El procurador general, Gregorio Eljach, anunció una nueva estrategia institucional para prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos, en medio del avance de la campaña presidencial en el país.
La iniciativa, denominada como una evolución de la Paz Electoral, fue presentada como una pedagogía transformada que busca advertir a todos los funcionarios del Estado sobre las conductas prohibidas durante el periodo electoral. El objetivo central es garantizar que su actuación se ajuste a la Constitución, la ley y la moral pública.
Como parte de esta estrategia, la Procuraduría convocó la Gran Cumbre de Procuradores Territoriales y Delegados, que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo en Bogotá.
En este encuentro, el jefe del Ministerio Público transmitirá el mensaje central e impartirá las líneas de trabajo que deberán implementar los funcionarios encargados de ejercer control disciplinario en las regiones. La intención es prevenir cualquier intento de injerencia indebida en política desde las instituciones del Estado.
Desde la entidad señalaron que, con este primer encuentro, se dejó claro que no se tolerarán infracciones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático, en el contexto de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo.
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La estrategia anunciada se suma a otras acciones adoptadas por la Procuraduría en 2026, entre ellas la creación de un grupo élite especializado en investigar casos de participación indebida en política.
Este equipo tiene como enfoque no solo la vigilancia sobre la contratación pública, sino también cualquier conducta que vulnere la neutralidad del Estado durante el proceso electoral que se desarrolla en Colombia.
Estas son las prohibiciones para servidores públicos en elecciones
Dentro de las medidas recordadas por el Ministerio Público, se reiteraron varias prohibiciones dirigidas a evitar la politización del Estado.
Entre ellas se encuentran el uso del cargo, del tiempo laboral o de bienes y recursos públicos con fines proselitistas; la presión a subalternos para favorecer campañas; la difusión de propaganda electoral, y la intervención en controversias políticas.
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Asimismo, se restringe el uso de información reservada para actividades partidistas y la financiación de campañas, salvo las excepciones establecidas en la Constitución para miembros de corporaciones públicas.
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