Más de una preocupación dejó sentada Amnistía Internacional al presentar un informe sobre el proceso de restitución de tierras en el país. El panorama planteado por la Ong, es que el proceso lleva una implementación “vergonzosa”, que “ha defraudado a las víctimas” y que no cumplirá las metas fijadas en la Ley de Víctimas.
Colprensa habló con Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, quien indica que el Gobierno Nacional necesita hacer un plan de acción de manera inmediata, crear una entidad que tenga el control sobre todas las partes del proceso, vigilar el cumplimiento de las sentencias, entre otros. El tema es que apenas un poco más de 2.800 personas se han beneficiado, según esta Organización no Gubernamental.
¿Cuál es el principal hallazgo del informe?
“Hemos estado en Cauca, Valle, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y Meta, y hemos documentado durante dos años algo muy preocupante y es que, o hay un cambio radical en la forma en que la Ley se está implementando, o dejará a millones de personas, desplazados forzosos, en un limbo sin derecho a la verdad, a la justicia y sin una tierra donde empezar una nueva vida”.
¿Por qué?
“Porque la Ley de Víctimas y de Restitución se está implementando de una manera vergonzosa”.
¿Qué lo lleva a hacer esa afirmación?
“Dos años y medio después de estar operando la Ley, hablamos de 8 millones de hectáreas que, según cifras oficiales, fueron víctimas de apropiación ilegal, que fueron abandonadas a causa del conflicto. De estas, solo se han restituido 29 mil. Nada prácticamente. Y, en comunidades indígenas, hay solo un caso que afecta a 1.500 familias que son 50 mil. De las millones de personas que han sido desplazadas, solo se ha devuelto la tierra a 2.877, y sentencias judiciales no hay más de 800. Esas son buenas decisiones, de jueces con valor, que no se cumplen. Esa es la situación. Hay un índice de fracaso”.
¿A qué se debe esto?
“No se están tocando los grandes intereses extranjeros y nacionales en la materia de acaparación ilegal de tierras. El proceso que está dañando todo es la microfocalización, es decir, que el Ministerio de Defensa decide, por razones de seguridad, donde se puede restituir las tierras y en donde no. Y eso ha llevado a que solo haya hecho restitución en 112. Entonces, en vez de ser un concepto mucho más amplio que implique alcaldes y líderes comunitarios, solo es lo que indique el Ministerio y eso es un cuello de botella que a no ser que se rompa, va a ser inviable que la gente tenga su derecho a la tierra”.
El Ministerio de Defensa defiende la microfocalización porque se necesitan condiciones de seguridad para los reclamantes...
“La seguridad es un concepto importante pero no es el único. Y, digamos, el Ministerio de Defensa acude con la Unidad de Tierras y nadie más. Eso es muy grave, porque incluso la gente no puede registrar su tierra que fue expoliada (despojada), así no vaya a ser restituida, y debería poder hacerlo. Ese es un cambio fundamental de la puesta en práctica que tiene que hacerse sino, en 10 años que tiene la Ley, ni nunca, se va a poder restituir la tierra a miles de personas”.
En materia de seguridad, ¿qué más encontraron?
“La situación es muy seria. Lo que hemos encontrado es gente que acude al predio y es amenazada, intimidada y en algunos casos asesinada. Los esquemas de seguridad son muy pobres. Por ejemplo, llevamos diciendo a la Unidad de Víctimas y a la Unidad de Protección, que en una comunidad de 75 mujeres no tiene sentido dar seguridad a una o dos, tiene que haber medidas colectivas de protección. Sabemos que la Unidad está trabajando desde hace dos años en un decreto para que tengan medidas comunitarias y todavía no ha salido”.
Han encontrado casos en que los carros asignados no tienen combustible. ¿Qué otros hallazgos tuvieron en la investigación?
“Hay una cosa. Casos en que la Unidad de Víctimas considera que hay riesgo ordinario y la Unidad de Tierras y la Defensoría, de riesgo extraordinario. ¿Por qué pasa eso? Si hay riesgo ordinario, el esquema casi que no existe y si hay riesgo extraordinario, hay un caso en que él (reclamante) tiene que desplazase a otros lugares y va en autobús y los escoltas en avioneta. Entonces, qué sentido tiene. Qué tipo de esquemas de seguridad hay. La gente tiene miedo de volver. También sucede que cuando el predio está en disputa tiene que protegerse y no se hace. La gente que ocupa o lo trabaja o no, pero lo van cambiando. Cambian las cercas”.
¿Han identificado algún actor en particular de esas amenazas?
“En mayo de este año los paramilitares hicieron un comunicado amenazando a los reclamantes de tierra en el país. Hay una preocupación muy intensa por los paramilitares. A pesar que no existen como tal, según las autoridades, la realidad es tozuda y siguen existiendo”.
¿Por qué Amnistía dice que hay una doble impunidad?
“Porque por un lado está que ninguno de los que despojó la tierra o muy pocos ha respondido ante ello por un Tribunal, a pesar que los jueces tienen la capacidad de decir que esto fue un despojo y pedir que la Fiscalía investigue si hay indicios de los responsables. Por otro lado, la gente que vuelve a sus tierras o intenta volver es víctima de intimidación, amenazas e incluso muertes. La Fiscalía está investigando 35 homicidios en el último año, relacionados con reclamantes de tierras. Por lo tanto, si la inseguridad permanece, si la Ley tiene vacíos como por ejemplo que aquellos que perdieron la tierra antes de 1991 no puede acogerse a ella, lo que sucede es que cada vez menos la gente se acerque al proceso. Las autoridades pensaban que iba a ser un proceso progresivo, de más gente llegando al proceso y no es así, cada vez acuden menos. Hay una falta de confianza.
¿Por qué no se cumplen las órdenes de los jueces?
“Porque no hay un órgano que tenga la responsabilidad completa, en primer lugar. Porque los jueces no tienen la capacidad de seguir las sentencias que dictan. Tiene que haber un sistema de ejecución de fallos. De qué sirve tener un papel que reconoce tu derecho si luego nadie pone una escuela para tus hijos, no te solucionan la vivienda, de qué sirve. De nada. Tiene que haber un cambio radical, es una cuestión de realmente tener una voluntad política de devolverle la tierra a los propietarios y actualmente esa voluntad que tuvo un inicio bueno con la Ley, no la vemos”.
El informe tiene 40 recomendaciones. ¿Cuáles son?
“Al Gobierno. Lo que se necesita es la implementación efectiva de la Ley. Hay plazos que no se cumplen, hay que cambiar el plan de microfocalización, hay que implementar mejor las sentencias de los jueces para que se cumplan las órdenes y sino se hace, que haya sanciones. Y a la comunidad internacional se le recomienda apoyar al gobierno de Colombia si pone en marcha un plan de implementación que sea un cambio radical, y que los fondos de los gobiernos extranjeros no vayan nunca a fomentar proyectos económicos en tierras que todavía están adquiridas ilegalmente. También que se garantice que las empresas con sede en el extranjero que invierten en Colombia no se beneficien de tierras adquiridas así”.
El panorama apunta a que no cumplirán metas en el tiempo presupuestado...
“Hay un tema muy importante y es que el derecho a la reparación no prescribe. Así que por mucho que pongan 10 años a la Ley, si se reclaman crímenes de guerra y de lesa humanidad, no prescriben. No es una cuestión de ampliar el tiempo, el problema es que hay gente que supuestamente está cobijada por la Ley pero la Ley no hace nada por ellos”.
Regístrate al newsletter