La intempestiva llegada y permanencia de un colectivo de casi 2.000 personas de una organización civil en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, ha despertado múltiples suspicacias acerca de cuáles son las verdaderas intenciones del movimiento, si el Gobierno Nacional está involucrado en su logística o si tiene que ver con la conformación de una retaguardia estratégica para las protestas callejeras que ha venido impulsando el presidente Gustavo Petro.
Su arribo al campus se produjo el fin de semana pasado, con familias enteras y niños de brazos, custodiados por miembros de la Guardia Indígena con bastones de mando. Los celadores nada pudieron hacer en la portería para detener a la masa, y los voceros del movimiento admitieron que llegaron de sorpresa.
“Hablamos con las directivas de la universidad de manera posterior a estar adentro, eso es claro. No le consultamos a la institucionalidad porque es la universidad de los pueblos y para entrar a tu casa no pides permiso”, señaló Érika Prieto, una de las voceras del colectivo social llamado Congreso de los Pueblos, que reúne grupos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Ingresaron por la entrada de la calle 45. Allí hay dos mensajes, el primero, escrito con pintura, reza: “La Universidad Nacional es para todxs”; el segundo, que encabeza un gran letrero impreso, dice: “Acá no hay guerrilleros ni delincuentes”. Con esos mismos mensajes como bandera, el campamento del Congreso de los Pueblos se estableció en la concha acústica, lejos de la puerta de ingreso, casi en el centro del campus de la Universidad Nacional.
Bajo el techo de la estructura, veinte carpas de color verde militar se armaron y organizaron en filas. Mientras tanto, a las afueras del edificio, cinco carpas más sencillas, con techo blanco y lados descubiertos, se posicionaron contra la pared y fueron adecuadas para cocinar, descansar y almacenar provisiones.
En conversación con EL COLOMBIANO, Érika Prieto aseguró: “Nosotros cuidamos las instalaciones de la universidad, eso es algo que ustedes podrán comprobar sin problema. Para nosotros es un refugio humanitario, nunca se ha buscado hacer daño. Es una lástima que nuestra estadía incomode”.
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La vicerrectora Carolina Jiménez expidió un comunicado el 15 de octubre, en el que informó sobre la instalación de un puesto de mando unificado para atender la situación, con representantes del Gobierno, Icbf, Defensoría y Personería de Bogotá, entre otros. “Respecto al aforo del campamento, se mantienen en la universidad alrededor de 1.720 personas distribuidas en la concha acústica (761), estadio de atletismo (731), coliseos auxiliares y antiguo icontec (910)”, señaló.
La situación despertó quejas en varios estamentos de la universidad. La exsecretaria de Educación de Bogotá y docente del claustro, Edna Bonilla, publicó en la red social X: “El viernes fue el ingreso del ministro y una marcha al Campus de la Sede Bogotá en medio de una orden de desalojo del rector @MuneraLeopoldo. Hoy el ingreso, no autorizado, del llamado Congreso de los Pueblos. ¿Así o más clara la grave situación en la Universidad?”.
Gabriela Delgado, decana de la facultad de Ciencias, comentó: “@UNALOficial su función es educar, generar conocimiento y pensamiento crítico. No tiene carácter de alojamiento. Se pide permiso, por respeto; mismo que exigen cuando se ingresa a otros lugares públicos como resguardos o Casa de Nariño. ¿Por qué creen que en UNAL es distinto?”.
Las incomodidades aumentaron cuando varios estudiantes denunciaron que la Guardia Indígena estaba haciendo requisas a la entrada del campus, y cuando un grupo de 100 manifestantes instaló un campamento provisional en la sede del Ministerio del Interior y otras entidades.
“Esas protestas están raras. Es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas. No quiero ser fuerte, pero me toca hacerlo, porque no puede ser que lleguen dizque a negociar a Bogotá, no se han cumplido 24 horas y se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado”, opinó el jefe de esa cartera, Armando Benedetti, el 14 de octubre.
EL COLOMBIANO también le preguntó a Prieto sobre el incidente de las requisas. En la Nacional la entrada es libre. Pasan los estudiantes, los vecinos a hacer deporte y a pasear a sus mascotas y pasa cualquiera que quiera disfrutar la oferta cultural y académica de un campus que se pensó como una ciudad y que, desde el inicio, mantiene sus fronteras abiertas.
Y aunque las directivas del campus han optado por poner restricciones de ingreso para controlar situaciones de orden público y salud, han sido incisivas en que tal tarea es exclusiva de la seguridad contratada por la universidad.
Que miembros del Congreso de los Pueblos requisen y pidan identificación viola varias de las normas. No solo las institucionales, sino también las sociales, aquellas que le permitieron al colectivo entrar: “La Universidad Nacional es para todxs”.
Al respecto, Prieto aseguró que se trataba de un error, y que los videos están tergiversados: “El personal de seguridad le preguntó a dos miembros de la Guardia Indígena que si estaban controlando el acceso, le responden que sí, pero se estaban refiriendo a las personas de la movilización. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte de respetar a la comunidad universitaria y en esa medida, si hay gente que dice que viene para la movilización, lo menos que podemos hacer es garantizar que haya una acreditación de que es cierto. Porque si no, se deben aplicar los filtros ordinarios de la universidad”.
Entre tanto, las opiniones dentro del campus están divididas. Cuando este diario visitó la universidad, algunos estudiantes dieron su opinión bajo reserva.
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Tres de ellos aseguraron que no les incomoda la presencia del “Congreso” en la concha acústica, argumentando que hace parte de la libertad de expresión y debate político del entorno universitario. Otros cuatro aseguraron que les preocupa la situación de orden público, y que los bloqueos y desmanes afectan su proceso educativo.
El discurso del Gobierno se fue moderando a medida que la organización civil aumentaba sus protestas.
En un comunicado de 11 puntos firmado por Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Casa de Nariño reconoció que “hay causas y condiciones estructurales que permanecen en el territorio colombiano que explican el uso legítimo de la protesta social por parte de las comunidades (...). El Gobierno se compromete a garantizar los derechos de las personas y del movimiento social participantes de las protestas y, por lo tanto, rechaza su estigmatización y criminalización”.
Incluso le dieron instrucciones a la Policía para proteger a los manifestantes y establecieron un canal de comunicación con la Fiscalía “para prevenir y atender la estigmatización y la judicialización por la protesta social”.
El llamado del Dapre llegó después de que la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (sede Colombia) expresó su preocupación por los pronunciamientos de Benedetti, asegurando que el Estado no debe “estigmatizar la protesta social”. A esta proclama se unió la Defensoría, entidad que aseguró que el Estado debe garantizar la seguridad de los manifestantes.
Para Érika Prieto, la estigmatización hacia la protesta rompió los canales de comunicación: “Narciso Beleño le pidió al Ministerio del Interior que lo protegiera porque su vida corría peligro, eso nunca pasó y ya es demasiado tarde. Lo asesinaron. Las palabras de Benedetti estigmatizan, y pedimos una retractación”, aseguró.
Por su parte, el ministro le aseguró a El Tiempo que no se retractará: “Ellos no venían a negociar, venían a ‘calentar el ambiente’ de convivencia. Eso no lo hace alguien que quiere negociar. Es claro que ahí tienen que ver estructuras delincuenciales. Todo estaba planeado para eso, premeditado”.
Mientras tanto, en las mesas del Gobierno y en las instalaciones de la Nacional rondan papeles con el pliego de peticiones del Congreso de los Pueblos.
“Para muchos movimientos fue suficiente con la llegada de un Gobierno progresista, para nosotros no. En salud ya no somos pacientes sino clientes; no se piensa en garantía, no se piensa en dignidad. Esas son promesas del Estado y consideramos que fallaron”, finalizó la vocera.
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Aunque desde la cartera del Interior y el Congreso de los Pueblos crece la tensión, algunas fotografías entre congresistas del Pacto Histórico y miembros de la colectividad mencionada generan dudas.
Según información revelada por El Tiempo, Erika Prieto hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Robert Daza, representante del Pacto por Nariño. Además, en la foto donde la colectividad celebraba la solicitud para constituirse jurídicamente, aparece Prieto junto a la senadora María José Pizarro.
La congresista aseguró que no conoce a la vocera del Congreso de los Pueblos. Además, agregó que establecer tales nexos constituye una forma de persecución política.
“Desmiento cualquier intento de vincularme con hechos de violencia o con organizaciones responsables de los desmanes recientes. Rechazo de manera categórica cualquier acción violenta. Mi compromiso ha sido y será siempre con la movilización social pacífica y no violenta. Creo en la protesta como derecho fundamental y herramienta democrática”, dijo, y agregó que desde su proyecto buscan el respeto a la institucionalidad.
¿Un estallido 2.0?
La incursión del Congreso de los Pueblos en el campus coincidió con una serie de manifestaciones en distintas ciudades: marchas en favor de la causa palestina en Medellín y varias capitales; protesta en el peaje de la vía Funza-Bogotá; bloqueo de la carretera La Delfina – Buenaventura (Valle); instalación de “puntos de resistencia” en la planta de gas licuado de Ecopetrol en Barrancabermeja (Santander); bloqueos en las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Risaralda; y la toma de algunas estaciones de Transmilenio en Bogotá, para facilitar el acceso ilegal de pasajeros sin pagar el tiquete, con la excusa de que el sistema fue “privatizado” para perjudicar a la clase obrera.
El acto más crítico ocurrió en la tarde del viernes en los alrededores del edificio de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde decenas de personas se enfrentaron a la Policía Antimotines. Cuatro uniformados resultaron heridos por fechas lanzadas por encapuchados.
El caos fue tanto, que la Alcaldía tuvo que suspender el servicio de siete estaciones de Transmilenio, perjudicando a 35.000 usuarios en hora pico. Un grupo de manifestantes se refugió después en la universidad para evitar la captura, y desde adentro continuaron lanzando toda clase de objetos a los uniformados.
“Lo que ocurrió no fue un hecho de protesta, sino una acción coordinada para intimidar a los bogotanos”, dijo el alcalde Carlos Galán, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía por terrorismo, asonada, violencia contra servidor público y otros delitos. Varias de esas manifestaciones son reportadas en redes sociales bajo un mismo numeral para generar tendencia informativa: #AquiEnLaLucha.
Esto ha despertado una serie de suspicacias en sectores de la opinión pública, que temen la repetición de un “estallido social” como el de 2021, que produjo una oleada de violencia con decenas de heridos, muertos y millonarios destrozos materiales. Al igual que en ese entonces, las presentes manifestaciones ocurren meses antes de las elecciones presidenciales, por lo que la oposición al Gobierno las ha calificado como un intento de montar un “estallido 2.0”.
El general (r) Eliécer Camacho, quien fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, declaró al respecto: “Eso que está pasando en Bogotá es muy grave, una anarquía total porque ayer (miércoles) observamos que controlaban el ingreso a la universidad, suplantando autoridad, pero el gobierno nacional, distrital o universitario no dicen nada. Las condiciones de salubridad van a ser muy complicadas, ¿y para los estudiantes quién respeta sus derechos”.
Camacho agregó que “sabemos que eso está infiltrado por grupos anarquistas. Pienso que esto es el inicio de lo que vamos a tener en las elecciones. Mire que no sólo fue ahí, la Unidad de Tierras y la Unidad de Víctimas estaban ayer sitiadas por ellos. Considero que están midiendo al país”.
También han surgido dudas sobre el origen del dinero para financiar la logística del campamento en el claustro educativo.
En abril de 2025, durante una serie de protestas en el marco del Día del Trabajo, una minga indígena ocupó el campus, y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, denunció que “en los últimos 4 meses el MinInterior le ha girado 10.000 millones de pesos a la Organización Nacional Indígena – ONIC. Hoy la ONIC está liderando el traslado de la minga a Bogotá para apoyar la politiquería de Petro. Lo de la Universidad Nacional no es gratis”.
Frente a estas cuestiones, EL COLOMBIANO se comunicó con el Ministerio del Interior. Gabriel Rondón, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, respondió que “el ministerio no ha dado recursos logísticos en ningún sentido”. Frente a la causa del arribo de estas personas al centro educativo, dijo que “ellos llegan para exigir unos temas en específico y no por llamamientos del presidente (Petro)”.
Al anochecer del viernes hubo humo blanco en la mesa de conversaciones entre las partes, que pretendía llegar a acuerdos frente a las peticiones del Congreso de los Pueblos y las necesidades de la comunidad universitaria. El Dapre informó que “se firmó un acta de acuerdo entre el Gobierno Nacional y las comunidades movilizadas, que define compromisos, una ruta y un cronograma de trabajo para avanzar en soluciones concretas”.
La entidad agregó que “se acuerdan unas mesas de formulación de una metodología hacia la constituyente, aunque reconociendo que bajo esa misma palabra hay diferentes perspectivas. Se levantan las jornadas de protesta con una agenda específica en fechas y temas para discutir conjuntamente hacia una reforma constitucional”.
Lo dicho por el Gobierno después de las negociaciones deja más dudas que certezas. ¿Acaso todas las protestas fueron orquestadas para presionar un proceso de asamblea constituyente, tal cual lo ha venido mencionando el presidente Petro en sus discursos públicos?
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