El incremento de la violencia que ha cobrado la vida de 193 exmiembros de las Farc, según la JEP; y de las amenazas contra por los menos 16 exintegrantes de la Fuerza Pública que han rendido versiones voluntarias en el marco del caso 003 (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate), la Jurisdicción Especial para la Paz solicitó medidas para proteger la vida e integridad de los comparecientes.
“El trámite de esas medidas cautelares también busca emitir órdenes estructurales dirigidas a asegurar el derecho a la verdad plena y a la garantía de no repetición de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra”, dice un comunicado de la JEP.
Y agrega que “reconoce los valiosos esfuerzos realizados por las entidades encargadas de implementar medidas de protección y seguridad al respecto, pero verifica que los riesgos han alcanzado unos niveles extraordinarios, resultando imposible conjurarlos plenamente”.
EL COLOMBIANO conoció que en las próximas semanas la JEP convocará a todas las entidades del Estado que tienen que ver con la protección de los comparecientes como la Unidad Nacional de Protección, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, los ministerios del Interior y de Defensa, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otros, para que, en una audiencia pública expliquen a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento cómo están trabajando para asegurar la protección de los excombatientes y de los militares retirados que comparecen actualmente.
Luego de ello, los togados harán las recomendaciones y dictarán las órdenes necesarias a las entidades respectivas para que mitiguen el riesgo que corren estas personas y así asegurar el aporte a la verdad al que las víctimas tienen derecho.
