La Procuraduría General de la Nación insistió en que, al parecer, la Superintendencia de Salud no tiene justificaciones técnicas para intervenir a Sánitas y la Nueva EPS.
En una breve rueda de prensa, Diana Ojeda, procuradora delegada para Asuntos de Salud, explicó que, a su modo de ver, a ninguna de esas EPS las debió intervenir el Gobierno Nacional a través del ente de control.
“A nuestro modo de ver, ninguna, porque en septiembre las certifican por cinco años más, y a principios de abril las intervienen”, dijo, dando a entender que no es lógico que el Gobierno avalara la operación de esas EPS para luego intervenirlas a los siete meses con el pretexto de que no estaban cumpliendo los requisitos.
Añadió que “la Procuraduría, en ejercicio de sus funciones preventivas, estuvo ayer –jueves– allá (en la oficina de la Superintendencia) buscando soportes, los documentos que dan cuenta de las razones técnicas de esas intervenciones, y no se encontraban a disposición de la Procuraduría”.
Le puede interesar: Estas dudas deja el sistema de salud que quiere imponer el presidente Gustavo Petro
La visita del Ministerio Público no cayó bien en el Gobierno. El superintendente Luis Carlos Leal se quejó porque no fue notificado de esa diligencia.
Indicó que llegaron cuatro delegados con sus respectivos equipos, en la tarde del jueves, y que “han adelantado una serie de solicitudes que, por horario laboral, ya no es posible entregarles de manera expedita”.
Como trasfondo de esta discusión está el hundimiento de la reforma a la salud en el Senado, y una aparente retaliación política de la Casa de Nariño, que ordenó intervenir al mismo tiempo a Sánitas y la Nueva EPS.
