El uniformado que protagonizó el momento captado en el video es el jefe de la Seccional de Tránsito de Bogotá.
El video del momento en el que un policía de Bogotá rompió el vidrio de un carro y sacó a quien lo conducía en medio de las protestas por el borrador de ley que pretende regular las aplicaciones de transporte ha generado polémica.
Algunos ciudadanos cuestionaron la actitud del uniformado e incluso el presidente Gustavo Petro puso en entredicho su manera de actuar. “Todo integrante de la Policía a pesar de la presión que pueda surgir, como ver a un compañero atropellado, debe autocontrolarse. Su actuación siempre debe estar bajo la ley y la Constitución; en eso consiste su profesionalismo”, trinó el presidente en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, tanto la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como la Policía Nacional defendieron la manera de actuar del uniformado argumentando que, antes de que sucedieran los hechos que se ven en el video, el conductor había atropellado a un miembro de la Fuerza Pública.
Precisamente, la Secretaría de Movilidad compartió en su cuenta de Twitter un clip en el que el teniente coronel Wilson Barrios Perdomo, jefe de la Seccional de Tránsito de la capital del país, dio su versión de lo que sucedió en la noche del 30 de enero.
“Resulté lesionado al evitar la perturbación al transporte público en el corredor de la Avenida El Dorado hacía el aeropuerto, punto estratégico para los viajeros y sus familias”, aseguró el uniformado.
Después relató la situación que llevó a que interviniera en el operativo de la manera que lo hizo: “un ciudadano al ser requerido por parte de la policía actuó de forma agresiva y peligrosa colocando en riesgo la vida de terceros y de Policías”, haciendo referencia al momento en el que el conductor del Chevrolet Spark gris arrolló a un agente en medio de las protestas.
De momento se sabe que el proyecto de ley del Gobierno no pretende eliminar las plataformas de transporte; sino que busca que quienes trabajan con ellas cumplan con unos requisitos que permitan que su operación sea legal y regulada en el país.
