“Paz total” de Petro enfrentó a dos duros en negociaciones con ilegales

Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz de Santos, criticó que se den “negociaciones con narcos”. Iván Cepeda, con quien estuvo en los diálogos con las Farc, tildó su frase de “falaz”.

El senador Iván Cepada y el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo. FOTOS: CORTESÍA

El despido masivo de generales en la Fuerza Pública, la implementación del acuerdo de paz con las Farc y las conversaciones del Gobierno con narcobandas y disidencias pusieron a discutir a dos de los pesos pesados en materia de paz del país.

Se trata del senador del Polo Iván Cepeda, quien ha acompañado de cerca las negociaciones de paz impulsadas por el presidente Gustavo Petro, y de Sergio Jaramillo, excomisionado de paz en la administración de Juan Manuel Santos y miembro de la mesa de negociación con las extintas Farc.

La pelea la comenzó Jaramillo. En efecto, sus cuestionamientos a la “paz total” se centraron en las “negociaciones con narcos” que se adelantan desde el gobierno. Según él, no se le puede dar un “tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal”.

Sumado a eso, el excomisionado también criticó que el Gobierno no haya nombrado a funcionarios claves en la implementación del acuerdo de 2016 y que, a su juicio, la entrada del nuevo Jefe de Estado implicó el “debilitamiento” de la estructura de las Fuerzas Armadas al sacar a más de 50 generales para conformar su cúpula militar.

“Usted no puede estar haciendo ofrecimientos a la vez que debilita la inteligencia del país”, dijo en la noche del domingo Jaramillo –en diálogo con Noticias Caracol– refiriéndose a que la Policía y el Ejército debían estar fortalecidos a la hora de llegar a eventuales negociaciones.

Las respuestas de Cepeda

Pero apenas tres horas después de esas críticas –este lunes–, el senador Cepeda, quien ha sido vocero del gobierno para varios de los temas relacionados con la paz, salió a defender la “paz total” y calificó de “falaz” la afirmación en torno a que el gobierno adelante “negociaciones con los narcos”.

Aseguró que el presidente Petro “sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico y su tratamiento en la construcción de la paz territorial”, pero se aplicará bajo la figura del “acogimiento a la justicia”, y no de negociaciones.

Esto último es clave porque va más allá de un simple concepto. Durante todo el gobierno de Iván Duque se habló de que los grupos diferentes al ELN solo tenían posibilidades de “sometimiento”, lo que implica entregarse a la justicia y transitar a la vía legal con ciertos beneficios por presentarse a las autoridades de manera voluntaria.

Sin embargo, Petro modificó ese discurso y transitó hacia el concepto de “acogimiento”, una figura que permite dialogar con los ilegales ofreciéndoles beneficios jurídicos más amplios a cambio de entregar las armas y cesar el fuego.

Eso –que han propuesto Petro, Cepeda y el actual comisionado de paz, Danilo Rueda– también es muy diferente a una “negociación”, que en Colombia está prevista exclusivamente para grupos con bases políticas, como se le reconoció ya al ELN.

Sobre el supuesto debilitamiento a las Fuerzas Armadas, Cepeda justificó los despidos argumentando que el gobierno ha hecho esos cambios “necesarios” para “reemplazar la doctrina de ‘seguridad nacional’ por la concepción de seguridad humana”.

Conversaciones con ELN

Lo cierto es que, por ahora, el Gobierno no ha dejado claro qué implica ese concepto de “acogimiento” y hasta dónde se puede ceder. Mientras esas discusiones se dan, las conversaciones y acercamientos con el ELN siguen avanzando a toda velocidad desde Cuba y Colombia.

Tal como lo anticipó EL COLOMBIANO, se confirmó que una comitiva de negociadores del ELN sale en cuestión de días de La Habana para reunirse con miembros del Comando Central en Venezuela, y otros lugares reservados, con el fin de ajustar detalles para una eventual reanudación de los diálogos con el Gobierno.

Esto último concuerda con las más recientes declaraciones del jefe negociador de los elenos, Pablo Beltrán, quien aseguró que “sería cuestión de semanas” la reapertura de las mesas de diálogo.

Por ahora, el Gobierno deberá concentrar parte de sus esfuerzos en apalancar la reforma a la Ley de Orden Público que radicaron en el Congreso y que sienta el andamiaje jurídico para el acogimiento de bandas.

Mientras tanto, las solicitudes de grupos armados no cesan. Los dos más recientes en “subirse” al bus de la paz fueron las disidencias de las Farc de Nariño, Antioquia, y el grupo denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, el cual fue responsable del atentado contra el Centro Comercial Andino en el 2017.