La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al mando del exconcejal de Bogotá Carlos Carrillo, decidió terminar unilateralmente el contrato de obra en el dique ‘Caregato’ en La Mojana.
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“Esta decisión se toma porque el cierre del boquete no se concretó ni se logrará con los diseños y el método constructivo empleados. Continuar el contrato pondría en riesgo los recursos del Estado”, aseguró Carrillo cuando dio a conocer la decisión.
“El Consorcio RCG no presentará recursos contra la #UNGRD y se someterá a un tribunal de arbitramento para resolver controversias sobre las obras ejecutadas y los pagos pendientes”, agregó.
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El presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, manifestó que “el contrato de caregato (sic) es una estafa y detrás hay manos oscuras que deben ser investigadas. Apoyo la terminación unilateral del contrato”. ¿A qué se refiere el mandatario?
¿Quién está detrás del contrato?
El millonario contrato de 41 páginas firmado el 14 de noviembre de 2023 por cerca de 130.000 millones de pesos, en poder de este diario, esconde un entramado en el que confluyen presuntas irregularidades y corrupción, clanes políticos, recomendaciones de contratistas cercanos y desidia por parte del gobierno de Gustavo Petro.
El representante legal del Consorcio RCG, Juan Leonardo Becerra Moreno, es quien firmó el contrato junto a la Fiduprevisora —una sociedad de economía mixta de carácter indirecto y del orden nacional— en representación de la UNGRD. Ese consorcio, con sede en Bucaramanga (Santander), tenía la obligación contractual de “realizar la ejecución de las obras de emergencia para la recuperación de la margen izquierda del dique del río Cauca en el sector conocido como rompedero Caregato. Es un tramo del municipio de San Jacinto del Cauca, en Bolívar, a la altura del sector de La Mojana”. A pesar de los antecedentes, recomendaciones técnicas y la millonaria inversión, el dique volvió a romperse el 6 de mayo.
Los contratistas santandereanos detrás del Consorcio RCG conforman un conglomerado de cuatro sociedades: Empresas Petrolabin S. A. S., Valco Holding S. A. S., EMB Construcciones e Interventorías S. A. S. y Contrusego S. A. S. En todas, figuran nombres de personas que en el pasado contrataron o tienen relación política con los exgobernadores de ese departamento y condenados por corrupción, Hugo Aguilar y su hijo Richard.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, habría sido quien recomendó al consorcio santandereano al Comité Evaluador para otorgar el contrato en La Mojana tras superar los filtros evaluación jurídico, técnico y financiero.
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