Este lunes es clave para el candidato presidencial Sergio Fajardo, pues tiene una cita judicial que también podría derivar en alguna repercusión en su aspiración por llegar a la Casa de Nariño en 2022.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia lo citó –desde las 8 de la mañana– para la audiencia de imputación de cargos que pidió en su contra la Fiscalía de Francisco Barbosa, por cuenta de una presunta irregularidad que se habría dado durante su gestión como Gobernador de Antioquia en 2013.
El caso está relacionado con un préstamo que avaló como gobernador y que, a juicio del ente acusador, generó pérdidas por 320.000 millones de pesos para el departamento. Por eso, se le quieren imputar los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Según la Fiscalía, en el contrato –suscrito el 5 de diciembre de 2013 entre la Gobernación de Antioquia y el Banco CorpBanca– “no se hizo ninguna proyección sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”, lo que habría provocado un eventual detrimento patrimonial.
Fajardo, por su parte, ha negado cualquier tipo de responsabilidad penal o de cualquier otra índole en este caso, y ha sido enfático en que la contratación de su gobernación siempre se apegó a la ley.
“Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible”, enfatizó. Y esto es lo que quiere ratificar ante la Corte.
Este expediente se suma al que lo tiene en vilo político tras la sanción de la Contraloría por la emergencia de Hidroituango en 2018 y que, debido a la multa, lo inhabilitaría para posesionarse como Presidente si gana la elección.
Este lunes es clave para el candidato presidencial Sergio Fajardo, pues tiene una cita judicial que también podría derivar en alguna repercusión en su aspiración por llegar a la Casa de Nariño en 2022.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia lo citó –desde las 8 de la mañana– para la audiencia de imputación de cargos que pidió en su contra la Fiscalía de Francisco Barbosa, por cuenta de una presunta irregularidad que se habría dado durante su gestión como Gobernador de Antioquia en 2013.
El caso está relacionado con un préstamo que avaló como gobernador y que, a juicio del ente acusador, generó pérdidas por 320.000 millones de pesos para el departamento. Por eso, se le quieren imputar los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Según la Fiscalía, en el contrato –suscrito el 5 de diciembre de 2013 entre la Gobernación de Antioquia y el Banco CorpBanca– “no se hizo ninguna proyección sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”, lo que habría provocado un eventual detrimento patrimonial.
Fajardo, por su parte, ha negado cualquier tipo de responsabilidad penal o de cualquier otra índole en este caso, y ha sido enfático en que la contratación de su gobernación siempre se apegó a la ley.
“Adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible”, enfatizó. Y esto es lo que quiere ratificar ante la Corte.
Este expediente se suma al que lo tiene en vilo político tras la sanción de la Contraloría por la emergencia de Hidroituango en 2018 y que, debido a la multa, lo inhabilitaría para posesionarse como Presidente si gana la elección.
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