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Formulan cargos a alcalde tolimense por desplome de tribuna en corralejas del 2022

La recordada emergencia ocasionó la muerte de cuatro personas y otras 300 resultaron lesionadas.

  • El alcalde contrató a un ciudadano que no tenía la capacidad técnica y económica para desarrollar el evento. FOTO COLPRENSA
    El alcalde contrató a un ciudadano que no tenía la capacidad técnica y económica para desarrollar el evento. FOTO COLPRENSA
07 de mayo de 2023
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Por las irregularidades presentadas durante la realización de las corralejas en junio del 2022, la Procuraduría profirió pliego de cargos contra el alcalde de El Espinal (Tolima), Juan Carlos Tamayo Salas.

A poco tiempo de cumplirse un año de aquel evento sucedido el 26 de junio de 2022, en el que se derrumbaron varios palcos durante las festividades taurinas y provocando la muerte de cuatro personas y otros 300 heridos, el ente de control encontró varias anomalías cuyo responsable sería el alcalde de El Espinal.

El Ministerio Público señaló que se contrató irregularmente a un ciudadano que admitió carecer de capacidades financieras, logísticas y organizacionales para llevar a cabo las corralejas; así como tampoco se verificó su idoneidad ni se le exigío ningún tipo de garantía.

Lea más: En videos: así fue el desplome en corraleja que causó tragedia en El Espinal, Tolima

Esto sumado a que, al parecer, el contratista tampoco realizó el pago de los $5 millones requeridos por la utilización del espacio público. No obstante, la alcaldía tampoco presentó un impedimento al respecto y así se continuó el espectáculo con el desenlace fatal ya conocido.

Entérese: Emergencia en Tolima: cuatro muertos y decenas de heridos por desplome en corraleja

De igual manera, también se formuló cargos contra Efrey Bocanegra Ortiz, secretario de Hacienda y Tránsito de El Espinal y quien fungía la representación legal del municipio, quien supuestamente avaló la ejecución del contrato sin que fuera constituida la póliza de responsabilidad civil extracontractual que había sido estipulada.

Según el comunicado conocido por la Procuraduría, la conducta de ambos funcionarios es calificada como gravísima debido a que los implicados “pudieron desconocer el principio de responsabilidad, al supuestamente omitir que el contrato, aunque perfeccionado no había sido legalizado”.

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