El proceso por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro volvió a quedar sin decisión en el Consejo Nacional Electoral, y ahora dependerá de tres conjueces.
La sesión más reciente concluyó sin alcanzar el número de apoyos necesarios para adoptar una sanción. Ese bloqueo activó el mecanismo que obligó a llamar a los conjueces Jorge Iván Acuña, Majer Abushihab y Fernando Guzmán, quienes deberán asumir el estudio del expediente y participar en la nueva votación. Aunque todos pueden intervenir, solo dos, Acuña y Abushihab, estarán habilitados para firmar la decisión final.
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Los conjueces del CNE son abogados designados para reemplazar temporalmente a los magistrados cuando existe conflicto de intereses o cuando la corporación queda sin mayorías. Acuña, Abushihab y Guzmán fueron posesionados en 2023 y forman parte del grupo de 17 profesionales que integran esta lista de reemplazo.
Jorge Iván Acuña, representante suplente de la magistrada Fabiola Márquez, ha trabajado en asuntos administrativos y disciplinarios. Su paso por el Consejo de Estado le ha dado experiencia en litigios complejos y ha estado vinculado a sectores liberales, aunque fue el Pacto Histórico el que llevó su nombre al CNE. Es abogado con especialización en Derecho Administrativo y una trayectoria amplia en el sector público.
Fue auditor general delegado en la Contraloría General de la República y ocupó la Secretaría General del Incora en los años previos a su liquidación. Además, ha ejercido como conjuez tanto del Consejo de Estado como del propio CNE durante varios periodos. Su recorrido lo ubica como uno de los perfiles más experimentados entre los juristas habilitados para dirimir empates dentro del organismo electoral.
Majer Abushihab es conocido en círculos técnicos por su trabajo en temas de lavado de activos, cooperación internacional y corrupción. Es abogado del Rosario y ha sido consultor de Naciones Unidas, asesor en la Fiscalía y litigante en procesos de alto perfil. Especialista en derecho penal, suma además una maestría en derecho con énfasis en litigación oral de la California Western School of Law, en Estados Unidos.
Ha sido profesor universitario en programas de pregrado y posgrado tanto en el Rosario como en la Universidad Continental del Perú. Ha representado a víctimas del desfalco de Interbolsa y el Fondo Premium. También hizo parte del círculo cercano de asesores del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, uno de los primeros juristas en ser incorporados a su equipo técnico.
Fernando Guzmán, del entorno de la magistrada Alba Lucía Velásquez, ha construido su carrera en el sector público. Ha ocupado cargos directivos en entidades como Asocapitales, el IDU y la Escuela Superior de Administración Pública. Su enfoque ha estado en contratación estatal y regulación administrativa.
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¿Cuáles son las irregularidades investigadas en la campaña del Pacto Histórico?
El expediente sobre la campaña del Pacto Histórico llegó a esta etapa tras una revisión de los reportes de ingresos y gastos en las tres fases electorales de 2022. Los investigadores detectaron movimientos no reportados, aportes sindicales sin trazabilidad y posibles excesos frente a los topes legales.
En 2024, el CNE formuló cargos contra el entonces candidato Petro, su gerente Ricardo Roa, la tesorera, los auditores y los partidos de la coalición. Desde entonces, la discusión jurídica sobre los plazos, las competencias del organismo y las suspensiones ordenadas por otras cortes ha frenado el desenlace.
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En la investigación se ratificó que, al parecer, hubo irregularidades y omisiones en aportes del Polo Democrático, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la USO (Unión Sindical Obrera). Sin embargo, no se evidenció algún tipo de ilegalidad frente a los vuelos efectuados en la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS).
Concretamente, se determinó que, durante primera vuelta, hubo una omisión en el aporte realizado por Fecode por valor de $500 millones. A ello se suma la omisión en el reporte de pagos a testigos electorales por $931’290.000 y otra omisión de dineros de la USO por $121’544.000. Es decir, en primera vuelta de las elecciones de 2022 el monto de las fuentes prohibidas ascendió a $1.552 millones.
Además, se concluyó que se omitió también reportar $500 millones que aportó el Polo, propaganda electoral contratada en Caracol Televisión por $356’102.872 y un aprovisionamiento desde la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 por $202’471.371. En total, durante primera vuelta, se evidencia que no se reportaron gastos por el orden de $2.459 millones. Entre otros hallazgos.
Mientras la defensa sostiene que el caso debe archivarse por vencimiento de términos, los magistrados investigadores insisten en que el reloj no se ha agotado por las interrupciones ordenadas durante el proceso.
La sesión donde se realizará la nueva votación quedó prevista para el 20 de noviembre. Hasta entonces, los conjueces tendrán la tarea de revisar un expediente voluminoso, entender los argumentos de cada despacho y definir una postura en un caso sin precedentes recientes.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es un conjuez en el CNE?
- Es un abogado externo que reemplaza a magistrados cuando hay empates o conflictos de intereses. Su función es votar y firmar decisiones cuando la sala regular no logra una mayoría.
- ¿Qué irregularidades se investigan en la campaña de Petro?
- El CNE revisa omisiones de reportes, aportes sindicales sin trazabilidad y presuntos excesos frente a los topes legales durante la campaña presidencial de 2022.
- ¿Cuándo se conocerá la decisión final?
- La nueva votación está programada para el 20 de noviembre. Los conjueces deben estudiar el expediente y definir si hay sanción o archivo del caso.
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