El Consejo de Ministros en la noche de este lunes 7 de abril, según anunció Presidencia, iba a tratar sobre las tarifas de energía. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aprovechó la visibilidad en el prime time de los canales privados y públicos para hacer una denuncia.
Leyó un documento que sería un informe de la Superintendencia de Vigilancia que tiene cifras relacionadas con presuntas prácticas irregulares de empresas de seguridad privada que dan certificados de armas y de formación de escoltas a miembros de bandas criminales como El Clan del Golfo. Sobre esos delitos, la Fiscalía ya ha hecho capturas a algunos representantes legales de esas empresas y sigue investigando a otras.
Lo que hizo el jefe de Estado fue ampliar la denuncia a partir de lo que arroja el sistema de la Superintendencia de Vigilancia. “62.264 armas del Estado no se sabe dónde están ni quién las tiene”, señaló el mandatario.
“La superintendencia (de vigilancia) sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial y hombres armados con sello oficial de empresas privadas de escolta que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Es decir, el Estado está cuidando a los estados con armas oficiales”, agregó el mandatario.
El año pasado, señaló, se cancelaron 16 licencias de funcionamiento “porque fueron tramitadas irregularmente incluso en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno”. Esas denuncias se radicaron en la Fiscalía, según explicó el jefe de Estado.
¿Qué hay detrás de la denuncia del presidente Petro?
En efecto, a principios del mes de marzo, la Fiscalía detectó una maniobra fraudulenta en la que empresas de seguridad ‘carnetizaban’ como escoltas a cabecillas e integrantes de estructuras criminales y les autorizaban el porte de armas de fuego. “Los representantes legales de tres compañías de seguridad que estarían involucradas en el entramado ilegal fueron capturados e imputados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Sin embargo, luego se conocieron más detalles y los nombres de varios cabecillas de bandas criminales que acudían a ese delito. Según las autoridades, quienes entregaban esos certificados eran dos oficiales retirados de la Policía: el coronel (r) Pedro Alexander Ruiz y el capitán (r) José Omar Urrego. Ambos, capturados en febrero pasado, crearon las empresas de vigilancia Pretorian y Securbel Ltda. Un tercer involucrado es Jorge Oswaldo, dueño de Sara Ltda. Los tres acusados se declararon inocentes del delito de concierto para delinquir agravado.
Según reveló El Tiempo, Ruiz y su compañía Pretorian tendrían en sus filas a 13 hombres que se hacían pasar como escoltas para transitar libremente con sus armas de ‘dotación’. El expediente citado por ese medio señala que son: Raúl Albeiro Arenas Vélez, alias R, jefes de ‘los Triana’, banda detrás de las extorsiones y robos en Medellín. También, están Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén de la ‘Oficina de Envigado’; Rigoberto Arias Castrillón, a quien la Fiscalía reseñó como jefe de ‘los Rolos’; Miguel Bastidas Bravo, alias Gárgola, ‘excapo’ del ‘cartel de Cali’ que se volvió jefe de ‘la Constru’ en el Putumayo; Luis Alberto Zapata Sánchez, alias El Negro, jefe de ‘los Rastrojos’ en Putumayo.
La empresa Pretorian también acreditó a Gerson Jiménez, alias Carbonero, señalado de traficar droga en Armenia, y Securbel carnetizó a Jhon Alexander Calderón, alias Largo, sindicado de más de 117 asesinatos en ciudades como Cali.
