Tras llamar al secretario general de la Cancillería “traidor” y declararlo insubsistente, el gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de nombrar en su remplazo a la funcionaria Paola Andrea Vásquez Restrepo, un alfil del canciller (e) Luis Gilberto Murillo que llegará a blindar el contrato de pasaportes y las demás decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La salida del exsecretario general, José Antonio Salazar, se dio en la tarde de este lunes luego de que le adjudicara el polémico contrato de pasaportes a la multinacional Thomas Greg and Sons.
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Tal como conoció EL COLOMBIANO, el contrato para la impresión de pasaportes y sellos de visa lo adjudicaron a espaldas del presidente Gustavo Petro y contra su voluntad, pues terminó en manos de la polémica multinacional Thomas Greg and Sons que él tanto ha criticado y que, además, tiene una demanda activa contra la Nación por 117.000 millones de pesos.
En efecto, el exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, admitió en diálogo con este diario que ni él ni ninguno de sus subalternos le consultó al canciller (e), Luis Gilberto Murillo, sobre la decisión que le dio un giro total a ese millonario contrato que está en la lupa desde hace más de medio año.
La respuesta de Salazar, que fue quien terminó por firmar la adjudicación a TGS, fue sencilla: que “la Constitución y la Ley están por encima del presidente” y que en las condiciones actuales no estaba obligado a consultarle a nadie porque, según los papeles, él era el ordenador de gasto en ese contrato puntual.
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Pero eso no lo salvó de quedar en la mira de Murillo y del presidente Petro por lo que el jefe de Estado consideró una traición.
Así las cosas, la Cancillería nombró apenas unas horas después a Vásquez Restrepo como la nueva secretaria general, una movida con la que el canciller (e) estará mucho más tranquilo teniendo en cuenta que la funcionaria es de su entera confianza.
De hecho, Vásquez venía de trabajar en la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos que actualmente también dirige Murillo.
Por ahora, se sabe que el Gobierno estaría buscando eliminar esos decretos y quitarle el contrato a Thomas, pues es bien sabido que el Gobierno quería una nueva licitación para que quedara sin señalamientos de corrupción.
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Mientras eso pasa, la millonaria demanda de Thomas por 117.000 millones de pesos está en vilo. Si la decisión de adjudicarles el contrato sigue en firme, la demanda debería quedar sin efectos.
Pero, si el Gobierno logra quitarles el contrato, TGS tendría un nuevo motivo para demostrar los daños y perjuicios que están alegando.
