El Gobierno dio un paso concreto hacia el regreso de la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia. El Consejo Nacional de Estupefacientes hizo oficial la resolución que pone en marcha un plan piloto experimental para evaluar, bajo condiciones controladas, si la aspersión aérea puede volver a ser utilizada como herramienta contra los cultivos ilícitos.
La decisión se produce después de los anuncios del presidente Abelardo De la Espriella sobre la posibilidad de retomar esta estrategia y busca obtener evidencia técnica y científica antes de tomar una determinación de mayor alcance.
El experimento, sin embargo, tendrá límites estrictos porque ordena que el piloto sea en “fase experimental controlada, limitada, temporal y evaluable”.
La resolución establece que la operación se realizará en una zona previamente seleccionada de un departamento del país, ubicada dentro del radio operacional cercano a una instalación de la Fuerza Pública.
El documento tiene fecha de expedición el 18 de agosto de 2026 y fue publicado en el Diario Oficial.
El órgano emisor de la resolución es el Consejo Nacional de Estupefacientes y la resolución fue firmada por Carlos Gónima Díaz-Granados (viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa y presidente del CNE) y Linda Giselle Suárez (secretaria técnica del CNE).
Las coordenadas exactas y las rutas que seguirán las aeronaves permanecerán bajo reserva por razones de seguridad. Aunque el documento no revela públicamente el lugar, versiones conocidas por medios de comunicación señalan que el piloto podría desarrollarse en Putumayo durante la segunda semana de septiembre.
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La prueba tampoco podrá realizarse en cualquier territorio. La resolución excluye de manera expresa los parques naturales y demás áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas y centros de salud.
También quedan por fuera los resguardos indígenas y los territorios de comunidades afrodescendientes que no cuenten con consulta previa. Uno de los elementos centrales del experimento está en el químico que será utilizado.
El piloto no contempla el uso de glifosato. El Gobierno autorizó, en cambio, la utilización de Glufosinato de Amonio 200 SL, un herbicida que ya contaba con aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para actividades de erradicación terrestre y que ahora será sometido a evaluación mediante aplicación aérea.
El compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de la categoría II, correspondiente a sustancias consideradas moderadamente peligrosas.
La operación estará en manos de aeronaves tripuladas y será responsabilidad de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN), que tendrá a su cargo la planeación, supervisión, ejecución y los costos logísticos de la prueba.
La resolución establece, además, que la operación tendrá que detenerse ante cualquier circunstancia que pueda aumentar el riesgo de dispersión del herbicida o generar afectaciones ambientales.
Entre las causales de suspensión están la lluvia, la presencia de inversión térmica, la pérdida de trazabilidad, fallas durante la operación o cualquier otro factor que pueda incrementar la deriva del producto.
El experimento tendrá un límite definido: no podrá superar las 1.000 hectáreas efectivamente tratadas.
Las labores en campo, además, tendrán una duración operacional máxima de siete días calendario, contados desde la firma del acta de inicio.
Pero la verdadera prueba comenzará después de que las aeronaves abandonen la zona. Una vez terminada la intervención, la ANLA y el Instituto Nacional de Salud (INS) tendrán un plazo máximo de 60 días para elaborar y presentar al Consejo Nacional de Estupefacientes un informe técnico definitivo sobre los resultados del piloto.
Ese documento será la principal pieza para decidir el futuro de la estrategia. Con base en sus conclusiones, el Gobierno podrá avanzar hacia un programa de aspersión aérea de alcance nacional o, por el contrario, descartar nuevamente esta herramienta para combatir los cultivos de coca.
La apuesta oficial ocurre en un escenario de fuerte crecimiento de los cultivos ilícitos. Colombia cerró 2024 con 261.000 hectáreas sembradas de coca, mientras que la erradicación manual forzosa cayó 54 % entre 2023 y 2024.
Así, lo que comenzará como una operación limitada a un máximo de 1.000 hectáreas podría terminar definiendo una de las decisiones más sensibles de la política antidrogas del Gobierno: si Colombia vuelve a mirar hacia el cielo para intentar contener la expansión de los cultivos de coca.
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