El director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), Félix Martínez, le pidió este lunes a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) por no contar con la infraestructura física necesaria para ello, a pesar a tener registro de habilitación para prestarlos.
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Según el funcionario, el 12 septiembre de 2024, la entidad ordenó suspender los pagos a 52 hospitales y clínicas que radicaron cuentas por más de $70.0000 millones. Esto a razón de que las auditorías realizadas desde 2023 evidenciaron que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar que tenían la capacidades para ello.
De esas 52 instituciones, 26 no presentaron recurso de reposición y por tanto la suspensión de los pagos quedó en firme. Entre tanto, a diez que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable, mientras que otras tres están siendo notificadas. La mayoría de estas tiene su ubicación en la región Caribe: 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena. De las que se les suspendieron los pagos, solo a nueve se les resolvió favorablemente y cuatro más se encuentran en estudio.
Según la Adres, las 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por $79.511 millones, pretensión que se impidió mediante los controles recién establecidos, que incluyeron desarrollos tecnológicos e informáticos capaces de señalar anomalías y desviaciones de las tendencias, como la implementación de auditorías en terreno para comprobar las irregularidades.
¿Qué encontró la Adres en las visitas?
Las investigaciones iniciaron debido al aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico–quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) o fantasmas, una modalidad de fraude al sistema de salud muy repetido en distintas zonas del país.
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Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la Adres y un equipo interno de auditoría concurrente, que validaron las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.
En el grupo de IPS que le facturaron a la Adres por la atención de heridos por accidentes de tránsito, sin contar con la infraestructura física que hiciera posible prestar servicios incluye a entidades registradas najo el nombre de GRUPO SOLUCIONES RYM, ESPERANZA Y SALUD INTEGRAL SAS, SOLTUSALUD IPS SAS y HEALTH MEDICA VITAL IPS SAS.
Según material fotográfico compartido por la Adres, las sedes registradas de algunas de esas IPS eran droguerías de barrio, tiendas, restaurantes y casas con venta de minutos. Estas son algunas de las sedes:
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