”.
Ahora bien, Gutiérrez pidió un encuentro personal para presentar las pruebas a sus afirmaciones, pues dice tener audios de las llamadas. No obstante, prefirió no compartirlos por el aparente riesgo de seguridad que supondría para quienes grabaron y la posibilidad de ser descubiertos.
