Durante 2024, más de 1,87 millones de denuncias ingresaron al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), pero el 93 % nunca pasó de la etapa de indagación. Hay que recordar que el SPOA es el modelo judicial que rige los procesos penales en Colombia desde 2005, basado en la oralidad, agilidad y protección de los derechos fundamentales.
Sobre el sistema actual, el último informe de la Corporación Excelencia en la Justicia lo describe como una “boca ancha” que se atasca de inmediato en un cuello estrecho, donde los casos se acumulan sin resolución.
Con solo 8,9 fiscales por cada 100.000 habitantes y casi el 80 % de ellos en condición provisional, la Fiscalía terminó archivando ocho de cada diez procesos, más por falta de capacidad que por decisión judicial.
El resultado es un sistema que, según la metáfora del propio informe, funciona como una tubería atascada: recibe millones de casos, pero muy pocos logran fluir hacia el juicio. Para evacuar la congestión, la Fiscalía se apoya cada vez más en la figura del archivo: según el informe, de las 1’455.495 actuaciones evacuadas en 2024, el 81,9 % fue archivado y apenas el 3,7 % terminó en decisión judicial de primera instancia.
El principal motivo de cierre —en 53 % de los casos— fue la imposibilidad de identificar al sujeto activo o pasivo del delito, y en otro 42,8 % la atipicidad de la conducta o la inexistencia del hecho denunciado.
Lo que pareciera mostrar estos datos, en términos prácticos, es que la justicia penal se ha convertido en un sistema que gestiona la congestión mediante el archivo, más que en una estructura que esclarece los delitos.
“No todo archivo es impunidad”
Sobre el informe, el abogado penalista Santiago Trespalacios considera que el debate sobre el estancamiento del 93 % de los casos requiere una lectura menos “automática”, por así decirlo.
“Esto, a mi modo de ver, es un análisis simplista que se hace muy a menudo de la situación y que lo reduce a una proporción que no es la correcta”, afirma. Explica que ese error consiste en asumir que, si de cada 100 denuncias 79 se archivan, entonces en esos 79 casos hubo una denegación de justicia.
“Se desconoce que hay casos que se archivan porque no tenían la característica de delito y eso no lo mide la estadística. Hay otros que se archivan porque las partes lograron conciliar, por ejemplo. Y hay otros que se archivan, en efecto, porque no se avanzó en el caso intentándolo esclarecer, pero eso es un porcentaje que no logra aclararse en el manejo que se hace muchas veces de esa clase de cifras”, menciona Trespalacios.
El abogado coloca dos ejemplos concretos sobre la conciliación. Por un lado, “recientemente logramos el archivo de un caso por urbanización ilegal y fraude procesal, demostrando que no se daban los elementos básicos. Ese cierre no significa inacción de la Fiscalía, sino que se evitó un juicio sin fundamento”.
Y por otro, también menciona el siguiente caso: “Yo representé a la dama de la Fiscalía General de la Nación que decidió disfrazarse en una fiesta de una persona del ELN.
A ella le iniciaron una noticia criminal por el uso de prendas militares, que es el delito en el que incurre; el que se viste como si fuera un militar simulando ser militar. Era obvio que ese delito no tenía ninguna prosperidad. Un año después se archiva, pero ese archivo no se puede entender como impunidad, denegación de justicia, sino como todo lo contrario: se corrigió un problema de un caso que no debió haber nacido”.
Aun así, reconoce que hay expedientes que sí revelan fallas estructurales. “Hay unos archivos que sí son porque no se adelanta adecuadamente la investigación, no se hacen esfuerzos investigativos, y esa sí es la métrica que hay que observar y son los asuntos contra los que hay que luchar”.
Trespalacios defiende además que un sistema acusatorio exitoso no debe medirse por la cantidad de juicios, sino por su capacidad de resolver los casos de manera anticipada. “Que la mayoría de casos se terminen por preacuerdos o por aceptación de responsabilidad y no por juicio es antes a lo que el sistema debe apuntar. Un sistema acusatorio para ser exitoso debe establecer mecanismos alternativos para que al juicio únicamente vayan las cuestiones sobre las que verdaderamente la Fiscalía y la defensa tienen una disputa sobre los hechos”.
Dos puntos en contra
Tanto el informe de la Corporación Excelencia en la Justicia como el análisis del abogado Santiago Trespalacios coinciden en un punto: el archivo masivo se ha convertido en el eje del funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio, pero discrepan en su lectura. Para el informe, el panorama “es desalentador”.
Esto, debido a que el sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos. Advierte que el archivo, concebido como una herramienta excepcional, terminó convertido en la regla que estandariza la operación del sistema y alimenta la percepción de impunidad ciudadana.
Trespalacios, por su parte, considera que las cifras deben leerse con matices. Asegura que muchos archivos responden a procesos sin sustento o a hechos que no configuraban delito, y que su cierre no siempre implica falta de acción, sino la corrección de investigaciones que nunca debieron abrirse. Aun así, reconoce que existen otros casos donde la investigación no avanza y el archivo refleja la ausencia de gestión, un punto que —según él— sí debería preocupar.
Ambas miradas terminan señalando el mismo vacío: un sistema penal desbordado que necesita más capacidad, más fiscales y menos expedientes que se extingan antes de encontrar la verdad. Si no se fortalece su estructura y su planta investigativa, el SPOA seguirá funcionando como una gran bodega de denuncias sin salida, más orientado a administrar su saturación que a impartir justicia.
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