¿El presidente Gustavo Petro interviene en política y nadie le pone freno? Esa es la pregunta que empieza a instalarse en el ambiente en estos días electorales. Desde que comenzó la carrera para elegir a su sucesor, el mandatario ha desplegado una ráfaga de mensajes en redes sociales que, para críticos y analistas, bordean las prohibiciones que la ley impone a los funcionarios públicos frente a la participación en política.
El episodio más reciente ocurrió cuando el jefe de Estado reaccionó públicamente al apoyo de Juan Manuel Galán a la candidatura de Paloma Valencia.
“Con permiso de la historia, pero ¿dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía?, ¿y dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas”, escribió el mandatario.
Más allá del contenido del trino, lo que preocupa a algunos analistas es la frecuencia y el tono con el que el presidente se pronuncia sobre movimientos del debate electoral.
Varias de sus publicaciones, disfrazadas de denuncias sobre un supuesto fraude electoral, rayan con una posible intervención indebida en política justo cuando el país se acerca a la elección de su sucesor el próximo 29 de mayo.
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Los mensajes, además, no han sido aislados. Han llegado con señalamientos contra la organización electoral y advertencias sobre la legitimidad del proceso.
Las cifras reflejan ese cambio de intensidad. Mientras en diciembre se registraron cerca de 12 publicaciones relacionadas con cuestionamientos al sistema electoral y en enero apenas cinco, en febrero el número saltó a 69 y en lo corrido de marzo ya supera 43 mensajes. En muchos de ellos, el mandatario pone en duda la transparencia de las elecciones o insinúa irregularidades sin que, hasta ahora, se hayan presentado pruebas formales ante las autoridades competentes.
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El clima que han generado esos señalamientos llegó a tal punto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió convocar una audiencia pública para analizar las afirmaciones del presidente contra la organización electoral. La diligencia fue citada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien pidió al jefe de Estado sustentar las razones de su desconfianza frente al proceso que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El trasfondo del debate no es menor. La Constitución colombiana establece que el presidente debe representar la unidad nacional y, al mismo tiempo, prohíbe que los funcionarios públicos intervengan en política o en procesos electorales.
Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, el problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Según explica, el diseño institucional colombiano establece límites claros al comportamiento político del jefe de Estado, pero en la práctica esos límites son débiles o inexistentes.
“Según mandato de la Constitución, el presidente de la República representa la unidad nacional. Pero al mismo tiempo existen normas que reiteran la imposibilidad de que los funcionarios públicos intervengan en política y mucho menos en elecciones. Lamentablemente, en el caso de los presidentes, esas reglas terminan siendo letra muerta”.
El experto sostiene que la razón de fondo es la debilidad de los controles institucionales frente al presidente. “Los controles que tiene un presidente de la República son inanes. No hay organismo que investigue seriamente sus exabruptos. La Comisión de Acusaciones es paquidérmica, ineficiente y seguramente infructuosa en su existencia. Por eso vemos escenarios como los actuales y los seguiremos viendo: una especie de legalización de hecho para que los presidentes puedan meter la cuchara en la política de manera impune”.
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La referencia apunta directamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano encargado de investigar a los presidentes, pero que históricamente ha sido cuestionado por su escasa eficacia.
Desde la Procuraduría General de la Nación, la preocupación también se centra en la confusión de roles que puede generarse cuando el jefe de Estado actúa como protagonista del debate electoral.
“En este contexto electoral se están confundiendo los roles del presidente de la República. Una cosa es ser el representante de la unidad nacional y otra actuar como un actor político o como un quejoso en procesos disciplinarios o penales”, dijo el viceprocurador Julián Alejandro Fernández, durante la audiencia convocada por el tribunal.
Para Fernández, el problema central es que esas acusaciones se están haciendo desde redes sociales, lo que, según dijo, termina deslegitimando el proceso electoral sin que exista un debate institucional previo.
“Si el presidente considera que existe una conducta irregular o incluso un delito, el Estado le ofrece los canales institucionales para denunciarlo. Lo que no puede ocurrir es que se cuestione la legitimidad del proceso a través de Twitter”.
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El abogado constitucionalista Ramiro Bejarano, quien intervino también en el debate judicial, plantea que el argumento de la libertad de expresión del presidente no puede interpretarse como una licencia ilimitada para intervenir en la contienda política.
“La libertad de expresión y de opinión no son derechos absolutos en ninguna parte del mundo. Tienen límites, y el primero es no afectar los derechos de los demás ciudadanos ni poner en riesgo el orden institucional”.
Bejarano advirtió que el problema no radica en que el presidente opine, sino en el impacto que tienen sus palabras en el clima electoral. “El presidente puede expresar lo que le parezca. Lo que no puede es hacer sindicaciones a través de las redes sociales y poner en duda la transparencia del proceso electoral sin pruebas. Eso es una actitud peligrosa”.
En teoría, el presidente está sujeto a controles judiciales, políticos y disciplinarios. En la práctica, sin embargo, la combinación de inmunidad política, debilidad institucional y polarización termina generando un escenario en el que el jefe de Estado puede desafiar esos límites sin consecuencias inmediatas.
“¿Vamos a llegar tranquilos a las elecciones del 29 de mayo o vamos a enfrentar un ambiente de zozobra alimentado desde la propia Presidencia?”, se preguntó Bejarano.
La audiencia ante el tribunal de Cundinamarca podría convertirse en un precedente relevante. Allí no solo se discute si el presidente tiene derecho a cuestionar el proceso electoral, sino hasta dónde puede hacerlo sin desbordar su papel constitucional.
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El debate de fondo trasciende a este gobierno. Si los jueces no fijan una línea clara, advierten algunos expertos, el país podría consolidar una práctica peligrosa como lo es que presidentes que, desde el poder, participan abiertamente en la disputa electoral mientras cuestionan la legitimidad de las reglas del juego.
”Hoy estamos viendo la legalización total para que los presidentes de la República puedan meter, de manera impune y descarada, la cuchara en la sopa de la política”, concluyó Herrera.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Puede un presidente en Colombia participar en política?
- No. La Constitución y la Ley de Garantías prohíben estrictamente que el Presidente y otros funcionarios utilicen su cargo para influir en la contienda electoral o favorecer/atacar candidatos, buscando proteger la imparcialidad del Estado.
- ¿Qué es la Comisión de Acusaciones y por qué critican su labor?
- Es la célula legislativa encargada de investigar al Presidente.
- ¿Por qué el Tribunal de Cundinamarca citó a Petro?
- El magistrado Luis Manuel Lasso convocó a una audiencia para que el presidente sustente sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral, con el fin de proteger la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
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