La dudosa acusación que lanzó la Fiscalía de Guatemala contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, puso a pelear a dos presidentes considerados en la región como radicales y dados a la confrontación. Y, como consecuencia del palabreo entre el colombiano de izquierda, Gustavo Petro, y el de derecha, Alejandro Giammatei, la relación binacional entre los dos Estados está al borde de la ruptura absoluta tras 200 años de amigables lazos diplomáticos.
Con unas pruebas que en círculos especializados fueron catalogadas como flojas, la Fiscalía del país centroamericano señaló a Velásquez de presuntamente manipular los expedientes del escándalo de Odebrecht durante su trabajo como investigador entre 2014 y 2019, dos años después de su salida del país.
Y ante el riesgo de que eso derive en una orden de captura internacional, Petro salió al ring con un mensaje directo en torno a que “jamás” aceptará que se intente llevar a la cárcel a su principal alfil en la lucha anticorrupción; esto incluyó el llamado a consulta de la embajadora ante ese país, Victoria González.
Pero Giammattei, quien no se caracteriza por mantener un discurso de bajo perfil, le salió a la pelea de forma directa y no solo respondió llamando a su delegada diplomática en Bogotá, Reagan Vega, sino que atacó a Petro: “Está cometiendo el error de un guerrillero”, al rechazar la pesquisa judicial.
El expediente contra Velásquez lo señala de los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. El fiscal del caso, Rafael Curruchiche, sostiene que el ahora Ministro intervino en los casos de forma irregular y hasta le achaca conocer el rumbo de 384 millones de dólares que se perdieron con ese escándalo.
Pero Curruchiche no es un funcionario de fiar. Él está señalado por la Casa Blanca de obstruir las investigaciones y desbaratar los casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del actual gobierno guatemalteco; además, no tiene visa.
Las fracturas que dejó Velásquez
El expediente contra Velásquez se remonta a 2017 cuando el abogado dirigía la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) que había instaurado Naciones Unidas para esclarecer los casos de corrupción de la constructora brasileña en ese país.
Pero la Cicig no pudo terminar las investigaciones porque el exmandatario Jimmy Morales expulsó a la Comisión y hasta al mismo Velásquez en agosto de 2017, a quien le prohibieron entrar al país.
El folio que abre Curruchiche señala que Velásquez habría pactado acuerdos en beneficio de tres empresarios brasileños de forma irregular y como prueba mostró tres correos electrónicos intercambiados entre la investigadora de la Cicig, Luz Adriana Camargo, y dos abogados. En esos mensajes se menciona la presencia de Velásquez en reuniones para presuntamente alterar ese expediente.
La participación del comisionado en esas citas es el argumento que esboza la justicia para señalar que el ahora ministro de Defensa sabría del entramado corrupto. Al jurista le cuestionan por haber colaborado con estamentos de Brasil para obtener información sobre ese proceso. No obstante, todo lo descrito es, precisamente, la tarea que tiene que realizar un investigador judicial.
En los correos que presentó el fiscal como “prueba” se habla de un acuerdo de colaboración entre los acusados por Odebrecht y la justicia, pacto para el que la Cicig reclama que quienes testifiquen den claridad sobre los montos de dinero desviados; también se menciona una indemnización.
Lo particular del caso es que la tarea que realizaba el abogado estaba dirreccionada, precisamente, a conocer y esclarecer esos hechos y le implicaba hablar con presuntos criminales. De ahí que Velásquez respondió que tiene “la tranquilidad de que el trabajado adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal”.
Petro y los ministros del gabinete cerraron filas en torno al funcionario, quien es uno de sus hombres de confianza por las coincidencias que tuvieron en las denuncias sobre parapolítica y las discordias con el expresidente Álvaro Uribe. Es más, Velásquez es el alfil del petrismo para depurar las tropas.
En ese contexto, el delegado para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se sumó a ese cerco de apoyo y señaló que la administración de Joe Biden está “preocupada” por las órdenes de captura emitidas “contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción”, y aseguró que esa medida “debilita el estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”.
Es más, Human Rights Watch comentó que “no tiene mayor sentido tomar en serio esta investigación”. La duda con el sistema judicial de Guatemala es una preocupación que atañe a las organizaciones sociales de ese país, como lo expresa Carmen Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, quien detalló que “la dinámica de la Fiscalía se ha caracterizado por perseguir penalmente a los operadores de justicia que en la época de la Cicig tuvieron a su cargo casos insignia”.
La acusación a Velásquez terminó generando eco en la política nacional. El senador Miguel Uribe Turbay pidió que el ministro se aparte del cargo por ese expediente y la senadora María Fernanda Cabal cuestionó que los comunicados del funcionario sobre este proceso se hayan divulgado con el membrete del Ministerio.
Aún así, la Presidencia asumió este tema como un asunto propio. Las comunicaciones de la Casa de Nariño se han emitido al unísono en favor de Velásquez y la discordia con el país que tiene una inversión extranjera directa de 32,8 millones de dólares en Colombia –contrario a los 44,2 millones de dólares que invierte este país en ese territorio– tiene a Petro en medio de la mayor fractura diplomática de su Gobierno .
