“Lo único que pedimos es que se nos trate con apego a la Ley y a la Constitución, y que no se utilice la justicia como vehículo para ventilar los odios políticos de nuestros contradictores. Cuando los estrados judiciales usurpan el lugar del parlamento y la plaza pública, pierden la democracia y el Estado de Derecho”. Con estas palabras, el partido Centro Democrático solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
El director de la colectividad, Óscar Iván Zuluaga, viajó esta semana a Washington, Estados Unidos, para pedirle a la Cidh que tome medidas ante la persecución política que, según él y sus copartidarios, están sufriendo por parte del Gobierno. Primero fue la captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe, la que incomodó a su partido. Luego surgieron dos rumores adicionales: que los hijos del expresidente, Jerónimo y Tomás, serían procesados por supuestos nexos con el ‘zar de la chatarra’. Posteriormente tomó fuerza el rumor de que la Fiscalía procesaría a Zuluaga por su presunta participación en los seguimientos ilegales que hizo el ‘hacker’, Andrés Fernando Sepúlveda, a los negociadores de paz en La Habana.
No es la primera vez que los miembros del Centro Democrático se declaran como perseguidos políticos. En enero de 2012, el expresidente Álvaro Uribe ya se refería así: “Señor presidente Juan Manuel Santos, haga algo por favor, no permita esta venganza criminal expresada a través de persecución política”. Esta misma petición pero en diferentes condiciones la han hecho, en los últimos años, políticos de izquierda como Gustavo Petro y Piedad Córdoba (ver recuadros).
¿Es persecución política?
La definición de persecución política varía dependiendo de a quién se le pregunte. La mirada institucional más centrada la tiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), entidad que trabaja con los Estados cuando un refugiado pide asilo político, por ejemplo. Cuando se trata de un refugiado, la Acnur precisa que “ el país de origen ha probado ser incapaz o no muestra su disposición de proteger sus derechos básicos”. En promedio, dice la entidad, 1 millón de personas solicitan asilo en el extranjero.
Las estadísticas más recientes de Acnur (con corte a 2014) señalan que ese año 6.575 colombianos pidieron asilo, de los cuales 4.735 quedaron pendientes de respuesta. De otro lado, la Cancillería informó que “desde el año 2009 hasta el 2016 ha reconocido con la condición de refugiado un total de 84 personas de distintas nacionalidades”.
Martin Gottwald, representante de Acnur en Colombia, le dijo a EL COLOMBIANO que los Gobiernos son en últimas los que determinan a qué persona se le puede otorgar el asilo: “Colombia ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Los refugiados, por ende, son las personas que tienen temor a ser perseguidos por motivo de raza, religión, nacionalidad y opiniones políticas. El derecho más importante que tiene el refugiado es el de no ser devuelto al país donde su libertad o su vida estén en peligro”.
En Colombia, dice Gottwald, la Cancillería es la que define si otorga o no el asilo político. “Un ejemplo de persecución política podía ser el siguiente: un campesino afro colombiano en la costa Pacífica es amenazado por un grupo irregular si colabora con otro que quiere controlar la zona. Luego viene el otro grupo irregular y le dice lo mismo. ¿Qué puede hacer entonces el campesino? Huir y pedir asilo” .
Para Julio César Botero, analista de temas internacionales del Politécnico Grancolombiano, la persecución política ha sido ampliamente utilizada en América Latina: “Desde la década de los setenta, cuando se agudizó la persecución hacia los movimientos de izquierda en el cono sur, muchas personas salieron a pedir refugio político. Pocas veces usted verá un senador de Estados Unidos pidiendo asilo o declarándose perseguido político. En Colombia, las dos orillas, la derecha y la izquierda, señalan que no cuentan con garantías judiciales, eso lo que hace es afectar la imagen de la institucionalidad colombiana y genera polarización”.
Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia, considera que “no existe persecución política en Colombia. No puede decirse que las medidas de carácter judicial contra personas que tuvieron cargos políticos sean necesariamente persecución política. Para mí es claro que en todos los casos se ha respetado el derecho a la defensa y al debido proceso”.
Con esta opinión disiente Enrique Serrano, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario: “Mirando los ritmos, se puede ver que el Gobierno está jugando las cartas más pesadas contra Uribe. Es evidente que hay un carácter personal en las acusaciones, y que coinciden con el fin del periodo del fiscal. Es vergonzoso porque es el fiscal más político que ha tenido la justicia”.
Carlos Medina, PhD en Historia de la Universidad Nacional, señala que “el Centro Democrático se ha podido expresar libremente, cuenta con institucionalidad, tiene representantes en el Congreso y legitimidad electoral. Hay una tergiversación de lo que es la persecución política. Algunos miembros tienen deudas con la justicia, no por eso son perseguidos. Perseguidos y exterminados: Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado. Nada más vea el exterminio de la Unión Patriótica. Ahí había persecución política”.
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