La Procuraduría General de la Nación decidió suspender dos procesos de contratación de la Registraduría que ascendía a un monto de casi $300.000 millones. El primero tiene un presupuesto de $206.0000 millones y el otro por $93.000 millones.
La determinación se dio después de las alertas emitidas desde el Congreso y en medios de comunicación sobre las posibles irregularidades que podían salpicar ese proceso de adjudicación.
Se trata del contrato para prestar la solución tecnológica y logística para la implementación y puesta en marcha del proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones regionales de 2023 que se celebrarán el próximo 29 de octubre.
La Procuraduría apuntó que en los documentos del contrato no se advirtió “de la diferenciación de los costos de los distintos insumos u objetos que se incluyen en el objeto contractual”, de ahí que el ente de control envió diez preguntas a la Registraduría para poder continuar con el proceso que hace parte de las gestiones para los comicios en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales el año entrante.
La oficina que lidera Alexander Vega aseguró que alista un pronunciamiento sobre el caso, pues el proceso de adjudicación de los contratos finalizaba el pasado miércoles 21 de diciembre y fue ese mismo día que el Ministerio Público emitió la comunicación pidiendo suspender el proceso.
La orden del procurador delegado para la vigilancia preventiva de la Función Pública, Gabriel Del Toro Benavides, es suspender la adjudicación hasta que la Registraduría responda las preguntas enviadas por la Procuraduría sobre ese proceso de licitación que está en el Secop.
