Cada cuatro años el proceso para elegir a quien ocupará el cargo de fiscal general de la Nación es objeto de discusión por cuenta de la terna que es presentada por el presidente de la República, y de la cual la Corte Suprema de Justicia elige, entre uno de los candidatos, al nuevo jefe del ente investigador.
En medio de las diferentes críticas que ha suscitado desde enero de 2020 la elección de Francisco Barbosa como jefe de la Fiscalía, debido a su amistad y cercanía (de público conocimiento) con el presidente Iván Duque, surgió en el Congreso una propuesta para modificar el proceso y que sea la Corte la que presente la terna, y el primer mandatario quien elija al nuevo fiscal.
Esta propuesta que requerirá modificar la Constitución, la hizo el senador Roy Barreras, expulsado recientemente del Partido de la U, quien aseguró que el proceso de elección actual se ha prestado para críticas, por lo que resaltó que se cambiaría “para transmitirle al país que cualquiera que sea el próximo gobierno, habrá una mayor independencia en esos órganos de control y equilibrio de poderes”.
¿Útil modificar el proceso?
El proceso de elección de quien lidera la Fiscalía General de la Nación ha sido un tema tan discutido que ni los últimos dos presidentes se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en lo que refiere a las bases para conformar la terna, tema en el que mostraron que tenían puntos de vista opuestos.
En su caso, Juan Manuel Santos estableció, a través del decreto 450 del 2016, que uno de los ternados debía resultar de una convocatoria abierta para garantizar así un proceso por meritocracia. Por su parte, Iván Duque, derogó dicha medida implementada por su antecesor, por medio del decreto 1163 del 2 de julio de 2019, y eligió la terna completa.
El abogado Andrés Úsuga, especialista en Derecho Constitucional, aseguró que no está de acuerdo con la modificación que propone Barreras, pero sí considera oportuno cambiar el proceso de elección del fiscal general para que este sea nombrado de forma directa por parte del presidente de turno, ya que es un funcionario que debe trabajar de la mano con el poder ejecutivo.
“El fiscal general es un ‘ministro’ de la política criminal y tiene que estar en contacto directo con el poder Ejecutivo, que es el que tiene las fuerzas del orden para aplicar la política criminal. Se trata de un funcionario que tiene que estar al lado del presidente de la República porque es el que maneja la política criminal”, planteó.
En esa línea, el exfiscal general Mario Iguarán expuso que no sería procedente separar al jefe del ente investigador del presidente, que es a quien le corresponde diseñar, desarrollar y responder por una política criminal. “Al ser el responsable de la política criminal, el presidente debe nombrar al fiscal por la incidencia que tiene en esta”, dijo.
A su turno, el abogado y exvicefiscal general, Francisco José Sintura, planteó que el modelo actual funciona porque la Corte tiene una función de contrapesos, en aras de buscar la independencia del funcionario. “Esto tiene plena razón de ser en el principio de colaboración armónica entre los poderes. La Corte entra a controlar la facultad del presidente para nombrar al fiscal. Ahí hay un mecanismo de control”, argumentó.
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