El crimen fue cometido en Popayán y, según informes de las autoridades, murió en estado de indefensión. Esto dijo el mandatario colombiano al respecto.
El asesinato del teniente coronel Rafael Granados Rueda, ocurrido en Popayán, Cauca, no solo sacudió a las Fuerzas Militares: elevó el tono del Gobierno Nacional.
El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un “crimen de guerra”, una expresión poco frecuente en hechos internos y que inmediatamente abrió discusiones sobre el trasfondo del ataque, los actores involucrados y las implicaciones jurídicas de la declaración.
Granados, jefe del departamento de operaciones de la Brigada contra el Narcotráfico N.º 3 y comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea, fue atacado por dos hombres armados en inmediaciones del barrio Champagnat, en un momento en el que, según el informe de las Fuerzas Militares, se encontraba en estado de indefensión.
Por esa razón, el Ejército sostuvo que se trató de una “flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario”.
Para el presidente, el ataque cumple condiciones propias de un crimen de guerra: la víctima era un oficial activo, no estaba en combate y fue objeto de un ataque dirigido, situación que, según las Fuerzas Militares, desborda la violencia común y apunta a un acto prohibido por el DIH.
Petro también pidió un informe urgente sobre los protocolos de seguridad en los desplazamientos del oficial, un gesto que deja ver la gravedad con la que el Gobierno recibió el asesinato.
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El Ejército, por su parte, ha insistido en que este caso constituye una afrenta directa contra la Fuerza Pública y contra quienes trabajan en la seguridad regional. La institución envió condolencias a la familia y a los compañeros del oficial, cuya muerte generó conmoción en Popayán.
El crimen ocurrió en un departamento atravesado por disputas territoriales entre disidencias de las Farc, grupos del ELN y organizaciones vinculadas a economías ilegales, especialmente el narcotráfico.
Las autoridades investigan si el asesinato podría estar relacionado con el rol de Granados en la lucha contra estas estructuras, dado que integraba una brigada especializada en operaciones contra el narcotráfico.
El ataque se produjo cerca de las casas fiscales del sector La Toscana, una zona residencial próxima a instalaciones militares, lo que incrementó la preocupación por la capacidad de los grupos armados de actuar en áreas con presencia institucional.
Tras un consejo de seguridad extraordinario, el Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta $200 millones, mientras que la Alcaldía de Popayán sumó $30 millones adicionales, con el objetivo de obtener información que conduzca a los responsables.
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“El cobarde asesinato de nuestro teniente coronel Rafael Granados Rueda no quedará impune”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Entre tanto, unidades del Ejército y la Policía activaron protocolos de reacción inmediata, reforzaron la seguridad en la ciudad y desplegaron un plan de rastreo para cerrar el cerco sobre los atacantes.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en la investigación.
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