La Procuraduría General de la Nación solicitó este 18 de noviembre al Ministerio de Educación que entregue los resultados de la investigación administrativa preliminar abierta a la Fundación de Educación Superior San José, con el propósito de revisar las actuaciones adelantadas frente a la expedición de títulos y requerir las medidas necesarias para garantizar la legalidad del servicio educativo.
El Ministerio Público informó que esta actuación hace parte de su función preventiva. En el comunicado oficial señaló que solicitó al Ministerio de Educación que “remita los resultados obtenidos de la investigación administrativa que de manera preliminar le abrió a la Fundación de Educación Superior San José, ante los hechos que podrían afectar la adecuada prestación del servicio y la confianza en la validez de los títulos otorgados”.
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La Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió entregar “los datos que hayan sido obtenidos y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa”.
En la misma línea, la Procuraduría requirió al Ministerio informar “sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José”.
El organismo explicó que esta actuación busca “proteger la legalidad, transparencia y continuidad del servicio público de educación superior, sin interferir en la autonomía universitaria, pero procurando que esta se ejerza dentro del marco constitucional y legal”. Además, recordó que otorgó “tres días de plazo para que se remita la respuesta correspondiente”.
El origen de la investigación
La investigación administrativa del Ministerio de Educación se formalizó mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, luego de identificar tres títulos expedidos por la Fundación de Educación Superior San José sin cumplir los requisitos legales.
Entre los estatutos internos que serían objeto de indagación se incluyen las reglas sobre admisiones, matrícula y permanencia, los requisitos académicos para la obtención de títulos, así como las funciones de los directivos y de los consejos académicos.
Previamente, EL COLOMBIANO había consultado al Ministerio de Educación sobre la figura de la llamada “Neoeducación” y las denominadas “NeoUniversidades”, conceptos que la Universidad San José utiliza como eje de su modelo académico y en su publicidad institucional, donde se lee: “Estás a un solo paso de ser profesional en la primera NeoUniversidad de Latinoamérica, aquí reconocemos tu título”.
De acuerdo con la respuesta del Ministerio, “a la fecha, el ordenamiento jurídico colombiano no contempla o desarrolla una figura o modelo denominado ‘Neoeducación’ o ‘Neouniversidades’ como modalidad diferenciada de formación”.
En dos de los casos analizados los beneficiarios no presentaron el examen de Estado y, en el tercero, la fecha de la prueba apareció posterior a la entrega del diploma. Estos hallazgos activaron una revisión de los procedimientos internos de graduación y de la documentación que respalda la expedición de títulos en la institución.
El caso que detonó la inspección fue el de Juliana Guerrero, quien recibió el título de contadora pública sin que existieran registros de notas, historia académica ni asistencia en los sistemas de la universidad. Ante esta falta de trazabilidad, su diploma fue anulado, lo que llevó al Ministerio a ampliar la verificación sobre cómo se estaban otorgando otros títulos profesionales y quiénes intervenían en esos procesos.
Dentro de la indagación también se revisan las situaciones de Laura Julieth Martínez Morales y Carlos Alberto Mendoza Siachoque. Martínez habría recibido el diploma de ingeniera industrial dos días antes de presentar las pruebas Saber Pro, mientras que Mendoza figura como graduado en diciembre de 2024 sin haber presentado el examen de Estado. La cartera analiza estos hechos bajo las normas que regulan la obligatoriedad de las pruebas Saber Pro o Saber TyT como requisito para graduarse.
En paralelo, la institución ha mostrado un crecimiento inusual en matrículas y en la cantidad de egresados que solicitan tarjeta profesional. Según el Snies, la matrícula total subió de 1.768 estudiantes en 2020 a 5.656 en 2024, y los programas profesionales pasaron de 485 a 3.753 estudiantes en ese periodo.
De acuerdo con información de Blu Radio, señalan un aumento del 2.051% en las tarjetas profesionales de contaduría expedidas entre 2021 y 2023 para egresados de la Fundación San José, incrementos que coinciden con la puesta en marcha del programa Hazte Profesional, una modalidad intensiva que permite homologar estudios previos y completar la carrera en plazos cortos.
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