El Ministerio de Ambiente del gobierno entrante estará a cargo de una activista por la naturaleza. Se trata de la politóloga Susana Muhamad, quien fue convocada por el presidente electo, Gustavo Petro, para asumir el liderazgo de esa cartera a partir del 7 de agosto.
La dependencia que encabezará Muhamad promete ser fundamental en la transición que plantea el Pacto Histórico en su concepto de “Colombia potencia mundial de la vida”, que ya tiene en el tintero una reforma agraria y la apuesta por blindar la naturaleza.
Susana Muhamad habló con EL COLOMBIANO sobre la decisión de cerrar la puerta al fracking y a las fumigaciones con glifosato para frenar los cultivos ilícitos, además, explicó por qué considera que la agenda ambiental debe estar en el centro de la agenda económica.
¿Cuáles serán sus banderas como ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro?
“El sector ambiental juega un papel muy importante en el programa de Colombia potencial mundial de la vida que establece que debemos lograr una economía con base en los límites ambientales y la realidad del cambio climático. Esto para el país pasa por el reto de la deforestación y uno de nuestros puntos clave es que a partir de la reforma agraria, la concertación con quienes están en áreas protegidas y de la estrategia de sometimiento a la justicia de actores que hacen gran presión sobre las economías ilícitas podamos lograr el cierre de la frontera agrícola y, por lo tanto, frenar la deforestación. Sin embargo, esto tiene otra cara que es la restauración ecológica, un elemento fundamental para recuperar las áreas que han sido degradadas, especialmente en las cuencas altas, para proteger el agua”.
El tema del agua lleva a los páramos. Además de la minería, en esos ecosistemas se ha ido corriendo la frontera por la ganadería y los cultivos. ¿Cómo administrar ese tema para que los páramos sean fábricas de agua y no zonas productivas?
“Esto se logra a través de procesos de concertación. Hemos visto como algunas corporaciones han hecho procesos de control ambiental y eso no ha resultado en una mejora de estas zonas. Debemos crear conciencia, buscar frenar el avance de procesos productivos en los páramos, lograr una delimitación justa y un trabajo que lleve a la recuperación de esos ecosistemas”.
El gobierno de Gustavo Petro le dio el no definitivo al fracking. ¿Por qué decide no apoyar esa técnica de extracción de petróleo?
“El fracking es una técnica no convencional de explotación de hidrocarburos que tiene unas implicaciones ambientales muy fuertes. Hoy las comunidades del Magdalena Medio, donde iniciaron los pilotos, no están de acuerdo con este. Necesitamos acelerar la transición energética en lugar de aumentar la dependencia en hidrocarburos con el fracking. La salida debe ser la prohibición del fracking”.
Usted ya dijo que se dirá no al glifosato, otro tema que ha sido muy polémico...
“El glifosato es un químico que ya está prohibido en varios países por sus efectos ambientales y de salud pública y que no tiene legitimidad social en las zonas en las que se ha implementado. Debe trabajarse la sustitución productiva de los cultivos ilícitos, el trabajo integral con los campesinos, una reforma agraria y los acuerdos de nuevas formas económicas. Debemos generar una ruta de gobernanza ambiental que permita un diálogo a fondo con las comunidades: en este gobierno se respeta la consulta previa, las consultas populares y el principio constitucional de la autonomía de los territorios de definir sus vocaciones productivas. La meta es generar una democracia ambiental”.
La calidad del aire es un problema intangible, pero está ahí de cuenta del transporte público que aún opera con gasolina, las industrias y los vehículos particulares. ¿Qué medidas tomará en este tema?
“Debemos acelerar la transición energética. El transporte público es uno de los sectores que más consume combustibles y hoy tenemos las condiciones para fortalecer los sistemas con una transición a buses eléctricos y a trenes que funcionen con electricidad, como ya se demostró con el modelo de Bogotá. No hay ningún obstáculo, aparte de la voluntad política, para avanzar en una política de transición del transporte”.
El Congreso no tramitó el Acuerdo de Escazú. ¿Ustedes le darán mensaje de urgencia para que surta su paso por el legislativo?
“No he consultado esto con el presidente electo, pero es claro que hay un sentido de urgencia y de prioridad en la aprobación del Acuerdo de Escazú porque es lo que va a permitir la información transparente y pública de las decisiones ambientales, tanto del sector privado como público hacia las comunidades. Este es uno de los puntos clave que podemos ganar en democracia ambiental”.
La bancada del gobierno llevará al Congreso la prohibición de los toros, de las corralejas, las peleas de gallos, cabalgatas y toda una agenda de derechos de los animales. ¿Qué posición tiene usted sobre estos temas?
“El bienestar animal es muestra de una sociedad que se sensibiliza frente al sufrimiento del otro y que vuelve a retomar un proceso de respeto frente a la naturaleza y los otros seres vivos. Mi apoyo será al proceso de la agenda animalista. Hay temas controversiales que tendremos que discutir, pero en esos que usted menciona es importante apoyarlos, sobre todo por la lógica de las sentencias de la Corte Constitucional”.
¿A cuáles se refiere como ‘controversiales’?
“Todo el tema de bienestar animal puede a veces generar contradicciones entre individuos versus lo que son las especies. Por ejemplo, la situación de los hipopótamos porque estos animales, totalmente exóticos, traídos a los ecosistemas colombianos, están generando un impacto ambiental y en el hábitat de otros seres vivos; pero también hay una agenda animalista que quiere defenderles la vida. Esa es una contradicción que debemos resolver y que estamos mirando en el empalme la ruta de avance en ese proceso”.
¿Habrá reforma a las CAR?
“Es importante discutir reforma a las CAR y al Sistema Nacional Ambiental. Llevamos más de 30 proyectos de ley que se han pasado en el Congreso sobre estas reformas que nunca han sido aprobados y espero que la nueva correlación de fuerzas en el legislativo nos permita actualizar la gobernanza de las corporaciones y del Sistema Nacional Ambiental, que se queda corto frente a los nuevos retos del cambio climático”.
Justamente, estamos en un contexto de cambio climático en el que se ha hablado mucho de sostenibilidad. ¿Por qué considera que esos principios, más allá de un discurso, deben convertirse en políticas públicas?
“El sector ambiental no puede ser un notario de los sectores productivos. Debemos lograr una capacidad de entender cuáles son los límites ambientales a los procesos sociales y económicos para que nos podamos adaptar a nuevas posibilidades económicas. Esto tiene que ver con el manejo integral del agua, la transición energética y la forma como generamos desechos. Necesitamos una agenda ambiental que esté en el centro de la agenda económica y no un sector ambiental que sea subsidiario a esa agenda económica”.
