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Víctimas y organizaciones de Derechos Humanos piden ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el general (r) Mario Montoya Uribe sea expulsado de ese tribunal. Este miércoles la sociedad civil se encontró en un plantón a las afueras del edificio de la JEP, en Bogotá, para presentar ante la Sección de Revisión una acción de tutela que pide que se ordene a la Sala de Reconocimiento abrir un incidente de exclusión Montoya.
De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, esa decisión debería darse “por su falta de contribución con la verdad”. Las organizaciones consideran que Montoya habría mentido en su versión voluntaria de febrero de 2020 para el caso 003, que hace referencia a las “muertes de civiles presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, más conocidas como falsos positivos.
Dice la Corporación que ese comportamiento ocasionó cerca de 2.429 víctimas mientras el general (r) estaba en el cargo de comandante del Ejército, pero este, durante su declaración ante la JEP, aseguró no tener conocimiento de esos hechos.
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“El conocimiento de irregularidades en operaciones militares se obtuvo mucho tiempo después de ocurridos los hechos, momento en el cual se tomaron las medidas necesarias para que no se repitieran”, dijo Montoya en referencia a los falsos positivos durante su versión libre ante ese tribunal en febrero. Ese mes las víctimas solicitaron que fuera excluido del organismo, petición que reiteraron el 30 de septiembre y que este 2 de diciembre vuelven a plantear con una tutela.
Las víctimas, en un comunicado de la Corporación Jurídica Libertad, consideraron que “las declaraciones dadas por Montoya en dicha versión voluntaria demuestran su incumplimiento del deber de contribuir con la verdad, ya que contradicen doce versiones rendidas ante esta jurisdicción por quienes fueron sus subalternos, incluidos dos coroneles y un mayor, quienes han reiterado sus presiones por resultados a través de comunicaciones radiales donde eran frecuentes expresiones como ‘las bajas no es lo más importante, es lo único’ y ‘la guerra se mide en litros de sangre’”.
Estas, además, señalan a Montoya de no realizar aportes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Por eso, dicen, la acción de tutela tiene el objetivo de “amparar los derechos de las víctimas”.