La semana pasada el Gobierno lo recusó para que no participara en el debate sobre la declaratoria de la emergencia económica, para el cual el mismo magistrado se declaró impedido.
Presidencia volvió a usar la misma estrategia, contra el mismo magistrado, pero en otro debate. Este lunes, el gobierno Petro recusó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, para que este no participe en el debate de la reforma pensional.
Según la Oficina Jurídica de la Presidencia, el magistrado Ibáñez habría emitido conceptos sobre el debate de la Ley 2381 de 2024 en una entrevista con el diario El Tiempo el 18 de enero.
“En la entrevista concedida por el magistrado Ibáñez a la periodista María Isabel Rueda y, en concreto, la respuesta ‘que no se subsanó’, configura la causal de recusación’”, señala la recusación presentada por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo.
El secretario jurídico de Presidencia, así mismo, alega que las declaraciones públicas del magistrado Ibáñez “comprometen su imparcialidad (...) prejuzgando desde ya una decisión de constitucionalidad de la norma”.
Esta recusación, la segunda en menos de una semana contra el magistrado Ibáñez, resulta particular, pues el presidente de la Corte Constitucional es el ponente de este debate originado por la demanda presentada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, el 18 de julio de 2024.
La reforma pensional ya estaba en el trámite de decidir la ponencia que pedía tumbarla luego de que la Cámara de Representantes no la hubiese discutido ni votado, sino que aprobó, a ‘pupitrazo’, el proyecto que venía desde el Senado.
La semana pasada, el presidente Gustavo Petro ya había recusado al magistrado Ibáñez, pero para que este no participara en el debate sobre el decreto de la emergencia económica. La razón fue la misma: haber conceptuado sobre el tema en una entrevista.
“Resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibañez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego”, señala la recusación sobre el decreto de emergencia económica, que también fue presentada por el secretario jurídico de Presidencia.
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Antes de la recusación, Ibáñez había pedido de manera formal congelar los efectos del decreto planteando mientras la Corte estudiaba su validez, pero el viernes 23 de enero, cuando la Sala Plena de la Corte se reunió para comenzar ese estudio el presidente de la Corte se declaró impedido para participar en la discusión.
El magistrado señaló que, en su calidad de presidente de la Corte, concedió varias entrevistas para explicar a la opinión pública el procedimiento que debe seguir el alto tribunal en la revisión de los decretos de estados de excepción, así como los alcances y límites de los mismos, por lo que solicitó que sea la Sala Plena la que determine si su actuación se ajusta o no a la causal de impedimento establecida en la ley.
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