Aunque es la segunda vez que al Gobierno Petro le hunden la reforma a la salud, y está sobre la mesa revivirla con el recurso de apelación que presentó el senador Fabián Díaz, la realidad es que los cambios que quieren implementar en el sistema los han ido haciendo sin considerar al Congreso. Para ello han usado decretos, resoluciones y las facultades de la superintendencia del ramo.
De esa manera, han desplegado equipos básicos de salud (EBS) en distintos departamentos, intervenido siete entidades promotoras de salud (EPS) e implementado administrativamente un “modelo preventivo, predictivo y resolutivo”. Los resultados de los tres están bajo un manto de duda por su efectividad y resultados.
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En cuanto a los EBS, como lo contó EL COLOMBIANO, no cuenta con material para revisar su implementación y la página del Ministerio de Salud tiene desactivados los tableros que permiten ver las zonas del país en que se están ubicados.
Según la Dirección de Promoción y Prevención, los más de 11.000 equipos que están operando han tenido una inversión de $4,2 billones desde 2022. Pero en la herramienta digital que tiene consignada esa información advierte que la cifra es el doble: es decir, $8,4 billones.
De los recursos asignados para esta estrategia, según la información de esa cartera, se ha ejecutado $1,4 billones, lo que corresponde al 16,9 %; mientras que el valor pagado ha sido de $1,3 billones (15,9 %). Entre tanto, las ESE ha reintegrado $72.882 millones por no ejecutarla y han invertido $2,1 billones en contratos y actos administrativos.
Esos recursos —que los gira el Ministerio a las empresas sociales del Estado (E.S.E)— se han enviado a 3.021 hospitales públicos. Sin embargo, aún no se conocen documentos o compilados del Ministerio que muestren los resultados que han dado en salud pública.
Entre tanto, en los últimos tres años el Gobierno, por medio de la Supersalud, ha intervenido forzosamente para administrar siete EPS. Es decir, para quitárselas a sus dueños y manejarlas por medio de agentes interventores que nombra esa entidad.
Estas son Nueva EPS (10,8 millones de afiliados), Coosalud (3,1 millones), Famisanar (2,9 millones), Servicio Occidental de Salud (0,75 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,8 millones) y Capresoca (0,17 millones). Emssanar (1,7 millones) fue intervenida en el Gobierno de Iván Duque, en junio de 2022, pero han extendido tres veces la medida. Todas concentran 22,8 millones de afiliados, es decir, el 43,5 % de la población total.
Las cifras de pretensiones en tutelas interpuestas por los afiliados por barreras de acceso a servicios de salud en esas aseguradoras subieron después de ser intervenidas. El caso más pronunciado es el de Savia Salud, que pasó de 126 pretensiones por cada 10.000 afiliados en 2023 a 201 en 2024. Entre tanto, Asmet Salud fue la única bien librada, pasando de 119 en 2023 a 105 en 2024.
Un informe de la Contraloría advirtió que el aumento de quejas pasó de 1’308.706 en 2023 a 1’614.622 en 2024, con un crecimiento del 13 %, siendo Nueva EPS la que lidera con 323.682 quejas, equivalente al 21,87 % del total.
Finalmente, el último camino que había tomado el Ejecutivo para implementar su reforma fue el Decreto 0858 de 2025, que instauraba “a la brava” un modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.
De esa manera, se instituían instancias presentes en la archivada reforma como los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), Atención Primaria en Salud y Redes Integradas Integrales Territoriales de Salud (RIITS).
No obstante, en octubre pasado el Consejo de Estado suspendió provisionalmente ese documento al considerar que “desborda los límites constitucionales de la función reglamentaria y vulnera el principio de reserva de ley, al sustituir decisiones que deben ser adoptadas por el Congreso de la República en el marco del debate democrático”.
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