En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General pidió que se tumbe el artículo 97 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, sancionado por el gobierno Petro.
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Más reparos al PND: Procuraduría pidió tumbar artículo que obliga a funcionarios a afiliarse a la ARL Positiva
Se trata en un apartado relacionado con una afiliación obligatoria para los trabajadores de entidades y corporaciones estatales. El ente de control pide tumbarlo.
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La Procuraduría dice que afiliación obligatoria de trabajadores estatales a ARL Positiva no se ajusta a la Constitución. FOTO: Colprensa
01 de septiembre de 2023
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En el estudio de una demanda presentada al Alto Tribunal, se analiza este artículo, el cual asegura que “con el fin de fortalecer el Sistema de aseguramiento público, de cara a la incorporación de nuevas poblaciones de la comunidad en general, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las entidades y corporaciones públicas se afiliarán a la administradora de riesgos laborales de carácter público, Positiva Compañía de Seguros S. A., o quien haga sus veces”
Para el ente de control, se debe tumbar este artículo del PND del gobierno Petro “porque se trata de una disposición que no cumple con la conexidad exigible con el cuerpo normativo en el que se encuentra contenido”.
Esto debido a que se impone una afiliación obligatoria de los trabajadores de entidades y corporaciones del Estado a la administradora de riesgos laborales de carácter público con el fin de subsanar su situación financiera, modificando la normatividad ordinaria de seguridad social.
Además, la Procuraduría alerta que esta norma acusada desconoce el precedente constitucional, según el cual es válido que el legislador establezca determinados tratos preferenciales en materia de contratación con instituciones del Estado para favorecer a las aseguradoras de riesgos profesionales públicas siempre que no llegue a anular las libertades económicas o a violentar el principio de igualdad por medio de la exclusión de “las ARP del sector privado” de una parte “del mercado”.
Agrega que “el Congreso de la República no se puede impedir que los “particulares puedan seguir contratando con las entidades públicas”.
Esto sumado a que se argumentó a la violación de unidad de materia, porque para el ente de control imponer una afiliación a la ARL no tiene una conexión estrecha entre las metas y propósitos del plan y las disposiciones instrumentales contenidas en la ley.
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